Bajo la administración de Ronald
Regan, Estados Unidos enfiló el tema de los derechos humanos como su
arma predilecta para justificar las agresiones Cuba
Capítulo 1 del libro “Cuba y
los derechos humanos”: A pesar del rechazo de los pueblos y muchos
gobiernos en el mundo, Estados Unidos insiste en la manipulación de los
trabajos de la comisión de Derechos Humanos como parte de su Política
Anticubana.
En los años 80 del pasado siglo, se produjo en Estados Unidos el
ascenso de las fuerzas de la ultraderecha conservadora al poder. El
Documento de Santa Fé, que sirvió de plataforma electoral y política a
las fuerzas que acompañaron al entonces presidente Ronald Reagan,
anunciaba con relación a Cuba: “Un programa de derechos humanos vigoroso
y equitativamente aplicado, es el arma milagrosa de los Estados Unidos
contra la Unión Soviética y sus satélites y sustitutos. Curiosamente, la
Administración actual[1] (…), no ha intentado seriamente aplicar su
doctrina de derechos humanos contra la Cuba de Castro (…)”
En el marco de la nueva estrategia anticubana, la administración
Reagan instruyó a connotados terroristas cubanoamericanos, dirigidos y
financiados por la CIA, cambiar su fachada y “convertirse” en supuestos
grupos de oposición política pacífica y de defensa de los derechos
humanos. En el interior de Cuba, con fondos oficiales estadounidenses,
se crearon varios pequeños grupos subversivos de este tipo, reclutando a
personas antes implicadas en actividades violentas de carácter
contrarrevolucionario, e incluso, a antiguos funcionarios y agentes de
la policía del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. La labor de
reclutamiento se hizo extensiva a lumpens, oportunistas, resentidos, y a
los anexionistas de siempre.
En los años 1985 y 1986, se llevaron a cabo las primeras tentativas
fallidas de imponer una condena a Cuba en materia de derechos humanos,
en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
El primer intento de lograr algo similar en la Comisión de Derechos
Humanos tuvo lugar en 1987, cuando los Estados Unidos presentaron un
proyecto de resolución que no fructificó, al resultar aprobada una
moción de no acción.
Estados Unidos presentó en 1988 un nuevo proyecto de resolución
dirigido a singularizar de modo condenatorio a Cuba, que también
fracasó, a partir de la positiva acogida que tuvo la iniciativa cubana
de invitar una misión integrada por el Presidente de la Comisión y otros
cinco representantes de Estados miembros, a realizar una visita al
país.
Estados Unidos tampoco pudo cumplir en 1989 su objetivo de imponer
una condena a Cuba en la Comisión. Fueron derrotadas varias enmiendas
presentadas por los diplomáticos estadounidenses al proyecto de
resolución sometido a la consideración de la Comisión. El texto adoptado
se limitó a tomar nota del Informe elaborado por la Misión que visitara
Cuba e invitar al Gobierno cubano a trabajar en la aplicación de sus
recomendaciones.
Al emerger como única superpotencia, tras la desintegración de la
Unión Soviética y la desaparición del socialismo en Europa Oriental,
Estados Unidos logró en 1990 por primera vez la adopción en la Comisión
de Derechos Humanos de un proyecto de resolución contra Cuba.
Cuba rechazó cualquier forma de cooperación con un engendro de tal
naturaleza, viciado desde su propio origen, motivado por ilegítimos
intereses y resultado de brutales presiones y chantajes.
La posición de principios del pueblo cubano, su digna resistencia
frente a la infamia y la mentira, fue ganando poco a poco el
reconocimiento y apoyo de los miembros de la Comisión, hasta llegar a
1998, año en que el proyecto anticubano presentado por Estados Unidos
fue derrotado de manera incuestionable, en votación de 16 a favor y 19
en contra.
Tras la inesperada derrota, el gobierno estadounidense se dio a la
tarea de crear una nueva imagen a su maniobra anticubana en la CDH.
Utilizando sus tradicionales métodos, “convenció” al gobierno de turno
en la República Checa, país que necesitaba entonces el apoyo de
Washington en su objetivo de ingresar a la OTAN, para que asumiera la
cara pública del proyecto contra Cuba en la Comisión. No resultó difícil
al equipo de oportunistas encabezados por el ex presidente Havel, que
durante años aprendió obedientemente a cumplir las instrucciones y a
disfrutar el dinero de Washington, asumir tan denigrante tarea.
Con este nuevo diseño y empeñándose siempre a fondo en sus habituales
presiones y chantajes, Estados Unidos logró hacer adoptar -siempre por
un muy escaso margen de entre uno y tres votos – el proyecto anticubano
desde 1999 al 2001.
Ya para finales del año 2001, resultaba evidente que dicho esquema
había entrado en una profunda crisis. La superpotencia comprendió que
necesitaba “refrescar” la imagen de su ejercicio anticubano, cuestión
que se convirtió en estratégica tras su bochornosa exclusión de la
membresía de la Comisión, como resultado de elecciones mediante el voto
secreto llevadas a cabo en el Consejo Económico y Social.
Se recrudecieron entonces las gestiones de altos funcionarios de la
administración Bush para imponer a uno o a varios países de América
Latina la presentación del proyecto anticubano en el 58º período de
sesiones de la Comisión en el 2002.
La intensidad de las presiones ejercidas por altos personeros de
Estados Unidos y la profundización de la vulnerabilidad y dependencia
hacia la política hegemónica norteamericana en la región de varios
gobiernos latinoamericanos, con muy bajos niveles de aceptación de sus
pueblos, facilitó la cristalización de su objetivo. Fue el entonces
presidente Jorge Batlle, del Uruguay, el que asumiera el papel de
marioneta de guiñol en la presentación pública del guión anticubano,
redactado hasta el detalle de sus comas y puntos en Washington,
acomodando únicamente el parecer de la mafia terrorista de Miami.
En contraste con la posición sumisa de unos pocos gobiernos
latinoamericanos, de modo unánime los pueblos de la región condenaron la
maniobra anticubana. No sólo se lanzaron a las calles a protestar en
varias capitales, sino también en países como Argentina, Perú, México y
Guatemala, los parlamentos reclamaron a sus Gobiernos que no acompañaran
tal acción y mantuvieran una posición de independencia y decoro en
Ginebra.
El texto anticubano impuesto en el 58º período de sesiones de la
Comisión en el año 2002, que sus mercachifles por encargo intentaron sin
éxito presentar como un producto “novedoso” y con un enfoque
“constructivo”, no hacía otra cosa que restablecer un mecanismo injusto
de monitoreo a una inexistente situación de derechos humanos en Cuba. Lo
peor en este caso, es que concurría como factor agravante en la
manipulación anticubana, concebida por y para satisfacer los intereses
de dominación de Washington, la decisión de involucrar en el sucio
procedimiento nada menos que al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana, cumplieron
en este proceso un importante papel en apoyo a las acciones anticubanas
del gobierno de Estados Unidos. Aprovechando la presencia de sus
representantes en el Congreso estadounidense, se involucraron
directamente en las acciones de presión y chantaje contra varios
gobiernos. Por otra parte, cumplieron misiones de propaganda con el
objetivo de vender la imagen de que tras las acciones de la
administración Bush contra Cuba, estaba el “reclamo” de un llamado
“exilio cubano”.
El 18 de septiembre de 2002, once congresistas al servicio de la
mafia terrorista de Miami, encabezados por Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln
Díaz-Balart, enviaron una carta al entonces Alto Comisionado de las
Naciones Unidas, urgiéndolo a involucrarse personalmente en las acciones
contra Cuba.
El 13 de diciembre del propio año, Ros-Lehtinen envió una nueva carta
al Alto Comisionado, conminándolo a que solicitara a Cuba la liberación
de varios mercenarios que habían sido justamente sancionados en la
Isla, por delitos cometidos al servicio del gobierno de Estados Unidos.
