El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla fue enérgico ante la
Asamblea General de la ONU, el pasado 1ro. de noviembre, al reafirmar
que «los EE.UU., donde se cometen flagrantes violaciones de los derechos
humanos que suscitan profunda preocupación de la comunidad
internacional, no tienen ni la más mínima autoridad moral para criticar a
Cuba, un país pequeño, solidario, de amplia y reconocida trayectoria
internacional; un pueblo noble, trabajador y amistoso».
En referencia al discurso injerencista, irrespetuoso y agresivo de la
embajadora norteamericana, añadió: «Habla ella a nombre del jefe de un
imperio que es responsable de la mayor parte de las guerras que se
libran hoy en el planeta y que asesinan inocentes, y es el factor
decisivo de inestabilidad mundial y de gravísimas amenazas a la paz y a
la seguridad internacional, pisoteando el Derecho Internacional y la
Carta de las Naciones Unidas que cínicamente ella acaba de invocar».
¿Cuáles son las calificaciones en materia de derechos humanos que
conceden las instituciones estadounidenses e internacionales en esa
materia al gobierno de EE.UU.? ¿Qué expectativa generó la elección de
Donald Trump y cómo lo califican nueve meses después?
Ocho días antes de que asumiera el nuevo inquilino de la Casa Blanca,
al presentar el Informe Mundial 2017, la organización no gubernamental
Human Rigths Watch, un observatorio de derechos humanos con sede en
Nueva York, alertaba que «la elección de Donald Trump como presidente de
EE.UU., luego de una campaña que fomentó el odio y la intolerancia, y
la creciente influencia de partidos políticos que rechazan los derechos
universales en Europa, han puesto en jaque el sistema de derechos
humanos de posguerra».
En la introducción del informe, el director ejecutivo de la
organización, Kenneth Roth, expresaba que «el ascenso del populismo
supone una profunda amenaza para los derechos humanos (…) Trump y varios
políticos en Europa intentan llegar al poder apelando al racismo, la
xenofobia, la misoginia y el nativismo. Todos ellos pretenden que el
público acepte violaciones de derechos humanos, argumentando que
supuestamente son necesarias para asegurar empleos, evitar cambios
culturales o prevenir ataques terroristas. En realidad, el desprecio por
los derechos humanos brinda el camino más probable hacia la tiranía».
Calificó la campaña de Trump como un ejemplo patente de la política
de intolerancia, con un discurso de rechazo a los principios básicos de
dignidad e igualdad. «Su campaña planteó propuestas que perjudicarían a
millones de personas, incluidos planes de efectuar deportaciones masivas
de inmigrantes, limitar los derechos de las mujeres y la libertad de
los medios de comunicación y aplicar torturas», apuntó.
Afirmaba el directivo que «a menos que Trump repudie estas
propuestas, su gobierno se arriesga a cometer violaciones masivas de
derechos humanos en EE.UU.».
¿Cuáles eran las calificaciones de Washington a la llegada de Trump y qué ha pasado después?
El acápite dedicado a los Estados Unidos de América en los informes
anuales publicados a principios del 2017 sobre Derechos Humanos de las
organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional (esta última
con su sede central en Londres), es revelador de las verdaderas
«lecciones» que en esa materia la principal potencia mundial puede
exhibir a un planeta que trata de adormecer con ese cuento.
Principales acusaciones
-Diversas leyes y prácticas estadounidenses, sobre todo en materia de
justicia penal y de menores, inmigración y seguridad nacional, violan
derechos humanos reconocidos internacionalmente. Las personas con menos
posibilidades de defender sus derechos ante los tribunales o a través
del proceso político –como, por ejemplo, miembros de minorías raciales y
étnicas, personas de bajos recursos, inmigrantes, niños y niñas, y
reclusos– son las más expuestas a sufrir abusos.
