El
monto de dinero empleado por Estados Unidos para promover un supuesto
cambio de régimen en Cuba, se camufla con el eufemismo de «programas a
favor de la democracia» con el que se financian grupos mercenarios,
becas para promover falsos liderazgos entre los jóvenes cubanos y esta
guerra sucia en internet
Una de las falsedades más difundidas
en los últimos tiempos sobre Cuba es la de presentar a la Revolución
cubana como enemiga de internet. Es algo que se ha reiterado a partir de
las denuncias sobre el uso por EE.UU. de las infocomunicaciones con
fines anticubanos, mientras se oculta que la república de Wall Street es
el mismo país que hace hasta lo imposible por limitar el acceso de Cuba
a esas tecnologías.
Nuestros correos electrónicos, tuits, presentaciones en línea y post en Facebook alimentan el volumen de datos que se genera cada día en internet. Hoy los analistas pueden construir modelos capaces de predecir preferencias políticas, orientación sexual, etc., todo a raíz de la información que los propios usuarios ofrecen en las redes sociales.
Está documentado que el Grupo de Acción Política (GAP), que forma parte del Centro de Actividades Especiales, división de la Agencia Central de Inteligencia, realiza acciones que incluyen la creación de estructuras de comunicaciones y acceso a internet en los países o regiones objetivo de la agresión.
En Bolivia se crearon más de 68 000 cuentas falsas en Twitter en los días del golpe de Estado, en noviembre de 2019. En tanto, Irán sufrió una oleada de violencia donde se repitió la misma táctica empleada en Bolivia: grupos armados, perfectamente coordinados, utilizando la técnica del «enjambre» se comunicaban
entre sí, y concertaban las acciones usando mensajes de texto para reunirse en los puntos de ataque. La agresión se paralizó cuando el Gobierno apagó internet y las redes inalámbricas; lo habían hecho allí mismo durante las elecciones de 2009, en lo que se conoció como la llamada Ola Verde.
En febrero de 2018 se creó el llamado Grupo de Tarea de Internet para Cuba, siguiendo instrucciones del memorando presidencial de seguridad nacional del 16 de junio de 2017. El sitio Razones de Cuba ha documentado que el gap y las instituciones que integran esa fuerza cuentan con especialistas altamente calificados que, a partir de modelos elaborados previamente mediante Big Data, dirigen mensajes sectorizados a los cubanos.
En junio de 2019, un tuitazo, supuestamente protagonizado por usuarios cubanos, emplazaba a la empresa de telecomunicaciones, Etecsa, a bajar los precios de internet. La misma fuente revela que se intentó presentar como una iniciativa de estudiantes, ingenieros informáticos, etc., pero los supuestos activistas vivían en Florida, Texas, Tennessee y Georgia. Otro intento de manipulación ocurrió a propósito del Referendo Constitucional, mediante la utilización del hashtag #YoVotoNo en Twitter.
Articulados con los espacios digitales contrarrevolucionarios, miles de cuentas falsas lanzan su mensaje al público de la Isla, influencers prefabricados realizan «análisis» de la «situación cubana», usando recursos bien estudiados, que buscan movilizar emocionalmente, mediante el humor, la indignación o la sorpresa a públicos previamente analizados.
Las recientes campañas de descrédito contra artistas revolucionarios, y el ultraje cobarde realizado contra bustos del Apóstol, forman parte de esa guerra con su correlato digital que busca crear las condiciones para que se produzca en la isla una «Ola verde».
La polémica Ley Helms-Burton de 1996 estableció la obligación de otorgar dinero a estos programas desestabilizadores. Cada administración desde entonces ha variado la cifra exacta, que como promedio se mueve cercana a los 20 millones de dólares.
Ese monto de dinero empleado para promover un supuesto cambio de régimen en Cuba se camufla con el eufemismo de «programas a favor de la democracia», con el que se financian grupos mercenarios, becas para promover falsos liderazgos entre los jóvenes cubanos y esta guerra sucia en internet...