A principios de enero del 2003, el subsecretario del Departamento de
Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, envió un mensaje al Alto
Comisionado para recordarle que no había nominado aún a su Representante
Personal para Cuba y confirmarle que Estados Unidos consideraba
importante que esto se produjera en el más breve plazo.
Ante la reticencia del entonces gobierno de Uruguay a desempeñar
nuevamente en el 2003 el papel de “primer actor” en el libreto
anticubano preparado por Washington – a partir del alto costo político
que tuvo que pagar ante su pueblo -, la superpotencia tuvo que realizar
nuevas presiones sobre gobiernos latinoamericanos vulnerables a ello,
con el objetivo de encontrar un nuevo “protagonista”.
La señora Poblete – asistente de la congresista anticubana Ileana
Ross-Lehtinen – viajó a Ginebra a principios de enero del 2003 y se
reunió por separado con algunos representantes diplomáticos
latinoamericanos con el objetivo de explorar sus respectivas
percepciones con relación al ejercicio anticubano que promueve Estados
Unidos, calibrar las áreas y temas específicos de mayor vulnerabilidad
de cada uno de esos gobiernos latinoamericanos y preparar
recomendaciones concretas para incrementar el impacto del chantaje y los
condicionamientos que serían instrumentados ulteriormente, tanto por el
congreso como por la administración norteamericanos.
A fines de ese propio mes, la subsecretaria de Estado para Asuntos
Globales, Paula Dobrianski, viajó a varios países latinoamericanos,
reuniéndose con presidentes y cancilleres con el objetivo de forzar un
comprometimiento en la presentación del proyecto anticubano en la 59
CDH.
Los embajadores de Estados Unidos en diversas capitales del mundo,
como ha sido tradicional, cumplieron paralelamente importantes tareas de
apoyo al ejercicio anticubano. Redoblaron sus actividades de
desinformación y manipulación propagandística contra Cuba, distribuyendo
panfletos fabricados por el Departamento de Estado con mentiras y
tergiversaciones “actualizadas”. Por otra parte, con mayor o menor
sutileza y claridad – de acuerdo al grado de dependencia del gobierno en
cuestión a Estados Unidos -, se exigió apoyo a lo que la superpotencia
califica como su prioridad en los trabajos de la Comisión de Derechos
Humanos y se “recordaron” las bondades de una buena relación bilateral
con la potencia hegemónica.
Con el cinismo y oportunismo que la caracterizan, la administración
del Presidente George W. Bush intentó infructuosamente aprovechar la
coordinación de turno que ejercía Perú en el Grupo de Río, para tratar
de imponer a este mecanismo de concertación política de los países
latinoamericanos la presentación del proyecto de resolución anticubano
en la 59 CDH.
Tras el fracaso en sus pretensiones de “socializar” en un espectro
político más amplio su servicio al Imperio, el presidente Toledo de Perú
tuvo que cargar directamente con la “responsabilidad” de la
presentación pública del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH,
con el acompañamiento del obediente gobierno de Costa Rica y del ex
presidente Batlle de Uruguay.
A medida que se fue acercando el inicio de la Comisión, se
recrudecieron las presiones de Estados Unidos, que contaron en sus
gestiones anticubanas con la complicidad incondicional de gobiernos que
actuaban como aliados-clientes de Washington, en particular, del
entonces presidente José María Aznar, personero fascista defenestrado
por el pueblo español por su servilismo a Bush y su permanente
manipulación y tergiversación de la verdad.
Para garantizar los votos necesarios a la imposición del proyecto
anticubano, la administración Bush no reparó en límites éticos o
legales. Desde Washington fueron anunciadas promesas de “ayuda”
financiera y otros beneficios para los que entregaran su voto. Sin
embargo, la práctica más común no fue la de nuevas ofertas;
prevalecieron las amenazas directas o veladas de bloqueos de préstamos y
asignaciones en las instituciones financieras internacionales que
controla – como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo -, el retiro de facilidades
concedidas bilateralmente en materia comercial y migratoria, e incluso,
el condicionamiento de la conducta de Estados Unidos en el tratamiento
de temas políticos de importancia vital para los países objetos del
chantaje.
Días antes de la votación, se reforzaron las gestiones de Estados
Unidos para incluir en el texto del proyecto anticubano una condena
explícita a las justas sanciones judiciales impuestas en Cuba, contra
mercenarios al servicio de su política unilateral de hostilidad, bloqueo
y agresiones.
El 18 de marzo de 2003, el vocero del Departamento de Estado, Richard
Boucher, realizó una declaración llamando a la Comisión a condenar la
detención de sus mercenarios en la Isla, en los términos más enérgicos.
Nuevamente la superpotencia decidió trabajar tras bambalinas. Pero en
esta ocasión, debió enfrentar obstáculos más complejos. Algunos
gobiernos latinoamericanos ya comprometidos con la presentación o el
apoyo al proyecto anticubano, acorralados por el rechazo de sus
opiniones públicas a la agresión imperialista contra Iraq y el temor de
explosiones populares si se hacían cómplices de una nueva escalada
propagandística que podría servir de pretexto a una agresión militar de
la superpotencia contra el pueblo cubano, optaron por no apoyar la nueva
pretensión norteamericana contra Cuba.
Fue al Gobierno de Costa Rica a quien correspondió la indigna misión
de presentar la enmienda concebida por Estados Unidos para fabricar las
condiciones que le facilitasen la agresión militar contra el pueblo
cubano y así intentar poner fin a su Revolución. Fue el de Costa Rica el
único gobierno latinoamericano y del Tercer Mundo que votó a favor de
esa enmienda. ¿Resulta necesario algún comentario adicional?
Cuba radicó oficialmente el 16 de abril dos enmiendas al proyecto
anticubano, bajo las siglas E/CN.4/L.77, las cuales exigían el cese
inmediato del bloqueo unilateral e ilegal a Cuba y pedían al Alto
Comisionado que realizara una evaluación de los efectos para el pueblo
cubano de los actos terroristas llevados a cabo contra la Isla desde el
territorio de Estados Unidos.
La consideración de estas enmiendas suscitó un largo debate procesal
y, como consecuencia de ello, se postergó por 24 horas la consideración y
adopción del proyecto anticubano. En ese debate, totalmente descolocado
y desenmascarada la autoría estadounidense de la enmienda presentada
por Costa Rica, al embajador de la superpotencia en Ginebra no le quedó
otra alternativa que declarar que su delegación “apoyaba cualquier cosa
contra Cuba”
.
A pesar de las enormes presiones ejercidas por Estados Unidos, la
enmienda que intentaba condenar a Cuba fue derrotada en la Comisión, al
ser rechazada por una aplastante mayoría de países. Sólo 15 países
apoyaron la enmienda, mientras 31, más del doble, la votaron en contra.
Con ese resultado, se asestó un duro golpe a Washington y a la mafia
anexionista y terrorista de origen cubano, que al iniciarse la agresión
unilateral del Imperio estadounidense contra Iraq, en la única
manifestación pública de apoyo a esa guerra ilegal en una ciudad del
mundo – no podría ser otra que Miami -, vociferó una verdadera proclama
de aliento a la agresión: “Iraq ahora, Cuba después”.
La enmienda cubana condenando el bloqueo norteamericano como grave
violación de los derechos humanos no fue aprobada. El mismo grupo de
gobiernos europeos y latinoamericanos que con cinismo e hipocresía
alegan una supuesta preocupación sobre una inexistente situación de
derechos humanos en Cuba – votando a favor y copatrocinando el texto
anticubano en Ginebra -, demostraron no contar con la dignidad y el
apego a la justicia suficiente para condenar el bloqueo genocida que
impone Estados Unidos al pueblo cubano, en violación de sus derechos más
elementales, incluyendo el propio derecho a la vida.
Los gobiernos có
mplices y subordinados al Imperio en su maniobra
anticubana en la CDH, quedaron al desnudo en su doble moral, hipocresía y
sumisión a Washington y a sus pretensiones de dominación a la nación
cubana.
