lunes, 31 de mayo de 2021

Gobierno estadounidense destinará otros 20 millones a subversión contra Cuba en 2021

 

El gobierno de Estados Unidos destinará este año otros 20 millones de dólares a impulsar supuestos programas de democracia dirigidos a Cuba, confirmó el sitio Cuba Money Project.

La investigación revela que la Casa Blanca solicitó además 810 millones 396 mil dólares con destino a la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales (USAGM), supervisora de la Oficina de Radiodifusión de Cuba (OCB).

El documento presupuestario expone: “USAGM continuará cubriendo los desafíos políticos y humanitarios emergentes en países como Myanmar, Bielorrusia, Hong Kong y Venezuela, así como la histórica transición de poder en curso en Cuba”.

Según Cuba Money Project, la OCB, que dirige a Radio y TV Martí, tiene 117 empleados y un presupuesto anual de alrededor de 28 millones.

En tanto, el ex director de esta Oficina, Jeffrey Scott Shapiro, instó a la administración de Biden a proporcionar 30 millones para Radio y TV Martí.

“A medida que la economía de Cuba continúa derrumbándose y su infraestructura política se debilita, es aún más necesario que el gobierno de Estados Unidos tenga un conducto hacia el pueblo cubano”, escribió en un artículo publicado en el Miami Herald.

También, la solicitud de presupuesto de la administración de Biden incluye 94 millones 043 mil dólares para la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID, cuyos fondos, aseguran, “abordarán oportunidades y desafíos en países en crisis y ayudarán en su transición hacia el desarrollo sostenible, la paz, la buena gobernanza y la democracia”.

Finalmente, el Proyecto Cuba Money precisa que el Gobierno de Washington está solicitando para 2022, 58 mil 500 millones para el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, lo cual representa un aumento del 10 por ciento sobre el presupuesto de este año.

Sin embargo, las 243 medidas punitivas impuestas a Cuba por la anterior administración estadounidense continúan vigentes, porque, de acuerdo con voceros y funcionarios de la Casa Blanca, la nación antillana no es un tema de alta prioridad para su gobierno.

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