Donald J. Trump tomó posesión el 20 de enero de 2017 y no habló de Cuba, no tuvo tiempo.
Donald J. Trump tomó posesión el 20 de enero de 2017. No habló de Cuba, no tuvo tiempo.
Una prioridad de mayor envergadura centró su atención: reforzar la
supremacía de Estados Unidos en un orden internacional amenazado con
descarrilarse, dada la magnitud de la crisis de la globalización
neoliberal. Como no se conforma con ello, prometió regresar al curso
unipolar con que el imperio yanqui consiguió aprisionar al planeta tras
el derrumbe del Muro de Berlín.
El 24 de enero se reunió con los grandes del automóvil: Ford, General
Motors y Fiat Chrysler, a quienes amenazó durante la campaña
presidencial con aplicar sanciones si no retornaban sus fábricas.
Necesitaba
el voto de los trabajadores anglosajones afectados con el
desplazamiento manufacturero hacia países con mano de obra barata, y lo
consiguió. Al instalarse en el Despacho Oval, debió zanjar el
incidente y les prometió a los magnates un marco regulatorio
“hospitalario”:
retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París
sobre cambio climático —también una demanda de las transnacionales del
sector energético— e inició su principal batalla interna en 2017: la más
profunda reforma fiscal de las últimas tres décadas —con recorte
tributario de cerca de 1,5 billones de dólares en los próximos diez
años—, que ganó en el Congreso pese al rechazo de la opinión pública
interna —encuestas de
NBC News y
The Wall Street Journal reflejan apoyo de solo el 21 % de la población.
Tres días después de su reunión con los fabricantes de autos, emitió
el “Memorando presidencial para reconstruir las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos”.
El 23 de febrero declaró que el arsenal atómico se había quedado atrás y prometió situar al país “a la cabeza del club nuclear”
—como si no estuviesen en esa posición desde que inventaron la bomba
atómica. Trump propuso al Congreso, y se aprobó, destinar 639 000
millones de dólares al presupuesto del Pentágono —9 % más de lo
destinado a gastos militares en el último ejercicio fiscal de la
Administración Obama. Luego aprovechó la algarabía generada por sus
escandalosos altercados mediáticos con la prensa, para resolver otro
asunto pendiente: echó abajo las regulaciones que Wall Street y los
grandes bancos debieron obedecer tras la crisis financiera de 2008, sin
que los ciudadanos se percataran de ello.
Para satisfacer al poderoso lobby judío, intentó desbancar al
gobierno de Siria valiéndose de la ofensiva aliada contra el grupo
terrorista Estado Islámico;
se retiró del consensuado pacto iraní con Alemania, China, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia sobre su programa nuclear —en vigor
desde el 15 de julio de 2015 y al que se había opuesto el Partido
Republicano en el Congreso—, y aprobó trasladar la embajada
estadounidense en Israel hacia Jerusalén Oriental, sin prestar atención
al rechazo de la Unesco, de la cual se retiró, y del Consejo de
Seguridad de la ONU.
Este patrón de actuación global signado por el desprecio a los
mecanismos de concertación
multilateral y el abandono del ejercicio de
la ética en las relaciones internacionales, condicionó que el 18 de
diciembre de 2017, durante la presentación de su Estrategia de Seguridad
Nacional, advirtiera que Estados Unidos entró en una nueva era de
rivalidad. El documento anuncia que “están haciendo inversiones
históricas en el ejército”, declara a Rusia y China como principales
amenazas contra la seguridad de la Unión y
califica a Cuba y a Venezuela como “modelos autoritarios de izquierda anacrónicos”.
Una semana antes, el Congreso había concedido al Pentágono la cifra
récord de 700 000 millones de dólares para el año fiscal 2018, señal de
que las declaraciones del presidente no son meras amenazas, ni tienen un
carácter unipersonal.
El 29 de septiembre de 2017 ordenó retirar a más del 60% del personal diplomático acreditado en Cuba.