Específicamente ese Grupo de Tareas activado hace unos dos años de cara al escenario digital, pareciera la acción defensiva de quien se ha quedado sin pretextos con su retórica de que el Gobierno cubano impedía el acceso de los cubanos a las tecnologías, y aplican esta fórmula de agresión tan ilegal e injerencista como Radio y TV Martí. Esos son los riesgos de cara a nuestra inserción en este espacio, pero la Revolución seguirá formando a sus ciudadanos para saber discernir estas maniobras, mientras se amplía el acceso de sus bases sociales a estos nuevos escenarios.
Nuestros correos electrónicos, tuits, presentaciones en línea y post en Facebook alimentan el volumen de datos que se genera cada día en internet. Hoy los analistas pueden construir modelos capaces de predecir preferencias políticas, orientación sexual, etc., todo a raíz de la información que los propios usuarios ofrecen en las redes sociales.
Está documentado que el Grupo de Acción Política (GAP), que forma parte del Centro de Actividades Especiales, división de la Agencia Central de Inteligencia, realiza acciones que incluyen la creación de estructuras de comunicaciones y acceso a internet en los países o regiones objetivo de la agresión.
En Bolivia se crearon más de 68 000 cuentas falsas en Twitter en los días del golpe de Estado, en noviembre de 2019. En tanto, Irán sufrió una oleada de violencia donde se repitió la misma táctica empleada en Bolivia: grupos armados, perfectamente coordinados, utilizando la técnica del «enjambre» se comunicaban
entre sí, y concertaban las acciones usando mensajes de texto para reunirse en los puntos de ataque. La agresión se paralizó cuando el Gobierno apagó internet y las redes inalámbricas; lo habían hecho allí mismo durante las elecciones de 2009, en lo que se conoció como la llamada Ola Verde.
En febrero de 2018 se creó el llamado Grupo de Tarea de Internet para Cuba, siguiendo instrucciones del memorando presidencial de seguridad nacional del 16 de junio de 2017. El sitio Razones de Cuba ha documentado que el gap y las instituciones que integran esa fuerza cuentan con especialistas altamente calificados que, a partir de modelos elaborados previamente mediante Big Data, dirigen mensajes sectorizados a los cubanos.
En junio de 2019, un tuitazo, supuestamente protagonizado por usuarios cubanos, emplazaba a la empresa de telecomunicaciones, Etecsa, a bajar los precios de internet. La misma fuente revela que se intentó presentar como una iniciativa de estudiantes, ingenieros informáticos, etc., pero los supuestos activistas vivían en Florida, Texas, Tennessee y Georgia. Otro intento de manipulación ocurrió a propósito del Referendo Constitucional, mediante la utilización del hashtag #YoVotoNo en Twitter.
Articulados con los espacios digitales contrarrevolucionarios, miles de cuentas falsas lanzan su mensaje al público de la Isla, influencers prefabricados realizan «análisis» de la «situación cubana», usando recursos bien estudiados, que buscan movilizar emocionalmente, mediante el humor, la indignación o la sorpresa a públicos previamente analizados.
Las recientes campañas de descrédito contra artistas revolucionarios, y el ultraje cobarde realizado contra bustos del Apóstol, forman parte de esa guerra con su correlato digital que busca crear las condiciones para que se produzca en la isla una «Ola verde».
La polémica Ley Helms-Burton de 1996 estableció la obligación de otorgar dinero a estos programas desestabilizadores. Cada administración desde entonces ha variado la cifra exacta, que como promedio se mueve cercana a los 20 millones de dólares.
Ese monto de dinero empleado para promover un supuesto cambio de régimen en Cuba se camufla con el eufemismo de «programas a favor de la democracia», con el que se financian grupos mercenarios, becas para promover falsos liderazgos entre los jóvenes cubanos y esta guerra sucia en internet...
Específicamente ese Grupo de Tareas activado hace unos dos años de cara al escenario digital, pareciera la acción defensiva de quien se ha quedado sin pretextos con su retórica de que el Gobierno cubano impedía el acceso de los cubanos a las tecnologías, y aplican esta fórmula de agresión tan ilegal e injerencista como Radio y TV Martí. Esos son los riesgos de cara a nuestra inserción en este espacio, pero la Revolución seguirá formando a sus ciudadanos para saber discernir estas maniobras, mientras se amplía el acceso de sus bases sociales a estos nuevos escenarios.