Tras el rechazo de las enmiendas, fue votado el proyecto de
resolución anticubano, con las siglas E/CN.4/L.2, resultando aprobado
por un escaso margen de 4 votos de diferencia (24 a favor, 20 en contra y
9 abstenciones), esto a pesar de que Estados Unidos contó con 24 horas
adicionales para que sus brutales presiones surtieran efecto.
La resolución anticubana (E/CN.4/RES/2003/13), aunque no cumplió
todas sus expectativas, garantizó al Gobierno de los Estados Unidos la
continuidad de su ejercicio anticubano en los trabajos de la Comisión.
Además de mantener el tema en la agenda del órgano, logró consolidar el
mecanismo de la llamada Representante Personal del Alto Comisionado,
garantizando a su cruzada anticubana los servicios de un funcionario que
compilaría y reproduciría las mentiras elaboradas en Washington y Miami
y por qué no, también aquellas fabricadas con el dinero del Tío Sam en
otras plazas como Praga y Varsovia.
Con vista al 60 período de sesiones de la Comisión, efectuado en el
2004, Estados Unidos aprovechó cada oportunidad desde fecha temprana
para presionar a los gobiernos en función del ejercicio anticubano, lo
que incluyó, entre otras acciones, visitas de varios subsecretarios de
Estado a capitales latinoamericanas y de Europa Oriental, en particular,
la subsecretaria para Asuntos Globales del Departamento de Estado,
Paula Dobrianski.
Fueron despachadas también a esas latitudes con igual
fin, dos delegaciones de congresistas, en una de las cuales se incluyó
la mafiosa de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la
Florida. Las acciones anteriores fueron complementadas con varias giras y
visitas a países latinoamericanos del ex Embajador Especial de la Casa
Blanca para América Latina, el protector de terroristas y anticubano
Otto Reich y del ex colaborador de Jesse Helms y también anticubano
Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio
Occidental.
Cumplida esta primera fase de presiones político-diplomáticas, los
personeros de Washington se convencieron de que sólo podrían imponer la
presentación pública del texto anticubano en la 60 CDH a uno o varios
países centroamericanos o de Europa Central y Oriental. Aunque ambas
opciones les resultaban poco atractivas en cuanto a imagen – varios
gobiernos centroamericanos y de Europa Central y Oriental son percibidos
por gran parte de la opinión pública mundial como clientes del Imperio –
optaron por la variante centroamericana.
Con todo lo que pudiera alegarse, los gobiernos centroamericanos
tienen la ventaja comparativa de pertenecer al concierto
latinoamericano; el protagonismo público de uno o varios gobiernos
centroamericanos contra Cuba en Ginebra, permitiría a la poderosa
maquinaria de desinformación estadounidense presentar la maniobra
anticubana como una preocupación surgida en el seno de su “propia
región”
.
Estados Unidos se empeñó entonces en la tarea de imponer a los
gobiernos centroamericanos como grupo, la presentación pública del texto
anticubano en la 60 CDH. Sin embargo, además de la resistencia desde un
principio de uno que otro gobierno, sabiendo que tal escalada
anticubana concitaría el más profundo repudio popular y afectaría
gravemente las relaciones bilaterales con Cuba, Washington encontró un
escollo que no pudo superar, a pesar de sus presiones y chantajes.
El gobierno estadounidense, tras la derrota de la enmienda presentada
por encargo por Costa Rica en la 59 CDH, necesitaba asegurar la
inclusión desde la primera versión del texto anticubano en la 60 CDH, de
una referencia crítica a Cuba por la justa sanción impuesta a varias
decenas de mercenarios en la nómina de la Sección de Intereses de
Estados Unidos en La Habana. Algunos gobiernos centroamericanos
objetaron sumarse a la presentación pública de un texto anticubano si
tenía ese añadido.
Frente a ese estado de cosas, Washington desechó la estrategia del
involucramiento colectivo de la subregión en la presentación del
proyecto anticubano y concentró sus presiones sobre los gobiernos
centroamericanos más vulnerables y dependientes. La estrategia sería
sacrificar inicialmente el prestigio y la credibilidad pública de un
gobierno – que sería condenado a interpretar el papel de “autor
principal” – al que luego se le sumarían como copatrocinadores aquellos
que sucumbieran bajo la amenaza del garrote de la superpotencia.
Más adelante será identificado el gobierno que cumplió el triste
papel de presentador principal del proyecto anticubano en la 60 CDH.
Como resultaría lógico pensar, la tarea recayó en un gobierno que cuenta
con uno de los peores historiales en el hemisferio en materia de
derechos humanos. Sólo un adelanto, se trata de un gobierno que ni
siquiera ha sido capaz de poner fin a la impunidad de prácticas
sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales de decenas de sus niños.
Como apoyo a las acciones de presión de la Casa Blanca y del
Departamento del Estado, se efectuó en el mes de marzo una reunión del
Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, convocada por la
representante de origen cubano en el poder legislativo estadounidense,
Ileana Ros-Lehtinen. Al evento fueron invitados diplomáticos de varios
países latinoamericanos, que debieron escuchar allí en la voz de
Ros-Lehtinen los objetivos que tendría que cumplir el proyecto contra
Cuba en Ginebra. La mafiosa convertida en congresista, dictaminó
claramente que habría que agregar al texto adoptado el año anterior, uno
o dos párrafos con una condena más explícita a Cuba.
El régimen-cliente del Imperio establecido en Praga, cumplió
nuevamente su papel de buhonero en el lucrativo negocio de la
contrarrevolución cubana. Personeros políticos y de la diplomacia por
encargo de la República Checa recorrieron diversas capitales del mundo –
aprovechando las bondades de las finanzas de la superpotencia -,
repitiendo cual pésimos actores de reparto el libreto anticubano escrito
en Washington, con la complicidad de algunos en Miami. Debe tenerse
presente que el ex presidente Havel tuvo el alto “honor” de haber sido
“homenajeado” en esa ciudad de la Florida por los más altos
representantes de la mafia terrorista anticubana. El Vicecanciller
Vosalik, uno de los empleados subcontratados para la tarea, cumplió en
los meses de febrero y marzo gestiones contra la Revolución Cubana, en
visitas a países latinoamericanos, e incluso, a algunos africanos.
Conociendo la exactitud y efectividad de la labor de denuncia cubana,
Estados Unidos afinó sus acciones y exigió a sus cómplices el mayor
hermetismo y secreto en los preparativos del ejercicio anticubano en
Ginebra. Pretendía un imposible: fabricar la percepción de que el
proyecto anticubano en la Comisión de Derechos Humanos era el resultado
de una preocupación genuina de la comunidad internacional.
La realidad fue nuevamente dura para Washington en el 60 período de
sesiones de la Comisión. Nunca antes se hizo tan evidente la factura
estadounidense del proyecto anticubano, a cuyo texto no permitieron que
se le cambiara siquiera una coma. Nunca había sido tan público el
involucramiento de los diplomáticos estadounidenses ejerciendo presiones
para conseguir los votos necesarios a su adopción y las firmas
cómplices de países arrastrados al copatrocinio.
Con el fin de garantizar la compartimentación total de la información
sobre el proceso de gestación del engendro anticubano y para facilitar
la efectividad de la torcedura de brazos – no se admitió la más mínima
opinión discordante el acerca del producto final -, la redacción del
texto del proyecto de resolución anticubano se realizó bajo el más
estricto secreto en Washington.
La tarea de designar al presentador público del proyecto anticubano
en la 60 CDH, había sido facilitada al Imperio por uno de sus más
incondicionales servidores. José María Aznar había cumplido una vez más
el papel de celestina de los intereses de Washington en su maniobra
anticubana. El 5 de marzo, pidió directamente en Madrid al presidente de
Honduras, Ricardo Maduro, durante la Cumbre de Jefes de Estado
centroamericanos y España, que fuera su país el presentador del proyecto
anticubano en Ginebra, como un gesto especial que el presidente Bush le
pedía. [2]
El 9 de marzo el secretario de Estado, Colin Powell, exigió
directamente en Washington al presidente hondureño que asumiera la
responsabilidad de registrar oficialmente el proyecto contra Cuba en la
60 CDH. A cambio, Powell prometió en esa ocasión que Estados Unidos
consideraría a Honduras entre los países a ser incluidos en las migajas
de asistencia financiera que ha prometido distribuir en el marco de una
llamada Iniciativa del Milenio.