-La elección de Donald Trump como presidente en noviembre del 2016
culminó una campaña marcada por una retórica xenófoba y racista y por el
anuncio, por parte de Trump, de políticas que causarían enormes
perjuicios a comunidades vulnerables, contravendrían las obligaciones
fundamentales de derechos humanos asumidas por Estados Unidos, o bien
tendrían ambos efectos. Las propuestas de campaña planteadas por Trump
incluyeron la deportación de millones de inmigrantes no autorizados, la
reforma de leyes federales para permitir la tortura de personas
sospechosas de terrorismo y «llenar» el centro de detención de la Bahía
de Guantánamo.
-El presidente electo también se comprometió a derogar la mayoría de
las disposiciones de la Ley para la Atención de la Salud Asequible
(Affordable Care Act), que ha ayudado a 20 millones de estadounidenses
que antes no tenían cobertura a acceder al seguro de salud, y nominar a
jueces «pro-vida» para integrar la Corte Suprema, que revocarían
«automáticamente» el fallo Roe vs. Wade, lo cual permitiría que los
estados criminalicen el aborto.
-Dos años después de que un comité del Senado informara sobre abusos
cometidos en el marco del programa de detención secreta gestionado por
la CIA no se ha realizado rendición de cuentas por los crímenes de
derecho internacional que se habían perpetrado al aplicarlo.
-Se transfirió a más detenidos fuera del centro de detención
estadounidense de la Base Naval de Guantánamo, pero otros siguen
recluidos allí indefinidamente, mientras que en algunos casos
continuaban los procedimientos preliminares ante comisión militar.
-Persiste la preocupación por el trato dispensado a las personas
refugiadas y migrantes, por el uso del aislamiento en las prisiones
federales y estatales y por el empleo de la fuerza en las actuaciones
policiales.
Escrutinio internacional
En agosto de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la onu expresó
preocupación por que Estados Unidos no hubiera llevado a cabo la
investigación que estaba jurídicamente obligado a realizar sobre la
tortura en el contexto de la lucha antiterrorista. El Consejo observó
que Washington no había proporcionado más información relativa al
informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa
de detención secreta gestionado por la cia tras los atentados del 11 de
septiembre del 2001 (11-s).
No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las
violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas y
desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención
secreta de la CIA tras el 11-S.
Al concluir el 2016, casi ocho años después de que el presidente
Obama se comprometiera a cerrar el centro de detención de la bahía de
Guantánamo para enero del 2010, 59 hombres seguían recluidos allí, la
mayoría sin cargos ni juicio.
Durante su primera semana en la Casa Blanca, el presidente Donald
Trump aseguró que el «waterboarding» o ahogamiento simulado, «funciona»
para extraer información en interrogatorios a detenidos y ha avanzado
que estudiaría junto a miembros de su Gobierno si restaura esta y otras
prácticas de tortura. Afirmó, en una entrevista con ABC News, que
«personas del máximo nivel de Inteligencia» le han reconocido que este
tipo de técnicas funcionan, «sin duda». No obstante, ha evitado dar nada
por sentado, en uno u otro sentido.
El mandatario dijo que «confiará» en las propuestas que le presenten
el secretario de Defensa, James Mattis, y el director de la CIA, Mike
Pompeo. «Si ellos quieren, trabajaremos hasta el final. Haré todo lo que
pueda dentro de los límites que me permite la ley», ha añadido.
Antes de asumir el cargo, Pompeo había llamado la atención de la
prensa internacional por sus declaraciones de que es partidario de
rescatar el «waterboarding» como forma de tortura idónea para
enfrentarse a los terroristas.
Las palabras de Trump coincidieron con la filtración a los medios del
borrador de una supuesta orden ejecutiva que abriría la puerta a que la
CIA utilizase de nuevo cárceles secretas en el extranjero y a las
prácticas de tortura en interrogatorios. El texto, del que se hicieron
eco The Washington Post y The New York Times, revocaría la decisión del
anterior presidente, Barack Obama, de poner fin a los programas más
controvertidos de la CIA y recuperaría una orden dictada en el 2007 por
George W. Bush que permitía, con matices, la operación de «rendición e
interrogatorio».