Foto: Republica.com
Dentro de esta lógica, el 3 de febrero de 2017
Trump ordenó revisar la política respecto a Cuba
y, entretanto, paralizar la mayor parte de los intercambios oficiales y
los mecanismos de cooperación establecidos. El 16 de junio, en Miami,
desvió las relaciones bilaterales hacia un curso de confrontación y dejó
entrever que se proponía destrozar todo lo avanzado.
Ese día derogó la popular Directiva Presidencial de Política
(PPD-43), sancionada por su predecesor para instituir los acuerdos no
vinculantes alcanzados a partir del 17 de diciembre de 2014. Le urgía
triturar el guion que por ocho meses rigió la actuación de la burocracia
federal respecto a la Isla y, en el propio acto, sancionó su “Memorando
presidencial de seguridad nacional sobre el fortalecimiento de la
política de los Estados Unidos hacia Cuba”.
Anunció dos nuevas medidas: prohibir las transacciones directas con
el sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el
Ministerio del Interior, y revocar los viajes individuales a la mayor de
las Antillas por parte de ciudadanos estadounidenses en la categoría de
intercambio “pueblo a pueblo”.
En Miami quedaron con vida las relaciones diplomáticas, las embajadas
en Washington y La Habana, los 22 instrumentos bilaterales suscritos en
materia de salud, agricultura, medio ambiente y aplicación de la ley;
las acciones de cooperación en temas de interés mutuo como
enfrentamiento al terrorismo, narcotráfico, ciberseguridad y
ciberdelitos, seguridad de los viajes y el comercio, tráfico de personas
y fraude migratorio, lavado de activos y delitos financieros, trata de
personas y asistencia judicial en materia penal; el correo postal
directo, los vuelos regulares de las aerolíneas estadounidenses y las
operaciones de cruceros; los acuerdos comerciales con turoperadores y
otras compañías.
Pese a la estridencia de su retórica, la mayoría de los analistas
políticos de ambas orillas aseveró que el presidente no podría
retrotraer el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba a la
era Bush (hijo). Lo creían incapaz de desmontar la política
instrumentada por Obama, que suponían “irreversible”. Perdieron de vista
un detalle: para Trump no existen barreras. Desmontó su sede en La
Habana echando mano a supuestos e improbables “ataques sónicos” que,
según alega, afectaron la salud de 22 diplomáticos estadounidenses
acreditados en Cuba. Pareciera un
remake de la fantasiosa
Guerra de las Galaxias con que Reagan aterrorizó a Gorbachov. Resulta
conocido que el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha explotado de manera
rutinaria —lo mismo como candidato que como presidente— temores a
amenazas ocultas vagamente definidas, como una justificación para la
política.
Basado en esta ficción, el 29 de septiembre de 2017 ordenó retirar a
más del 60% del personal acreditado en Cuba. Como escribió un amigo:
entre los supuestos “sordos” no hay ningún empleado cubano de los que
trabajan en las residencias de esos diplomáticos. Ni tampoco el “rayo
misterioso” dañó a las esposas e hijos de los 22 funcionarios
presuntamente afectados —que, como es obvio, residían en la misma casa.
De acuerdo con el “Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de
Estado”, emitir una salida ordenada requiere una “Advertencia de viaje”
acompañante y en este caso se aplicó el Nivel 4, que “…es el mayor nivel
de recomendación debido a la mayor probabilidad de riesgos para la
vida” (Departamento de Estado, 10 de enero de 2018). Esta farsa
degradante y ridícula le sirvió a Trump para desalentar la visita de los
estadounidenses a la Isla, generando un clima capaz de interrumpir el
intercambio en las 12 categorías aprobadas. Su redacción —intimidatoria a
todas luces—, buscó crear una barrera sicológica para el intercambio
“pueblo a pueblo”. La cito en extenso:
El Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses
que no viajen a Cuba. Durante los últimos meses, numerosos empleados de
la Embajada de Estados Unidos han sido blanco de ataques específicos.