El presidente Maduro a su regreso a Honduras, anunció la mencionada
promesa de asistencia estadounidense, pero ocultó la condición que le
habían impuesto: renunciar a la determinación soberana de las acciones
que emprende el Estado hondureño en Naciones Unidas, y peor aún, asumir
el indigno papel de cómplice principal de la agresión en Ginebra a la
verdad y la justicia que reivindica el pueblo cubano.[3]
El 24 de marzo tuvo lugar
en Washington una reunión convocada en la
sede del Departamento de Estado, donde Marc Grossman, subsecretario de
Asuntos Políticos del Departamento de Estado, anunció a los diplomáticos
de un grupo de países invitados para la ocasión, que sería Honduras el
“patrocinador principal” del proyecto anticubano en la 60 CDH. Los
asistentes de Grossman procedieron seguidamente a distribuir el texto en
inglés y sólo después se le concedió el uso de la palabra al embajador
hondureño en Washington, que con timidez se limitó a confirmar el
anuncio que había sido realizado. El embajador hondureño, visiblemente
nervioso y colocado frente a una situación de humillación y embarazo,
balbuceó algunas palabras incoherentes y pidió apoyo al proyecto.
Mientras todo lo anterior ocurría tras bambalinas, había sido ya
distribuido oficialmente el informe de la llamada Representante Personal
para Cuba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
La señora Christine Chanet, quien ha desempeñado hasta el presente el
espurio mandato creado en virtud de la resolución anticubana impuesta
al 58 período de sesiones de la CDH bajo las siglas E/CN.4/RES/2002/18,
presentó a la 60 CDH su primer informe escrito.
El documento resultó – y no podía ser de otra manera a partir de las
fuentes de información utilizadas, de las presiones ejercidas por
Estados Unidos y los cómplices de su política hostil contra el pueblo
cubano y de las injustas motivaciones que sustentan su elaboración – un
nuevo libelo anticubano, carente de objetividad y que en lo fundamental,
se limita a dar crédito a las falsas alegaciones fabricadas por los
expertos de la mentira en la plantilla de la CIA, el Departamento de
Estado y la mafia terrorista anticubana de Miami.
La llamada Representante Personal terminó interpretando el triste
libreto anticubano concebido para su mandato por Estados Unidos y sus
cómplices. En un sistema internacional de derechos humanos claramente
sometido a una profunda manipulación política con fines de dominación
mundial, un experto que valore su crediblidad e imparcialidad debe
evaluar cuidadosamente la naturaleza y las circunstancias de la
responsabilidad que se le propone antes de asumirla o ejercitarla –
aunque nunca es tarde para recapacitar y actuar honestamente.
Y es que quien acepte desempeñar el mandato anticubano impuesto por
la resolución 2002/18 de la Comisión, mecanismo ideado por la
superpotencia para fabricar pretextos a la continuidad de su política de
hostilidad, bloqueo genocida y agresiones contra el pueblo cubano, no
debe esperar jamás de los cubanos y cubanas aprecio o consideración.
Las conclusiones y recomendaciones del informe de la llamada
Representante Personal, son calcos y reproducciones miméticas de las
exigencias planteadas por la superpotencia hegemónica al pueblo cubano
con el objetivo de destruir su proceso de transformaciones
revolucionarias y retrotraerlo a la abyecta condición de vasallaje
neocolonial que le fuera impuesto por más de cinco décadas, tras la
ocupación militar de la Isla por las fuerzas del entonces naciente
imperialismo estadounidense.
La llamada Representante Personal coincidió con los personeros de la
administración Bush y la mafia de Miami al solicitar a Cuba: que su
gobierno interfiera y suspenda justas decisiones adoptadas por
tribunales respetando el debido proceso y en virtud de leyes existentes
antes de la perpetración de actos tipificados como delitos graves; que
libere y extienda impunidad de facto a un grupo de mercenarios que
actuaron bajo el pago y en cumplimiento de misiones asignadas por la
superpotencia que agrede a su pueblo; que modifique leyes y preceptos
constitucionales refrendados por la abrumadora mayoría del pueblo en
ejercicio de su derechos de soberanía y libre determinación; que
facilite la entrada al país a elementos internacionales al servicio de
la política de hostilidad anticubana de los círculos de poder imperial
estadounidense y de la mafia terrorista y anexionista de Miami, que
cumplen misiones financiadas – entre otras partidas -, por los 59
millones que están siendo destinados por Washington al fomento de
acciones dirigidas al aniquilamiento del sistema constitucional cubano.
La administración Bush, cumplida la tarea del sucio comprometimiento
de un presentador público del texto anticubano en la 61 CDH, no abandonó
ni por un segundo la conducción de la maniobra. Sus representantes
desplegaron un fuerte activismo anticubano desde el inicio mismo de la
Comisión en Ginebra.
Estados Unidos negó toda posibilidad de negociación al texto
anticubano elaborado en Washington y obligó a los representantes
hondureños a registrarlo oficialmente con premura ante la Secretaría de
la 60 CDH. Se impidió incluso a los países que actúan de modo cómplice
con su apoyo o copatrocinio al proyecto anticubano, la más mínima
posibilidad de proponer siquiera un cambio de puntuación al proyecto
anticubano.
A pesar de no haberlos consultado ni tomado en cuenta, la
superpotencia hegemónica fue arrastrando, uno a uno, a los miembros de
su cohorte al copatrocinio del proyecto contra Cuba. A la lista se
fueron sumando los mismos de siempre: antiguas potencias coloniales
venidas a menos y colocadas hoy en un triste plano de obedientes
“socios” de segunda clase; “aliados” serviles y subimperialismos que
sustentan sus apetencias de dominación cumpliendo funciones de
cancerberos subregionales de la política agresiva de Washington; algunos
regímenes clientes que aún subsisten contra la voluntad de sus pueblos
en lo que la superpotencia considera como su traspatio; y otros que
simplemente no tuvieron el coraje de resistir las presiones de
Washington.
El 2 de abril de 2004, a las 6:00 pm hora de Ginebra, la delegación
de Honduras radicó el proyecto de resolución anticubano. Los
representantes estadounidenses dirigieron cada detalle de la operación.
Para “compartir” y hacer más llevadera la humillación pública que le
había impuesto al gobierno hondureño – país que nunca había demostrado
interés en presentar proyecto de resolución alguno a la consideración de
la CDH -, Washington garantizó a las autoridades de Tegucigalpa las
firmas de acompañamiento de gobiernos tan “independientes” y
“comprometidos” con la causa de los derechos humanos como los de
Nicaragua, El Salvador, Perú, República Checa y Australia.
Haciendo gala de su larga experiencia en la materia, y a pesar de su
activismo en la búsqueda de copatrocinios y apoyos, el protagonista
decidió mantenerse trabajando desde la sombra. En el colmo del cinismo y
la desfachatez, Washington optó por no aparecer identificado en la
lista de autores iniciales del proyecto anticubano.
Su texto – si no fuera por la enorme amenaza derivada del avance de
la motivación que lo inspira – merecería convertirse en un caso de
estudio para políticos y diplomáticos interesados en desarrollar la
retórica fútil y en expresar tan poco con tantas palabras.
Sin embargo, es importante comprender el peligro que plantea una
trampa tan sutil. El ejercicio anticubano en la Comisión de Derechos
Humanos es ilegítimo e inaceptable para nuestro pueblo y para todos
aquellos en el mundo apegados a la verdad y la razón, no sólo por la
letra del proyecto que se impone para institucionalizarlo; sino
especialmente porque contribuye a fabricar un pretexto para dar
continuidad a la política unilateral de hostilidad, bloqueo y agresiones
que por más de cuarenta años han impuesto sucesivas administraciones
estadounidenses contra la Isla, que ahora sume proporciones más
peligrosas cuando el “cambio de régimen” en todos aquellos países que no
se someten al imperialismo norteamericano se ha convertido en política
oficial de Washington.
El texto impuesto contra Cuba en la 60 CDH, no incluye siquiera la
más mínima o solapada referencia a la política de bloqueo, hostilidad y
agresiones de Estados Unidos contra su pueblo, que es la única, masiva,
sistemática, grave y sostenida fuente de violaciones de derechos humanos
a cubanos y cubanas. ¿Cómo podría esperarse entonces que reconozca o
suscriba el derecho del pueblo cubano a adoptar medidas establecidas por
la Ley para proteger su independencia, su libre determinación y
garantizar la defensa del sistema político, económico y social
soberanamente decidido para edificar un futuro de bienestar, justicia
social y solidaridad para todos?
El proyecto anticubano fue adoptado por el ridículo margen de un voto
de diferencia, en votación de 22 a favor, 21 en contra y 10
abstenciones. Dicho resultado constituyó una victoria pírrica para la
superpotencia, cuyos personeros se empeñaron en las más colosales y
brutales presiones contra los gobiernos de países en desarrollo.
Corroborando el creciente desgaste y desprestigio del ejercicio
anticubano en Ginebra, la resolución recibió más votos de rechazo que
nunca antes y contó con 2 votos de apoyo menos que en el año 2003.
Honduras cumplió un papel lamentable. Sus representantes, que fueron
notoriamente obligados a registrar un proyecto de resolución al que no
pudieron cambiar una coma, daban cada paso en la Sala de la Comisión
siguiendo las instrucciones que les dictaba la delegación
estadounidense. Estos últimos les indicaban los escaños donde debían
recoger las firmas para el copatrocinio y los animaban en el
cumplimiento de su “misión”, presentándoles cifras “infladas” acerca de
los supuestos votos de apoyo que habrían asegurado tras las presiones
ejercidas en Washington y capitales. Por supuesto, Honduras no consiguió
ni un solo voto para “su” proyecto.
Para asegurar la adopción del proyecto anticubano en Ginebra, la
delegación gubernamental de Estados Unidos a la 60 CDH fue “reforzada”
con personal de larga experiencia en la ejecución de la política de
hostilidad anticubana y en el uso del garrote contra gobiernos del Sur,
entre ellos Frank Almaguer, tenebroso personaje de origen cubano.
Almaguer sirvió como Embajador de Washington en Tegucigalpa desde
1999 al año 2002. Anteriormente, había cumplido otras tareas de
injerencia e intervencionismo en Centroamérica y otros países de América
Latina, desarrollando sus misiones tras la fachada “humanitaria” de los
llamados Cuerpos de Paz y de la USAID.
Nunca antes había sido tan claro el compromiso de una administración
norteamericana con los elementos más reaccionarios y agresivos de la
mafia terrorista anticubana de Miami. En el colmo de la desvergüenza y
del desprecio a la credibilidad de la Comisión, Washington acreditó como
miembro de su delegación al 60 período de sesiones del Órgano a un
connotado terrorista de origen cubano, Luis Zúñiga Rey.
Zúñiga Rey fue detenido en agosto de 1974 y sancionado por los
tribunales al ingresar ilegalmente en Cuba procedente de Estados Unidos,
cargado de explosivos y armas, como parte de un operativo de la CIA que
llevaría a cabo varias acciones terroristas. A su liberación y retorno a
Estados Unidos, como responsable del aparato de acciones paramilitares
de la Fundación Nacional Cubano Americana, se involucró en la
organización y el financiamiento de atentados con bombas en los años
noventa contra hoteles de La Habana y en otras acciones terroristas
contra hospitales cubanos.
El informe del Relator Especial sobre el uso de mercenarios al 56
período de sesiones de la CDH, reveló que Zúñiga Rey reclutó al
ciudadano guatemalteco Percy Francisco Alvarado Godoy, para realizar
estudios sobre puntos vulnerables y susceptibles de atentados
terroristas en Cuba, tales como hoteles, termoeléctricas y refinerías de
petróleo.
El terrorista Zúñiga Rey intervino en los debates del 60 período de
sesiones de la CDH, nada menos que utilizando el escaño del país que se
dice comprometido y promotor del combate al terrorismo.
La mafia terrorista de origen cubano asentada en Estados Unidos, en
contubernio con la administración Bush que los cobija y aúpa, movió las
cuerdas de su telaraña de influencias para sumar al espectáculo de la
farsa anticubana en Ginebra a congresistas norteamericanos beneficiados
por sus “generosas” contribuciones financieras.
Por los pasillos y salas de Ginebra anduvo cabildeando apoyo al
proyecto anticubano y amenazando con represalias a los que no lo
hicieran, Chris Smith, congresista republicano por Nueva Jersey, estado
que junto a Florida cobijan a grupos de terroristas de origen cubano
como Alpha 66 y Comandos L. El señor Smith contó con el apoyo de la
señora Poblete, asistente de la congresista de origen cubano Ileana
Ross-Lehtinen, notoria por su complicidad en el secuestro del niño
cubano Elián González y su activismo para recrudecer el bloqueo genocida
contra el pueblo cubano.
En su pretensión de imponer el proyecto de resolución contra Cuba a
cualquier costo, los personeros del poder imperial acudieron a las
amenazas más mezquinas.
A varios centroamericanos les recordaron que podrían hacer regresar a
cientos de miles de sus emigrados que trabajan en Estados Unidos y
poner fin al envío de remesas familiares a sus países de origen.
A algunos países africanos se les amenazó con privarlos de los
beneficios de la Ley para el Crecimiento y las Oportunidades de Africa
(AGOA), norma estadounidense que establece facilidades para el acceso de
algunas exportaciones africanas al mercado norteamericano.
A otros países de varias regiones se les pretendió intimidar,
sometiéndolos a un típico cuadro de chantaje. Se les dijo que su rechazo
al proyecto anticubano, podría hacer realidad la posibilidad que fueran
ellos mismos objeto de un proyecto condenatorio. El gobierno imperial
llegó a prometer para aquellos que se plegaran a su demanda anticubana,
el ejercicio de “buenos oficios” desestimulando cualquier iniciativa
dirigida a condenar al país en cuestión, conociendo que estas maniobras
condenatorias siempre son iniciadas en la Comisión en virtud de
intereses de potencias industrializadas.
A varios países de diferentes regiones se les solicitó el voto
anticubano o al menos la abstención, a cambio de no bloquear algún
préstamo del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene
de facto el derecho de veto.
El 14 de abril de 2004, el subsecretario de Estado, Roger Noriega,
confirmó que la Casa Blanca había mantenido contactos con países de
América Latina y Europa solicitando el apoyo al proyecto anticubano.
Dijo que incluso el propio presidente Bush estaría encargándose en forma
personal del tema a través de llamadas telefónicas y señaló como
ejemplo la conversación sostenida con el presidente Fox.[4]nte para organismos internacionales en el
Departamento de Estado, Kim Holmes, dijo públicamente que Estados Unidos
estaba batallando arduamente, realizando gestiones con varios países
para que apoyaran el proyecto anticubano.
El vocero del Departamento de Estado confirmó por su parte, que el
presidente, el Secretario de Estado y otros funcionarios del
Departamento de Estado, habían estado realizando llamadas telefónicas a
los países miembros de la Comisión, identificando los intereses
prioritarios de Estados Unidos con relación a las situaciones de
derechos humanos e instando a que se votara en esa dirección
Algunas de las presiones fueron realizadas de modo tan escandaloso
que trascendieron a la opinión pública. Uno de estos casos fue el de la
República Dominicana bajo el gobierno del entonces presidente Hipólito
Mejía. Dicho presidente había comunicado a las autoridades cubanas que
se abstendría en la votación del proyecto anticubano. Ese compromiso se
mantuvo hasta el día 14 de abril en la tarde, cuando faltaban menos de
12 horas para el voto en Ginebra, en que sorpresivamente el gobierno
cubano se enteró de que República Dominicana se sumaría al voto contra
Cuba. [5]
Hipólito Mejía expresó públicamente en Miami que había estado
recibiendo llamadas de presión sobre el voto del proyecto anticubano en
Ginebra del subsecretario de Estado norteamericano, Roger Noriega y del
entonces enviado especial del presidente Bush para las Américas, el
también anticubano Otto Reich.
En América Latina en particular, existe una clara correspondencia
entre el grado de soberanía, dignidad y popularidad de un gobierno y las
posibilidades de éxito de las presiones y chantajes de Washington para
comprometer el apoyo o copatrocinio al proyecto anticubano.
Son los gobiernos de la región afectados por escándalos de
corrupción, fraude y bajo nivel de apoyo social, aquellos que asumen una
dependencia extrema de Washington en materia de asistencia financiera y
de convalidación a la represión de sus sectores populares descontentos y
que representan los intereses egoístas de las oligarquías-clientes del
capital transnacional, los más propensos a plegarse a los dictados
anticubanos de la superpotencia, en desprecio de la voluntad de sus
respectivos pueblos.
La lista de “estadistas” serviles en la región, incluiría a
personajes de la “talla política” de los ex presidentes Menem
(convertido en multimillonario gracias al “honesto” desempeño de su alta
investidura) y Batlle (el ex presidente uruguayo que concluyó su
período de gobierno con el más bajo nivel de aceptación en la historia
de su país y que extendió la impunidad a los perpetradores de graves
violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas y torturas).
Si Estados Unidos actuara en Ginebra realmente inspirado en la
promoción de los derechos humanos en América Latina, no impondría al
Órgano la adopción de su espurio e injustificado proyecto de resolución
contra Cuba. Por el contrario, sometería a la consideración de la
Comisión sendos proyectos de resolución precisamente contra aquellos
gobiernos latinoamericanos que suman su copatrocinio y apoyo al proyecto
anticubano.
Y lo anterior no es mera retórica. Dicha tesis se sustenta en el
propio contenido de los informes que anualmente prepara el Departamento
de Estado sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo,
con la excepción, por supuesto, del propio Estados Unidos. Sobre los
gobiernos que actúan como cómplices de la maniobra anticubana en materia
de derechos humanos, se incluyen en el documento de referencia datos
concretos y juicios de valor que superan con creces la gravedad de las
falsas alegaciones que se expresan con relación a Cuba.
Mientras las sucesivas versiones del Informe en cuestión no incluyen
un solo ejemplo de violación grave y flagrante de derechos humanos en
Cuba, documentan decenas y hasta cientos y miles de casos de torturas,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales – incluso de niños
-, asesinatos políticos de periodistas y abogados, desalojos forzosos,
corrupción y fraude en las instancias de gobierno y los tribunales,
desnutrición y analfabetismo, y un cuadro de total impunidad y
desesperanza que victimiza a los pueblos gobernados por los que
acompañan la agresión contra la dignidad de cubanas y cubanos en
Ginebra.
La presentación pública del proyecto anticubano en la 60 CDH, fue
asumida por el gobierno hondureño siguiendo las órdenes de la
administración Bush, en franca afrenta a la voluntad de su pueblo.
Numerosas e importantes personalidades políticas, artísticas,
intelectuales y parlamentarias hondureñas, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de amistad de diferentes regiones del
país e incluso, algunos de los más importantes medios de prensa, como
los diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo, publicaron
numerosos comunicados, declaraciones, artículos y cartas condenando la
decisión anticubana adoptada por el presidente Maduro y denunciando su
actuación al servicio de Estados Unidos.
Entre los comunicados y declaraciones públicas de condena a la
actitud del gobierno hondureño se cuentan las realizadas por: el
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, la Asociación de Organismos
No Gubernamentales (ASONOG), la VII Asamblea Nacional Ordinaria del
Partido Unificación Democrática, el Bloque Popular, la Organización
Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), la Junta Directiva del Consejo
Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras y Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en nombre
de varias ONGs, centrales sindicales y sindicatos ramales,
organizaciones de estudiantes, indígenas y de base de la iglesia
católica, etc.[6]
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras
(COFADEH) calificó de “injusta, indigna y moralmente incompetente la
posición de Honduras contra Cuba en Ginebra” y sentenció que “el
Gobierno del presidente Ricardo Maduro es jurídicamente inhábil para
promover internacionalmente lo que es incapaz de hacer en su propio
país”. Concluyó finalmente que “el acceso a supuestos beneficios de la
Cuenta del Milenio a cambio de una condena contra Cuba, no es un negocio
que nos haga sentir honrados a los hondureños”.[7]
La Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) expresó en un
comunicado publicado que “el Estado hondureño no tiene autorización
moral para pronunciarse en materia de respeto a los derechos humanos” y
que a Honduras “no le consta que existan violaciones de los derechos
humanos en la Isla”. En el mismo se concluye: “solo estaríamos
obedeciendo a una petición deshonesta, reñida con la moral y la ética,
de parte del Estado más poderoso del mundo”.[8]
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) declaró que “es
irónico que Honduras, donde no existe el más mínimo respeto a los
derechos humanos de los pueblos indígenas y negros y de la población en
general, tenga capacidad para presentar una denuncia internacional en
contra de Cuba”. Consideró que la acción de Honduras se había realizado
“siguiendo los lineamientos de los Estados Unidos”.[9]
El Colectivo de máde 600 estudiantes hondureños de la Escuela Latinoamericana
de Medicina en Cuba, donde cursan gratuitamente sus estudios como
futuros galenos cerca de 10 mil jóvenes pobres, afrodescendientes e
indígenas latinoamericanos y norteamericanos, condenó por “servil y
bochornoso” el acto mediante el cual “el señor Maduro decía: ¡yes Sir!,
¡yes Sir!, a las órdenes del Norte revuelto y brutal” y manifestó que
“esta acción representa una traición para el pueblo hondureño, vendiendo
la dignidad popular por unos dólares más”.[10]
La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba
(AHC) protestó porque “el presidente Maduro, como fiel servidor de la
política intervencionista de Bush, se ha arrogado el ignominioso papel
de acusador.” Añadió que “no estamos de acuerdo con la política del
gobierno de nuestro país” ya que, según expresara la Junta de la AHC:
“además de reflejar una conducta amoral, no es el sentir y pensar del
pueblo hondureño, ya que está claro que es un dictado expreso de la
política exterior del gobierno Bush”. La propia Junta concluyó que “la
posición de parte del presidente Maduro nos llena de vergüenza,
colocando al gobierno de Honduras como cómplice de las agresiones y el
bloqueo del gobierno Bush contra Cuba. [11]
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón
Custodio, alzó su voz en nombre del pueblo hondureño en el curso de los
debates del propio 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos, para condenar la actitud de su gobierno y desasociar al pueblo
de su país de tan infame maniobra anticubana.
Estados Unidos fracasó una vez más en sus esfuerzos por cambiar la
desprestigiada imagen de su ejercicio anticubano en la Comisión de
Derechos Humanos. La motivación ilegítima de esta maniobra y las
presiones y chantajes realizados directamente por la superpotencia para
su injusta imposición, no pueden ser ocultadas.
No resulta creíble, por mucho que se repita, la manida tesis de
Washington de que el ejercicio contra Cuba en Ginebra debe ser percibido
como ajeno al intento de fabricar un pretexto para la continuidad de su
política de hostilidad y bloqueo contra la Isla. Los acontecimientos se
encargaron de demostrar lo contrario.Sólo unos días después de concluido el 60 período de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos, concretamente el 6 de mayo de 2004, el
presidente Bush anunció la puesta en práctica de nuevas medidas
dirigidas al recrudecimiento del bloqueo y a la destrucción del orden
constitucional refrendado por el pueblo cubano en ejercicio de su
soberanía.
Desde la llegada al poder de la administración Bush, con el apoyo
entusiasta de los sectores más extremistas de Miami, Estados Unidos ha
venido llevando a cabo nuevas agresiones y redoblando la aplicación de
medidas dirigidas a fabricar artificialmente una situación de crisis en
Cuba, que facilite un pretexto para una eventual agresión militar a la
Isla. Se parte del convencimiento de que sólo mediante una intervención
armada directa y masiva, podría detenerse el proceso de transformaciones
revolucionarias emprendido por el pueblo cubano, a partir del sólido
apoyo que cuenta y el compromiso de defenderlo de la abrumadora mayoría
de cubanas y cubanos.
En el primer capítulo del Informe elaborado por la comisión creada
por el presidente Bush para acelerar el llamado “cambio de régimen” en
Cuba, hecho público el pasado 6 de mayo, se identifican dos tareas
directamente vinculadas con la Comisión de Derechos Humanos: la
organización de una amplia campaña de desinformación en el exterior y el
fomento del aislamiento internacional de la Revolución mediante
esfuerzos en los que se involucre a otros actores y se manipulen los
espacios que brindan las organizaciones multilaterales.
En el resumen ejecutivo del mismo capítulo del documento que hiciera
suyo el presidente Bush, se expresa sin ambages que la promoción de
maniobras anticubanas en las organizaciones internacionales, constituye
una herramienta de especial importancia como soporte a la “política de
acelerar el fin del régimen de Castro”. Se recomienda específicamente
“intensificar el apoyo para el monitoreo de los derechos humanos”.
No debe sorprender por tanto que en la creciente agresividad
anticubana de las fuerzas imperialistas que controlan la administración
Bush, las maniobras contra el símbolo de resistencia y justicia social
que representa la Revolución Cubana se hayan extendido más allá del
propio escenario de la Comisión de Derechos Humanos, hacia ámbitos tales
como la Organización Internacional del Trabajo.
Por otra parte, se ha incluido a Cuba en cuanta lista ha inventado el
Departamento de Estado con el objetivo de desacreditar a los países que
no se someten a sus esquemas de dominación hegemónica global. No
importa que el pueblo cubano haya sido víctima por más de cuatro décadas
de las acciones terroristas de grupos que actúan con impunidad desde el
territorio de Estados Unidos; Cuba aparece identificada en el esquema
de certificación unilateral del Departamento de Estado como un estado
que colabora con el terrorismo. Tampoco interesa el estímulo y falta de
respuesta de las autoridades estadounidenses al tráfico ilegal de
cubanos que llevan a cabo delincuentes que residen en el estado de la
Florida; Cuba aparece sin falta en la lista de países que no colaboran
en el control del tráfico de migrantes.
El patrón de
conducta permanente en el diseño de la política de
hostilidad anticubana de Estados Unidos es la mentira, lo que permite de
modo hipócrita y oportunista, transferir a la Isla – y a otros – la
responsabilidad por culpas propias. Si se comprueba que Estados Unidos
constituye la principal fuente de demanda para el turismo sexual – lo
cual es un hecho -, automáticamente serán fabricadas en Washington
falsas alegaciones declarando entonces a Cuba como el “principal destino
del turismo sexual”
A todo lo anterior se añade el hecho de que el gobierno de los
Estados Unidos ha rechazado en varias ocasiones las propuestas cubanas
de concluir Acuerdos de Cooperación en materia de lucha conjunta contra
el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas.
El gobierno norteamericano está destinando al financiamiento de sus
iniciativas de “diplomacia pública” anticubana, fondos adicionales por
un monto de cinco millones de dólares, que se unen a otras partidas
millonarias asignadas a presupuestos públicos y de inteligencia
estadounidenses que permiten “comprar adeptos” y “premiar a aliados”, en
lo que Washington ha dado en llamar una “campaña de solidaridad
internacional” con la “causa” de la “transición democrática” en
Cuba.[12]
Con esos fondos se han estado montando fastuosos espectáculos
anticubanos en Praga y otras ciudades europeas, pagando salarios,
boletos de avión, habitaciones en lujosos hoteles y altos viáticos a
políticos defenestrados, cabecillas de la mafia terrorista de origen
cubano, agentes y colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia y a
cuanto sinvergüenza esté dispuesto a apoyar la cruzada imperialista
contra la nación cubana.
El objetivo básico de la administración Bush es proyectar la imagen
de que el gobierno cubano priva a sus ciudadanos de los más elementales
derechos básicos y funciona al margen del derecho internacional –
calificándolo de “Rogue State” (Estado bribón) -, creando así falsas
percepciones que sirvan de pretexto a un escalamiento de su política de
hostilidad, bloqueo y agresiones contra el pueblo cubano.
Transcurridas apenas 48 horas de la reelección del presidente Bush,
la camarilla agresiva y militarista cuyo poder recibió un sorpresivo
espaldarazo en las recién celebradas elecciones imperiales, se apresuró
en confirmar que su política de bloqueo y hostilidad contra Cuba
permanecería inalterable.
El 4 de noviembre de 2004, el Departamento de Estado emitió una Nota
de Prensa titulada “Cuba: Situación de los Derechos Humanos”, en la que
se repitieron varias de las mentiras, calumnias y falsas acusaciones
que han sido la base de la campaña anticubana que promueve Estados
Unidos en materia de derechos humanos. [13]
En dicha nota, se recurre nuevamente a la tergiversación de lo
ocurrido en marzo del 2003, fecha en que el gobierno y los tribunales
cubanos se vieron obligados a actuar y hacer cumplir la Ley para
neutralizar los actos delictivos de mercenarios que financiados y
dirigidos por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana,
pretendían destruir el orden constitucional decidido por el pueblo
cubano. El fin de la impunidad para los transgresores de la Ley es
descrito en el edicto anticubano de Washington como “una redada total
contra los activistas independientes de la sociedad civil”.
El Departamento de Estado mintió descaradamente, una vez más. Los
tribunales civiles cubanos ordinarios sancionaron, en virtud de leyes
existentes antes de la comisión de los delitos, no a activistas, y mucho
menos independientes, sino a mercenarios anexionistas que recibían del
gobierno estadounidense órdenes y dinero abundante para realizar
acciones ilegales dentro de Cuba al servicio de su política de bloqueo y
agresiones contra nuestra Patria. En cualquier país del mundo, incluido
Estados Unidos, conspirar con una potencia extranjera constituye
también un delito.
La mentira – tal vez sólo igualada por la soberbia, la arrogancia, la
agresividad y el desprecio al derecho, los intereses y las aspiraciones
de los demás – será la característica que hará trascender en la
historia a la actual administración neofascista estadounidense. ¿Y por
cierto, que hubo de verdad en los tan “peligrosos arsenales” de armas de
exterminio en masa de Sadam Hussein?
El gobierno de Estados Unidos no tiene la más mínima autoridad moral
para acusar a Cuba. La actual administración norteamericana ha actuado
como uno de los más groseros y despiadados responsables de graves y
masivas violaciones de derechos humanos en toda la historia de la
humanidad, cuestión agravada por el hecho de haber pisoteado y
convertido en letra muerta una parte significativa de los más
importantes avances de la comunidad internacional en materia de derecho
internacional, en particular de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario.
Alegando falsos pretextos, las fuerzas militares del Imperio han
ocasionado al pueblo iraquí más de 100 000 muertos civiles, entre ellos,
en una elevada proporción, mujeres y niños. Las dimensiones de la
tragedia humanitaria en Iraq y las prácticas masivas de torturas,
ejecuciones extrajudiciales y castigos colectivos contra la población
civil han conducido a muchos a calificar esa guerra de conquista
imperial como un verdadero genocidio.
Por otra parte, más de 600 seres humanos permanecen detenidos
arbitrariamente en el territorio ilegalmente ocupado por la base naval
estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo, en condiciones
infrahumanas, sin cargos ni juicios y por un período que ya excede los
tres años.
Es Estados Unidos el que a través de un cruel, inhumano y genocida
bloqueo ha violado durante más de cuatro décadas los derechos humanos de
todo el pueblo cubano.
Es la administración norteamericana la que, en flagrante violación de
los principios del Derecho Internacional fabrica, instruye y financia a
grupúsculos de mercenarios sin escrúpulos y con vocación anexionista,
para que conducidos por su Sección de Intereses en La Habana, realicen
actividades dirigidas a destruir el orden constitucional de la República
de Cuba.
Es la Administración estadounidense la que viola los derechos de
millones de ciudadanos norteamericanos, al prohibirles que viajen a
Cuba.
Al presidente Bush y a sus más íntimos asociados de la mafia
anticubana les molesta el ejemplo que Cuba representa en términos de
justicia social, verdadera democracia y respeto a los derechos humanos.
El pueblo cubano ha edificado con su sacrifico, talento y resistencia
una alternativa política, económica y social viable y contrapuesta
totalmente a los ideales de dominación mundial y hegemonismo unilateral
que tratan de imponer los actuales dirigentes del gobierno
estadounidense. Temen a la obra de la Revolución y por eso sólo les
queda el recurso de mentir.
La administración norteamericana ya ha iniciado su trabajo de
presiones y “comprometimiento” con vista a mantener con vida su maniobra
anticubana en Ginebra. Están preocupados en Washington por el
significativo desgaste sufrido por este tipo de acciones contra países
en desarrollo y otros que se oponen a sus patrones de dominación global.
Su estrategia anticubana incluye varias líneas de acción. Una de
ellas, de carácter más general – quizás la más peligrosa por establecer
sus bases y enfoques en criterios de confrontación, exclusión y
manipulación política – sea la iniciativa de la llamada “Comunidad de
Democracias”.
¿En qué consiste la farsa de la “Comunidad de Democracias”?
Una vez fracasados sus planes de manipular el Movimiento de
Democracias Nuevas y Restauradas con fines de ataque, condena y
dominación – a partir de la acción mancomunada de los países del Sur y
algunos gobiernos en el Norte que comprendieron el peligro que se
derivaba de sacrificar la cooperación internacional en materia de
consolidación de la democracia por motivaciones políticas tan mezquinas
-, Estados Unidos decidió fabricar un nuevo mecanismo que respondiera a
sus pretensiones imperiales.
Creó entonces la llamada “Comunidad de Democracias”, en una reunión
organizada, dirigida y financiada por Estados Unidos en Varsovia. La
supuesta “comunidad” carece de universalidad, legitimidad y
credibilidad, pero cuenta, eso sí, con el abundante dinero de Washington
y recurre a las sucias prácticas desarrolladas en los peores momentos
de la Guerra Fría.
Mediante la manipulación de la “comunidad” que Washington tutela y
controla a través de mecanismos que no tienen nada de “democráticos”, el
gobierno del Imperio pretende cumplir varios objetivos:
- Garantizarse una presencia permanente en órganos como la CDH,
evitando someterse a procesos periódicos electivos, y con ello, eliminar
el riesgo de que pueda repetirse su amarga y humillante experiencia
cuando quedara excluido de la membresía de la Comisión de Derechos
Humanos.
- Controlar la composición de órganos “útiles” en la condena a
gobiernos y en la imposición de sus patrones ideológicos – con especial
énfasis en la Comisión de Derechos Humanos -, mediante el estímulo de la
membresía de países vulnerables a sus presiones y bloqueando el acceso a
aquellos que se oponen a sus políticas de dominación hegemónica.
- Fabricación e imposición de falsos “consensos” que complementen y
consoliden en el terreno ideológico su incontestable hegemonía militar.
En los últimos meses ha sido común encontrar al Embajador de la
superpotencia ante el Consejo Económico y Social o a la mismísima señora
Dobriansky, lo mismo en Nueva York, que en Ginebra o el Medio Oriente,
realizando proselitismo a favor de su secta antidemocrática, a la que
llaman eufemísticamente “Comunidad de Democracias” e instando a cerrar
las puertas de la CDH a países que disienten frente a sus pretensiones
de dominación imperial, entre ellos, en primera fila, Cuba.
Otra línea de acción anticubana más directa, son las presiones que
ejercen los embajadores estadounidenses en distintas capitales, el
Departamento de Estado sobre los embajadores acreditados en Washington y
la Casa Blanca sobre las distintas delegaciones de alto nivel que
visitan Estados Unidos. Contamos con información al respecto, pero por
razones lógicas de discreción y oportunidad, los detalles serán
brindados en el momento adecuado.
¿Cuál será el gobierno que sucumbirá en el 2005 bajo las presiones de
Washington y asumirá la ignominiosa tarea de presentar públicamente el
proyecto de resolución anticubano promovido por Estados Unidos en la
CDH? En realidad no son muchos los candidatos potenciales y todos saben
que su factura y patrocinio verdadero llevará la etiqueta “Made in USA”.
Aquellos gobiernos que se sumen al copatrocinio y apoyo a la
resolución contra Cuba en Ginebra, serán cómplices del plan imperialista
que viene aplicando la administración Bush con el objetivo de destruir
por cualquier medio – sin descartar la intervención militar directa -,
el sistema político, económico y social decidido por el pueblo cubano.
Esos gobiernos estarán contribuyendo a la fabricación del pretexto que
utiliza Washington para el recrudecimiento de la política de bloqueo,
hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano.
[1] Se refería al Presidente Carter
[2] Despacho de Europa Press del 31 de marzo y Entrevista concedida
por el Canciller cubano, Felipe Pérez Roque a Mayra Navarro, del canal
11 de Honduras, el 13 de abril de 2004 en www.cubaminrex.cu
[3] Basado en datos de un despacho de Europa Press del 31 de marzo de 2004.
[4] Despacho de prensa de la agencia DPA.
[5] Entrevista concedida por el Excmo. Señor Felipe Pérez Roque,
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba al programa de
la radio dominicana “El gobierno de la mañana” de la emisora Z-101, el
20 de abril de 2004. Ver en www.cubaminrex.cu
[6] Pueblo Hondureño y Pueblo Cubano, Pueblos Hermanos. Recopilación
de documentos relacionados con la posición del Gobierno de Honduras
contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos. Asociación de Amistad
Honduras-Cuba. Impreso por Ediciones Guardabarranco. Honduras.
[7] Diario Tiempo. 3 de abril del 2004.
www.granma.cubaweb.cu/secciones/cdh60/
[8] Diario Tiempo. 3 de abril de 2004. La Tribuna. 4 de abril de 2004
[9] Diario Tiempo 5 de abril de 2004
[10] Diario Granma. La Habana. 3 de abril 2004
[11] diario La Prensa, miércoles 31 de marzo de 2004, publicado en Granma el 06-04-2004
[12] Un desglose del financiamiento público estaunidense para
reclutar y sostener las actividades de grupos anticubano, se realiza en
la Parte 2 de este documento titulada “Recrudecimiento de la política de
hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano aplicada por la
administración de George W. Bush: grave amenaza a los derechos humanos
de los cubanos.”; concretamente en el capítulo: “Estados Unidos
intensifica el reclutamiento, financiación y utilización de mercenarios
en sus pretensiones de socavar la libre determinación del pueblo
cubano.”
[13] Ver Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Cuba de fecha 5 de noviembre de 2004. Publicada en el
diario Granma. Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba del 6 de
noviembre de 20
La
editorial Ocean Sur pone a disposición de los lectores un libro que
dialoga con temas peliagudos de la historia reciente en Cuba y lo hace
reflejando el compromiso de la joven generación de cubanos con el futuro
y el destino de su país.