A raíz del atentado terrorista en Nueva York, el pasado 31 de octubre
del 2017, cuando un individuo de origen uzbeko embistió con una
furgoneta una multitud en Manhattan, que provocó ocho muertos y 12
heridos, Trump propuso enviarlo a la prisión de la Base Naval de
Guantánamo, pero después dijo que era preferible la pena de muerte, por
lo engorroso de los trámites para enviarlo al enclave.
Human Right Watch reaccionó diciendo que la pena de muerte pedida por
Trump el 1ro. de noviembre «atenta contra un juicio justo» y «fue un
acto irresponsable».
Violencia con armas de fuego
Durante el 2016, no prosperaron los intentos del Congreso de Estados
Unidos de promulgar legislación para impedir la venta de armas de asalto
o para llevar a cabo comprobaciones exhaustivas de antecedentes de los
compradores de armas. El legislativo siguió negándose a financiar al
Centro de Control y Prevención de Enfermedades para que llevara a cabo o
patrocinara una investigación sobre las causas de la violencia con
armas de fuego y cómo prevenirla.
En junio del 2016, un ataque armado masivo perpetrado en un club
nocturno en Orlando, Florida, que aparentemente respondió a motivos
políticos, dejó un saldo de 49 muertos y volvió a abrir una vez más el
debate público sobre el control de armas y la frecuencia con que se
producen ataques armados masivos en Estados Unidos.
En enero, Obama anunció una serie de medidas que tenía previsto
adoptar el poder ejecutivo para reducir la violencia con armas. Sin
embargo, diversas reformas legislativas sobre el tema quedaron
estancadas en el Congreso.
Solo en los nueve primeros meses de la administración Trump se han
producido en EE.UU. al menos siete atentados de connotación
internacional en los que murieron 79 personas y resultaron heridas 570,
(cuatro de ellos con el empleo de armas de fuego, dos usando medios de
transporte y una con arma blanca) en los que se vieron afectados seis
estados. El tiroteo masivo ocurrido en Las Vegas durante un concierto,
que dejó 59 muertos y 527 heridos, es considerado la peor masacre
ocurrida en ese país después de los atentados terroristas del 11 de
septiembre del 2001.
Dentro y fuera de los EE.UU., el presidente Trump fue criticado luego
de que no fuera lo suficientemente contundente en la condena a un
delicado capítulo de violencia racista por parte de supremacistas en
Charlottesville, Virginia, en el que murió una mujer de 32 años cuando
un auto embistió a la multitud que se oponía a la marcha. Otras 19
personas resultaron heridas en los enfrentamientos generados.
Desde todos los sectores de la sociedad estadounidense, incluido el
partido republicano, emergieron cuestionamientos al mandatario por
condenar la violencia de ambas partes, en lugar de censurar directamente
a los supremacistas blancos, neonazis y miembros del Ku Klux Klan (KKK)
que marcharon por la ciudad.
El alcalde de Charlottesville, Michael Signer, culpó directamente a
Trump por gran parte de la violencia, diciendo que el mandatario ha
creado un clima de «aspereza, cinismo e intimidación», y que sus
seguidores estaban «jugando con nuestros peores prejuicios».
De acuerdo con estadísticas del Centro de Control de Enfermedades de
Estados Unidos, cada año mueren en ese país 33 000 personas por arma de
fuego, la mayor parte (casi dos tercios) por suicidios,
fundamentalmente hombres de alrededor de 45 años de edad, y cerca de 12
000 por homicidios, la mitad son jóvenes y dos tercios son
afroamericanos.