Estos empleados han sufrido lesiones graves como consecuencias de estos
ataques. Las personas afectadas muestran una gama de síntomas, entre
ellos, malestar en los oídos y pérdida de audición, mareos, dolores de
cabeza, fatiga, trastornos cognitivos y dificultad para dormir.
Los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba todavía no han
identificado a los responsables, pero el gobierno de Cuba es responsable
de todas las medidas apropiadas para prevenir los ataques a nuestro
personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Debido a
que la seguridad de nuestro personal está en riesgo y no hemos podido
identificar el origen de los ataques, creemos que los ciudadanos
estadounidenses también pueden estar en riesgo y les advertimos que no
viajen a Cuba. Los ataques han ocurrido en las residencias de los
diplomáticos de Estados Unidos y en los hoteles frecuentados por
ciudadanos estadounidenses. El 29 de septiembre, el Departamento de
Estado ordenó la salida de los empleados del gobierno de Estados Unidos
que no prestan servicios de emergencia, así como sus familiares […].
Debido a la reducción de personal, la embajada de Estados Unidos en
La Habana tiene una capacidad limitada para brindar asistencia a los
ciudadanos estadounidenses. La Embajada proveerá solamente servicios de
emergencia a los ciudadanos estadounidenses (Departamento de Estado, 29
de septiembre de 2017).
Suspender la emisión de visas de viajeros y de emigrantes cubanos en
su consulado en Cuba, por la drástica reducción del personal de la
embajada, —hecho sin precedentes desde la apertura de una oficina en La
Habana en 1977— y transferir estas gestiones hacia terceros países, ha
hecho prácticamente inviables los trámites de quienes aspiran a emigrar o
necesitan visitar a Estados Unidos. Con ello la Casa Blanca boicoteó la
cooperación bilateral en temas de interés mutuo en materia de salud,
medioambiente, control de enfermedades y agricultura, entre tantos, y
han sufrido afectación los viajes entre los dos países y los programas
de intercambio florecidos en los últimos años.
Al no poder recibir sus visas en La Habana, muchos cubanos se ven
imposibilitados de asistir a eventos culturales, deportivos, científicos
y académicos en Estados Unidos y se han cancelado las visitas de
decenas de grupos estadounidenses, incluidos los de estudiantes
universitarios. Por citar algunas cifras: los viajes de ciudadanos de
ese país a Cuba crecieron un 76% en 2015 y un 74% en 2016. En 2017
arribaron a la Isla 619 523 estadounidenses (+217%) y 453 905 cubanos
residentes en Estados Unidos (+137,8%). En total, los viajeros
procedentes de la Unión alcanzaron el pasado año la cifra de 1 173 428
personas (+191%), pero en las últimas semanas se constata ya una
considerable disminución. Respecto al intercambio, durante 2016 se
realizaron más de 1 200 acciones en los sectores académico, educacional y
cultural; sin embargo, tras los últimos acontecimientos, solo en la
cultura se han producido hasta la fecha 33 cancelaciones.
Apenas tres días después de retirar a su personal en La Habana, el 2
de octubre de 2017, Estados Unidos expulsó de Washington a 17
diplomáticos cubanos. El Departamento de Estado proveyó una lista
específica de los funcionarios a retirar, que prácticamente inhabilitó
la Oficina Consular —quedó uno solo para procesar las visas— y
desmanteló la Oficina Económico-Comercial. Esta segunda maniobra les
permite entorpecer las visitas familiares a su país de los cubanos
residentes en Estados Unidos y dejó sin interlocutor a un sector del
empresariado norteño (comunicaciones, agricultura, transporte, alimentos
y turismo, entre los más significativos) con interés en explorar e
identificar oportunidades de negocios en Cuba —sin contar que la
comunidad empresarial ha desempeñado, y desempeña, un papel político de
primer orden en favor de normalizar las relaciones bilaterales.