La versión en español de Los Ángeles Times divulgó el 3 de noviembre
del 2017 que los maestros en general y los latinos en particular
enfrentan en EE.UU. una difícil situación mental y emocional en el
actual contexto político y social sin que muchos de ellos sepan cómo
responder adecuadamente a esas tensiones, según expertos en el tema.
Añade que los incidentes de violencia, desde la masacre en la escuela
Columbine en 1999 hasta los recientes atentados en Las Vegas y Nueva
York, han cambiado la función de los docentes, a quienes ahora se les
pide que «aconsejen, asesoren, faciliten, representen y dirijan» las
respuestas en establecimientos educativos a las necesidades emocionales
de los estudiantes.
Y un estudio publicado el mes pasado por la Universidad de California
en Los Ángeles (UCLA) reveló que desde que el presidente Donald Trump
asumió su cargo «el nuevo clima político ha hecho que maestros de todo
el país reporten que, desde la inauguración presidencial, sienten más
estrés y ansiedad y son víctimas de buscapleitos más que antes».
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Durante el año 2016 se detuvo a más de 42 000 menores de edad no
acompañados y a 56 000 personas que componían unidades familiares al
cruzar la frontera sur de manera irregular.
Las familias permanecían bajo custodia durante meses –algunas durante
más de un año– mientras se tramitaba su petición de permanecer en
Estados Unidos. Muchas estaban recluidas en centros sin acceso adecuado a
atención médica ni asistencia letrada. El alto comisionado de la ONU
para los Refugiados calificó de crisis humanitaria y de protección la
situación en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Durante el primer mes de Trump en la presidencia, la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 17 606 indocumentados, y desde el
mes de su elección sumaban más de 56 000. A diferencia de las cifras
aportadas en la presidencia de Obama, en las que se especificaba que el
43 % de los deportados en sus ocho años de gobierno no tenían
antecedentes criminales que constituyeran una amenaza para la seguridad
nacional, el gobierno de Trump incluye al 100 % de sus expulsados en la
categoría de criminales.
Según datos oficiales manejados por medios de prensa internacionales,
hasta el 15 de julio la Administración Trump había deportado a 167 350
extranjeros, lo que va en camino de convertirse en la más grande masa de
deportados por EE.UU. en los últimos años. Los latinoamericanos
constituyen el grupo más grande en ser expulsados, particularmente los
mexicanos, que hasta mayo del 2017 sumaban alrededor de 60 000.
El miedo entre los inmigrantes es ahora mayor después de que Trump
dictara una política de cero tolerancia en caso de redadas. Desde que el
mandatario llegó a la Casa Blanca se han conocido casos en los que
algunos «dreamers» e indocumentados, sin antecedentes criminales serios,
han sido detenidos durante operativos y puestos en proceso de
deportación.
El mandatario primero dijo que deportaría a 11 millones de
indocumentados en un plazo de 18 meses, y las organizaciones
proinmigrantes y de derechos civiles se han activado para intentar
proteger a aquellos que no han cometido crímenes y que constituyen la
mayoría.
Luego el magnate rebajó la cifra hasta tres millones de
indocumentados con antecedentes criminales y estableció una nueva lista
de prioridades de deportación que, entre otros, incluye crímenes
severos, la expulsión de indocumentados cuyos casos todavía no han sido
resueltos y da poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para
que sean ellos y los jueces quienes decidan si un indocumentado es o no
una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
A principios de noviembre del 2017, defensores centroamericanos de
Derechos Humanos alertaron a los gobiernos de la región sobre el impacto
que tendría si la Administración Trump decide retirar el Estatus de
Protección Temporal (TPS) a casi 300 000 inmigrantes originarios de El
Salvador, Honduras y Nicaragua.
Afirmaron que una decisión de esa magnitud impulsaría una expulsión
masiva hacia Centroamérica en el 2018 y llevaría a los países a
enfrentar una crisis, debido a que no existen condiciones suficientes
para la reinserción de los repatriados.
El 3-11-2017 The Washington Post reveló que el Departamento de Estado
ha recomendado poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, del que se benefician 413 500
inmigrantes que residen y trabajan legalmente en territorio
estadounidense. La noticia trascendió días antes de un anuncio muy
esperado del Departamento de Seguridad Interna (DHS) sobre si renovaría
esa protección.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni otro
estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no
prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o
se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
El mandatario también pidió al Congreso trabajar para acabar
«inmediatamente» con la lotería de visados, que asigna hasta 50 000
visas al año a naciones con bajas tasas de inmigrantes en EE.UU. y que
él mismo ya había solicitado eliminar, en agosto pasado. Trump ha
respaldado proyectos de ley que limitan la inmigración legal y regresan a
un sistema que privilegia el mérito y la capacitación sobre los lazos
familiares.
Sobre el multimillonario proyecto de completar un muro para sellar la
frontera de EE.UU. con México, argumentando razones de seguridad
interna y tráfico humano, se incrementan los opositores y el
cuestionamiento.
Los que se oponen aseguran que el número de personas que pretende
cruzar a Estados Unidos va a la baja, como lo indican las cifras de
detenciones registradas por la Patrulla Fronteriza a lo largo de toda la
frontera.
Durante el año fiscal 2016 se registraron 418 816 arrestos, y en el
año fiscal 2017 que finalizó el 30 de septiembre, solo se habían
registrado 287 637, por lo que aseguran el muro es totalmente
innecesario.
Para erigirse sobre el desierto de California, los prototipos del
muro tuvieron que pasar por encima de al menos 39 leyes estadounidenses:
ambientales, humanitarias, sociales y de derechos indígenas, dio a
conocer Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de Costa
Salvaje (programa fronterizo EE.UU.-México).
Los prototipos, construidos por cuatro compañías, le costaron al gobierno de Estados Unidos 500 000 dólares cada uno.
El Congreso aún necesitaría aprobar un presupuesto de 1 800 millones de dólares para comenzar oficialmente la construcción.
Condiciones de reclusión
En Estados Unidos hay 2,3 millones de personas en prisión, que
representan la mayor población penitenciaria del mundo. De esas
personas, 211 000 se encuentran en el sistema federal y dos millones en
cárceles estatales y centros de detención locales. El número de
personas recluidas en condiciones de privación física y social en
prisiones federales y estatales de todo el país superaba en todo momento
las 80 000.
A lo largo del 2016, aproximadamente 50 000 niños y niñas eran
mantenidos en centros penitenciarios. Esta cantidad representa una
reducción del 50 % respecto de 1999, pero sigue siendo una de las tasas
de detención juvenil más altas del mundo.
Todos los estados de EE.UU. permiten que los niños y niñas sean
juzgados como adultos en algunas circunstancias, y miles que han
delinquido se encuentran en cárceles o centros de detención destinados a
adultos.
El Departamento de Justicia anunció en agosto del 2016 que la Agencia
Federal de Prisiones comenzaría a eliminar paulatinamente el uso de
cárceles privadas.
Las dos empresas más importantes del negocio de las prisiones en
Estados Unidos, CoreCivic –hasta el pasado octubre se llamaba
Corrections Corporation of America– y Geo Group, se han disparado con la
llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca: duplican su tamaño
en bolsa desde entonces, además de sus previsiones de beneficios y de
sus márgenes, ante la posibilidad de que las políticas de Trump que
presuponen un incremento de las detenciones beneficien a su negocio.
Por otra parte, informaciones trascendidas en agosto dan cuenta de
que la Administración Trump sopesa poner en marcha un plan, con la ayuda
de alguaciles, para transferir a inmigrantes indocumentados detenidos
en cárceles locales a prisiones federales, como una especie de rebelión
contra tribunales que han declarado inconstitucionales las órdenes de
retención de los detenidos por parte de la Oficina de Inmigración y
Aduanas (ICE).