Es política del Departamento de Estado reevaluar esta partida
ordenada cada 30 días; sin embargo, no han querido tomar en cuenta que
la investigación desarrollada por autoridades cubanas, “…que hasta ahora
han recibido una cooperación muy limitada y poco efectiva de Estados
Unidos, ha arrojado que no existe evidencia alguna sobre la ocurrencia
de los alegados incidentes, ni de las causas de las afecciones de salud
notificadas, ni de que estas hayan sido causadas por un ataque de
cualquier naturaleza” (Vidal, 2017). Tampoco hallan eco las
declaraciones de expertos y medios de prensa como
The New York Times,
Science y
Associated Press,
respecto a que no existen pruebas para culpar a Cuba por los alegados
“ataques sónicos”; al tiempo que relevantes neurólogos,
otorrinolaringólogos y científicos acústicos de Estados Unidos, Reino
Unido y Alemania alertan de que los “misteriosos síntomas” obedecen a un
“trastorno psicogénico colectivo”, o sea, a un ataque de histeria
grupal por estrés.
La campaña mediática anticubana, empero, fue concienzudamente
planificada, pues incluso en la narrativa de analistas norteamericanos
que califican de “desproporcionada” y “punitiva” la respuesta de Trump,
prevalece el criterio de que detrás de los “ataques acústicos” está la
mano de un tercer país interesado en descarrilar las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos.
“El FBI probó la hipótesis de que ondas audibles, infrasónicas o
ultrasónicas pudieran haber sido utilizadas clandestinamente para herir a
estadounidenses en Cuba y no encontró evidencia alguna, tras meses de
investigaciones y cuatro viajes a La Habana” —develó la agencia
Associated Press,
el lunes 8 de enero de 2018, luego de acceder a un informe interno de
la División de Operaciones Tecnológicas de esta agencia federal de
seguridad.
La noticia precedió una audiencia del Subcomité del Hemisferio
Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado —presidida por
el republicano Marco Rubio y copresidida por el demócrata Robert
Menéndez—, celebrada 9 de enero de 2018. No les importaba establecer la
verdad, procuraban continuar la farsa. “A nadie le sorprenden las
acusaciones infundadas ni las fabricaciones de los senadores
anticubanos, cuya única agenda política a lo largo de los años ha sido
llevar a nuestros dos países hacia una confrontación, sin importarles
las consecuencias. Su total falta de escrúpulos y credibilidad es
reconocida. La gran víctima de la audiencia del día de hoy ha sido la
verdad” —declaró ese día Josefina Vidal, directora de América del Norte
del Minrex (Vidal, 2018).
Ante la falta de evidencias, la inesperada filtración del FBI a
Associated Press
dejó descolocado al presidente Trump. La reacción no podía tardar: al
día siguiente de la audiencia senatorial, el 10 de enero de 2018,
Michele T. Bond, subsecretaria del Buró de Asuntos Consulares del
Departamento de Estado, declaró en una teleconferencia que la
“Advertencia de viaje” a Cuba debió ser modificada al Nivel 3 —de
inferior gravedad. En este caso se establece: “Reconsiderar el viaje: Se
debería evitar viajar debido a graves riesgos para la seguridad y
protección” (Departamento de Estado, 10 de enero de 2018). “Hicimos un
examen cuidadoso, consultamos con nuestros expertos y ésta ha sido la
conclusión con respecto a Cuba” —reconoció la funcionaria (Cubadebate,
2018).
Otro importante capítulo de esta saga aconteció el 8 de noviembre de
2017: ese día la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del
Departamento del Comercio publicaron una arbitraria lista de 180
entidades cubanas (Cuba Restricted List) supuestamente vinculadas al
sector de la defensa y la seguridad nacional, con las que quedaba
prohibido todo tipo de transacción a partir del 9. Como las regulaciones
específicas para implementar las medidas de bloqueo contenidas en el
memorando que Trump firmó en Miami el 16 de junio, no definen qué es
permitido o no, generan confusión y, por ende, su efecto es
intimidatorio y disuasivo no solo para el empresariado norteño, sino
para otras compañías de terceros países que poseen acciones del capital
estadounidense.