Pena de muerte
En el 2016 veinte hombres fueron ejecutados en cinco estados, lo que
elevó a 1 442 la cifra total de ejecuciones desde que, en 1976, la Corte
Suprema de Estados Unidos aprobara las nuevas leyes sobre la pena
capital. Fue la cifra total anual más baja desde 1991. Se dictaron
alrededor de 30 nuevas sentencias de pena de muerte. Al final del año
había aproximadamente 2 900 personas pendientes de ejecución y en 31
estados todavía se permite la pena de muerte.
Durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se reportaban 20 nuevas ejecuciones de condenados a pena de muerte.
Human Rights Watch aseguró en un comentario el 3-11-2017, sobre
recientes declaraciones de Trump, que «en Estados Unidos, la aplicación
de la pena de muerte ha estado además marcada por arbitrariedades,
errores y disparidad racial».
Uso excesivo de la fuerza
Las autoridades seguían sin registrar la cifra exacta de personas
muertas durante el 2016 a manos de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley; sin embargo, la documentación recabada por los medios de
comunicación arrojaba cerca de 1 000 víctimas mortales. Según los
limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial
había una cantidad desproporcionada de hombres negros. The Washington
Post publicó a principios de julio que solo en los primeros seis meses
de este año la policía norteamericana disparó mortalmente contra 492
personas.
Al menos 21 personas murieron en 17 estados tras recibir descargas de
armas de electrochoque de la policía, con lo que el total de fallecidos
en esas circunstancias desde el 2001 se elevó al menos a 700. La
mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una
amenaza de muerte o lesión grave cuando se utilizó el arma de
electrochoque.
Las mujeres indígenas
Las mujeres indígenas seguían teniendo 2,5 veces más probabilidades
de ser violadas o agredidas sexualmente que las no indígenas. También
seguían sufriendo notorias desigualdades en el acceso a la atención
posterior a la violación, como exámenes médicos, kits para la asistencia
tras una violación –una caja de material de uso médico para reunir
pruebas forenses– y otros servicios básicos de salud.
Persiste la disparidad en el acceso de las mujeres a la atención a la
salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna. El índice de
mortalidad materna aumentó durante los últimos seis años; las mujeres
afroamericanas siguen teniendo una probabilidad casi cuatro veces mayor
de morir a causa de complicaciones derivadas del embarazo que las
mujeres blancas.
Las mujeres de la fuerza laboral estadounidense que durante el 2014
trabajaron a tiempo completo obtuvieron el 79 % de los ingresos que
percibieron los hombres, y la brecha salarial por género fue mayor para
las mujeres negras e hispanas. La Comisión para la Igualdad de
Oportunidades de Empleo (Equal Employment Opportunity Commission) recibe
cada año miles de denuncias de discriminación por embarazo y de acoso
sexual.
Se estima que el 32 % de las mujeres en Estados Unidos han sufrido
violencia física por parte de una pareja íntima, y aproximadamente el 19
% han sido violadas, en casi la mitad de los casos por una pareja
íntima.
Los niños y las niñas
Los vacíos en el derecho y las reglamentaciones federales permiten
que los niños y niñas empleados en agricultura trabajen desde más
jóvenes, durante más horas y en condiciones más peligrosas que aquellos
que se desempeñan laboralmente en cualquier otro sector. Los niños y
niñas empleados en agricultura suelen trabajar en condiciones de calor
extremo, expuestos a plaguicidas tóxicos y a otros peligros.
Estas son apenas algunas de las verdades inocultables de la
ejecutoria de los derechos humanos en EE.UU., captadas y reveladas por
organizaciones no gubernamentales especializadas, observatorios y la
prensa internacional. Por supuesto que son muchas más las aristas y los
temas, las violaciones e injusticias, que merecen análisis y seguimiento
de un tema que tradicionalmente la Casa Blanca ha manipulado para
justificar políticas agresivas y hostiles hacia países que desafían su
dominio.
(Tomado de Granma)