¿Podemos esperar que Trump se detenga aquí? No lo creo. En su lógica
no existe otro presupuesto que “ganar, aplastar” y lo intentará todo. No
—como muchos analistas refieren— anclado a la locomotora de Marco
Rubio, sino con su propia agenda destructiva y fascista, que aspira a
anular a Cuba como símbolo.
Ya el 22 de diciembre de 2017, el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración (Uscis) notificó la decisión de suspender temporalmente,
pero de inmediato, las operaciones en su oficina de La Habana, ante la
reducción del personal de la embajada. Lo visto apunta a que la nueva
administración se propone retomar el tema migratorio como arma de
guerra. Y en esa senda, no sorprendería que Trump disponga el
restablecimiento de la interpretación “pies secos / pies mojados” en la
Ley de Ajuste Cubano, pese a su retórica antinmigrante hacia el resto
del planeta. Es cierto que para derogarla la Administración Obama contó
con el apoyo de la mafia de Miami; mas también es cierto que el
pragmático empresario apoltronado en el Despacho Oval es capaz de
fabricar un escenario que revierta esa percepción si, de pronto, presume
que con ello va a poner a la Revolución contra las cuerdas.
Antes, por supuesto, intentará regresar a Cuba a la espuria lista de
países patrocinadores del terrorismo —ya inventará algo— y suspender los
acuerdos de cooperación firmados con la Administración Obama. También
se propondrá eliminar el permiso a las compañías aéreas que vuelan a la
Isla, un punto en el cual la Cámara de Representantes empezó a hacerle
la tarea, con la aprobación de un proyecto de ley para revisar las
eventuales fallas en los sistemas de seguridad de los aeropuertos
cubanos que tienen vuelos comerciales con los de la Unión.
No se han roto las relaciones diplomáticas, ni ha sido expulsado el
embajador cubano en Estados Unidos —medidas no descartables—, pero el
estado en que quedaron ambas sedes les hace imposible funcionar con
normalidad.
La Administración Trump no ha conseguido avanzar más en sus
proyecciones, por la actuación de numerosos sectores (empresarios,
académicos, militares retirados, entidades científicas y educacionales,
agencias de viajes, organizaciones diversas, cubanos residentes e,
incluso, agencias gubernamentales), que a partir del cambio operado el
17 de diciembre de 2014, corroboraron la justeza de encauzar los nexos
bilaterales hacia una progresiva normalización y han recibido los
beneficios de una relación diferente con Cuba. Este compromiso hizo
posible la concreción de nuevos negocios en ámbitos del turismo, el
transporte, la agricultura y equipos para infraestructura, y que se
avance en la negociación de nuevos acuerdos en materia de salud, energía
y biotecnología.
Pese a la elevación de la retórica anticubana —tanto por el
presidente Trump como por otros altos funcionarios—, el gobierno cubano
se niega a contribuir al enrarecimiento del clima bilateral y ha
reiterado la voluntad de continuar el diálogo respetuoso. El Minrex
presentó al Departamento de Estado siete planes para implementar los
memorandos de entendimiento suscritos sobre cooperación en materia de
hidrografía y geodesia, áreas terrestres protegidas, sismología,
meteorología, control del cáncer, sanidad animal y vegetal, y
hermanamientos de parques nacionales, y reiteró las propuestas de bases
para cooperar en el enfrentamiento a la trata de personas, terrorismo,
tráfico de personas, fraude migratorio y lavado de activos. Está a la
espera de las respuestas de Washington.
El año 2018 será complejo para todos en la Tierra y también para
Cuba, que aboga por preservar las relaciones con Estados Unidos, pero
jamás se doblegará ante presiones ni chantajes.
Bibliografía:
