Frente a frente se miran a los ojos la representación de la Fiscalía y los abogados defensores.
No hay manera sencilla de enfrentar ni relatar un juicio. Aquí
gravitan, en medio de la solemnidad de una sala, vidas de personas y
familias, hechos graves o leves, y las leyes y procedimientos que
establece la justicia.
Todo está bien dispuesto. Sobre la mesa del tribunal, en la parte
delantera del local, descansa un cúmulo de documentos que resumen lo
acontecido. Las pruebas aportadas por la Fiscalía y la defensa,
sus informes, la investigación de los hechos, las declaraciones de los
acusados.
Frente a frente se miran a los ojos la representación de la Fiscalía y
los abogados defensores. La secretaria toma rauda y veloz lo que se
dice y, muy cerca, como para que no se escape el más mínimo detalle,
está la pequeña baranda desde donde harán uso de la palabra testigos y
acusados.
Del otro lado, sentados y dispuestos en dos filas separadas por un pequeño pasillo imaginario, las familias y los acusados. Se hace silencio, son las diez de la mañana y va a comenzar el juicio.
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El 13 de julio del 2021, una nota de prensa del Ministerio del Interior daba a conocer que, un día antes, y como había ocurrido en otros puntos de la geografía cubana, se habían producido hechos vandálicos en La Güinera.
Ubicada en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, en esta
localidad “elementos antisociales y delincuenciales (…) alteraron el
orden e intentaron dirigirse hacia la estación de la Policía Nacional
Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus
efectivos y dañar la instalación”.
La nota señalaba que “los manifestantes, a su paso, fueron
interceptados por fuerzas del Ministerio del Interior y la población, y
en su intento por evadir la actuación vandalizaron viviendas,
incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico; al tiempo que
agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los
agentes y civiles en el lugar”.
Durante el proceso de investigación, un acusado admitió
haber recibido una comunicación desde el exterior anunciándole lo que
ocurriría e instándole a incorporarse; otro contó que le prometieron 1
500 CUP si participaba en las protestas.
En ese aciago día, en el desarrollo de esa alteración tumultuaria del orden público, falleció
el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, residente en
Arroyo Naranjo y con antecedentes por desacato, hurto y alteración del
orden, por lo cual había cumplido sanción.
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Durante el proceso se presentaron testigos tanto de la fiscalía como los abogados.
Es el segundo día del juicio. Han pasado 24 horas desde que, por primera vez, 23 acusados y sus 14 abogados coincidieron en un mismo salón.
Tras los nasobucos impuestos por la pandemia se esconden varios
rostros. Algunos, jóvenes; otros, no tanto. Todos están acompañados por
sus familias.
“¡Sala de pie!”, se escucha.
Y todo vuelve a ser silencio. Una relatoría de lo sucedido el día anterior es presentada desde el estrado. Declaración
de acusados, pruebas documentales, periciales y otras declaraciones (de
los testigos de la defensa y de la Fiscalía) se escuchan en apretada
síntesis para dar paso a la nueva jornada.
Entra la primera testigo.
–¿Es usted amiga, enemiga o familiar de alguno de los acusados?
–Soy del CDR.
–Comparece en este acto en condición de testigo, obligada a decir la
verdad de todo cuanto sepa o se le pregunte, o de lo contrario
incurriría en el delito de perjurio, ¿entendido?
–Sí.
–Testigo, ¿hace cuánto tiempo usted conoce al acusado y cómo ha sido su conducta?
–Tres años y con anterioridad tenía buena conducta.
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Algunos de los hechos “más agresivos, violentos y dañinos”,
que ocurrieron durante el 11 y 12 de julio pasados, están siendo
juzgados por los órganos de justicia cubanos.
Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Procesos
Penales de la Fiscalía General de la República, explica que en las
investigaciones realizadas se obtuvo el material probatorio sobre “los
actos de promoción, organización y ejecución directa de hechos que la
ley penal tipifica como delitos, y que pusieron en grave riesgo la
estabilidad de la nación”.
Afirma que “para Cuba, como para cualquier otro país, en las severas
condiciones en que enfrentaba la pandemia y sus consecuencias, es de
entender perfectamente la gravedad de los hechos ocurridos y la
necesidad de aplicar consecuentemente las leyes penales”.
Según Mederos Torres, ya concluyeron los procesos competencia de los
tribunales municipales populares por delitos sancionables hasta un año
de privación de libertad o multa hasta 300 cuotas o ambas. Se
trata, fundamentalmente, de delitos “que afectaron el orden y la
tranquilidad ciudadana, en los que predominan los desórdenes públicos”.
Sobre los hechos graves y de mayor connotación, informa que casi la
totalidad de los procesos están presentados a los tribunales.
“Las diligencias se practicaron bajo el control de la Fiscalía por
instructores de los órganos de investigación criminal, con amplia
participación desde un inicio de los abogados defensores, quienes
aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones. Los imputados de
los hechos antes referidos fueron asegurados con medidas cautelares de
fianzas y reclusión domiciliaria. En los casos de los autores directos
de hechos vandálicos y de mayor connotación, se mantienen en prisión
provisional”, dice.
Las pruebas determinaron la participación en hechos que tipifican
delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo
con fuerza, robo con violencia, atentado y sedición, entre otros.
Para este último tipo penal, “que tiene marcos sancionadores
elevados”, la Fiscalía tuvo en cuenta que los acusados actuaron con
extrema violencia, organizaron las alteraciones del orden público,
acordaron expresa o tácitamente irrespetar las instituciones oficiales
comprometidas con garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana, en
particular las personas y bienes que representan o pertenecen a los
órganos locales del Poder Popular y el MININT.
La fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República señala que “utilizaron
lenguaje grosero y ofensivo para incitar a la violencia, lanzaron
objetos cortantes, contundentes o incendiarios contra bienes públicos;
arrasaron y destruyeron lo que encontraron a su paso”.
Es por ello –añade– que las sanciones interesadas por la Fiscalía son
severas, en correspondencia con el daño a los bienes jurídicos que
tutela el Código Penal, teniendo en cuenta la responsabilidad individual
y las circunstancias concurrentes y, dentro de ellas, las agravantes de
la responsabilidad penal.
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Los procesos presentados a los tribunales ahora son los de mayor
gravedad y carácter violento, en los que fueron víctimas funcionarios
públicos, trabajadores en varias provincias, continúa explicando la
fiscal Mederos Torres.
Cubadebate revela nuevos detalles de los hechos ocurridos el 11 y 12 de julio en el país.
En todo el país fueron agredidos y saqueados más de 40 establecimientos comerciales.
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Ha transcurrido casi una hora. Terminaron las pruebas testificales.
La fiscal se levanta y expresa sus conclusiones acusatorias. Luego, cada
defensor toma la palabra y manifiesta su alegato.
Manuel Alonso, abogado de uno de los acusados, no está de acuerdo con
las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con tono respetuoso, expone
ante el tribunal su tesis, y alega que las evidencias aportadas por el
órgano acusador no son probatorias y pide la absolución de su
representado. Minutos más tarde, en un breve receso, responde a Cubadebate.
A su juicio, ¿se ha respetado el principio del debido proceso?
–El debido proceso se ha respetado desde el inicio, en el sentido de
que se nos ha permitido ejercer nuestro derecho a la defensa en todo
momento. Se nos ha dado la posibilidad de entrevistarlos y de aportar
pruebas, hacer las conclusiones y la defensa en el juicio oral sin
ninguna vulneración de este principio. Hasta ahora no he recibido
ninguna queja de mi cliente sobre este tema.
“Él fue el único en el acto del juicio oral que modificó su
declaración, haciendo uso del derecho que le concede la ley y, por
tanto, nosotros tuvimos que modificar nuestra tesis de defensa”.
¿Cómo ha sido la relación con la familia del acusado?
–Tuve la suerte de encontrar una familia preocupada, sobre todo la
esposa, quien ha estado más al tanto del proceso. Ella fue quien hizo el
contrato y con la que hemos estado en comunicación en todo momento. Es
la que lo acompaña en el juicio oral.
¿La gravedad de los hechos ha incidido en que no se haya procedido de manera correcta al juzgar su acusado?
–Ninguno de los abogados que estamos en este proceso imaginamos estar
inmersos alguna vez en algo así. Estos son los tipos de delitos que uno
estudia en la carrera, pero uno no se imagina tener que defenderlos o
ser parte de un proceso como este.
“No creemos que esa que Ud. menciona haya sido una causa que haya
hecho modificar o tratar de otra manera la tramitación del proceso.
Sinceramente, ha tenido una carga mediática, pero eso no ha influido en
mi trabajo como abogado defensor. Hemos hecho todo lo que ha estado en
nuestras manos para defender a nuestros clientes sin ninguna vulneración
o intermediación, defendiendo sus derechos como es debido”.
¿Por qué rechaza usted las acusaciones de la Fiscalía?
–Es nuestra función. Cuando estamos en contra, impugnamos o
rechazamos alguna prueba. La ley nos da el derecho de impugnar y de
presentar pruebas diferentes. En mi caso, vengo impugnando todas las
pruebas de la Fiscalía porque mi cliente está negando la participación
en los hechos. Es el único de los acusados reunidos aquí que niega su
participación, por eso impugno las pruebas presentadas por la Fiscalía y
le corresponderá al tribunal valorar si le asiste razón a la defensa o
la Fiscalía.
¿Ha podido dialogar con el acusado?
–Varias veces. Como este proceso se inició el año pasado, tuve
contacto con él a los siete días, y en el resto del proceso he tenido
acceso sin problemas en la prisión donde se encuentra, cada vez que él
lo ha necesitado. La familia me decía, ‘mire abogado, Harold quiere
hablar contigo’. Y durante el juicio también ha sido así.
¿Tiene alguna queja o reclamación?
–No tengo quejas ni reclamaciones. De haberlas tenido, los que me
conocen saben que lo hubiera dicho desde el momento en que hubiera
existido algún problema. Solo queda esperar por el fallo del tribunal.
Si es condenatorio, se establecerá el recurso de casación legalmente
establecido; si es absolutorio, estaría feliz como abogado de que haya
ocurrido así.
Y usted, ¿Qué espera cómo abogado?
–Racionalidad. Quiero que, si el tribunal los declara culpables, lo haga con racionalidad.
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Para la fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, las
normas penales deben ser respetadas estricta e inexorablemente por
todos los ciudadanos, organismos del Estado, entidades económicas y
sociales.
“La declaración del Artículo 1 dela Constitución, de que Cuba es un
Estado socialista de derecho y justicia social, reafirma el principio de
supremacía constitucional e imperio de la ley, y refuerza la
institucionalidad socialista”, afirma.
En consonancia con ello –añade–, “es una premisa obligatoria la
observancia de las garantías del debido proceso y los principios que lo
informan, lo que lleva a la Fiscalía a controlar minuciosamente la
legalidad en el curso de las investigaciones”, lo cual está conforme con
sus funciones constitucionalmente establecidas.
Así mismo, el artículo 94 reconoce que toda persona, como
garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en
el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza
de diversos derechos.
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Eudones Campos Ramírez es la mamá de uno de los acusados. Aguarda
en un banco afuera de la sala y su rostro revela la tristeza que una
madre puede llevar en el pecho cuando su hijo ha incurrido en delitos
tan graves como el del cual se le acusa.
“Yo, como su madre, pido disculpas por su error, puedo decir, aquí
delante de todos los medios, que no lo hizo intencionalmente. Él se
metió en eso sin saber lo que estaba por venir; él fue simplemente con
sus amigos. Estoy segura de que hoy le preguntas y no sabe por qué lo
hizo”, dice.
A pesar de ser un proceso difícil, como ella misma reconoce, sostiene que siempre ha podido mantener comunicación con su hijo. “En
lo particular, he tenido buena atención por la defensa. Y aunque con
nada de esto me siento contenta, simplemente quiero que se haga justicia
y que se tengan en cuenta el comportamiento y el sentimiento de cada
uno de nuestros hijos”.
Bien cerca de ella está otra señora, recoge su abanico y deja escapar
una frase sin disimulo: “Soy madre también de otro acusado”. Y con las
mismas energías salidas del pecho, y sosteniendo la mirada, afirma: “Mi hijo está consciente y arrepentido. Él sabe que tiró piedras”.
“No hay que intentar nada contra la Revolución, no hay que lanzar
piedras y mucho menos agredir a la población o la policía. He visto el
juicio muy bien, desde todas las partes. La defensa de los abogados ha
sido muy buena, la fiscal ha hablado como tenía que hablar y la
presidenta de la sala es muy objetiva y humana. Confiamos en los
abogados, confiamos en la justicia y en la Revolución”.
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Según informó a Cubadebate el magistrado Joselín
Sánchez Hidalgo, director de Supervisión y Atención a la Población del
Tribunal Supremo Popular, los hechos que se están enjuiciando en la
actualidad guardan relación, entre otras conductas, con agresiones
a agentes de la Policía Nacional Revolucionaria con el empleo de armas
blancas y, en otros casos, mediante el lanzamiento de piedras u otros
objetos contundentes, rotura de cristales en tiendas y entidades
estatales, y agresiones físicas a personas que intentaron proteger esas
instalaciones.
Uno de los derechos de los sancionados es la posibilidad de solicitar
a los tribunales la impugnación mediante recurso de apelación o
casación de la sanción impuesta.
Como resultado de ello, seis han hecho uso de esta garantía y otros están en términos para ello.
Explica que las tipicidades delictivas predominantes en los casos
juzgados hasta el momento, han sido las modalidades más graves de los
delitos de atentado y desacato y desorden público, aunque también se
ponen de manifiesto conductas como la instigación a delinquir, lesiones,
estragos y daños. “No obstante, otros asuntos se encuentran en
tramitación por delitos de sedición y sabotaje”.
En Cuba, las personas pueden ser juzgadas a partir de los 16
años, y los menores de edad en ningún momento son objeto de aplicación
del derecho penal.
El director de Supervisión y Atención a la Población del Tribunal
Supremo Popular señala que “es la edad penal establecida en nuestro
Código, coincidente con la de muchos países del mundo. Para los
acusados con edades de entre 16 y 20 años, la ley establece reglas de
adecuación que propician el tratamiento diferenciado que el tribunal
puede tener presente al momento de decidir la sanción a imponer.
El magistrado asegura que, en todos los casos, los tribunales han
observado los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en
la Ley del Procedimiento Penal cubanas.
De igual forma, se ha continuado atendiendo las preocupaciones
manifestadas por algunos familiares de sancionados, y se han ofrecido
las correspondientes respuestas. “Estas han estado referidas,
esencialmente, al derecho a la defensa, en los casos de los procesos
sancionables con penas de hasta un año de privación de libertad, e
inconformidades con los fallos”.
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Hasta inicios de este mes de febrero se prevé que se desarrollen en La Habana los juicios pendientes.
Los últimos minutos de un juicio suelen quedar muy claros en la memoria. Esos momentos nadie los olvida, el derecho de última palabra y la sentencia.
–¿Desea hacer uso del derecho de última palabra?, venga al micrófono.
Puede retirarse el nasobuco, así como los demás cuando vengan. Lo
escucho.
–Buenos días, desde el principio de la instrucción, a pesar de lo que
pasó, sentí el arrepentimiento. A lo mejor estaba en el lugar y en el
momento equivocados. Yo creo que los golpes en la vida enseñan. Soy de
ese barrio y queremos que se nos dé la oportunidad de demostrar que lo
que sucedió ese día no era intencionado.
–Puede sentarse. ¿Miguel, desea hacer uso del derecho de última palabra?
–Buenos días, me siento arrepentido de lo que pasó, yo pasé por ahí. No fue conscientemente que fui a tirar piedras.
–Lázaro, ¿desea hacer uso del derecho de última palabra?
–Ante todo, les pido perdón por las cosas que hice, les pido una oportunidad. No va a volver a pasar, estoy arrepentido.
Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, tampoco puede dejar en el tintero ese momento.
En conversación con Cubadebate, recuerda que “los
jueces han actuado con gran responsabilidad, humanismo, no han dejado de
sentir la alta responsabilidad que implica actuar en nombre de aquellos
que esos días no durmieron, sintieron miedo, no salieron a las calles,
de actuar en nombre de un pueblo que ha depositado en ellos la gran
función de impartir justicia en su nombre. Los jueces hemos actuado
libre y transparentemente, siempre buscando la verdad y tomando
decisiones justas que se atemperaran a la ley y la Constitución para los
acusados y tomando decisiones justas que se atemperen a lo dispuesto en
el Código Penal, a los hechos, las particularidades de los acusados,
sus conductas y por supuesto al contexto.
“Nosotros tenemos que tratar de que el proceso no sea un número más,
sino que tenga el rigor que conlleva. Estos procesos tenían la
particularidad de que se iban a juzgar delitos que no es frecuente su
comisión, como son los casos de sedición. Por ello, se requirió de una
preparación individual. No había antecedentes”.
De los hechos del 11 y 12 julio de 2021 todavía restan muchas historias que contar. Hasta inicios de este mes de febrero se prevé que se desarrollen en La Habana los juicios pendientes.
Sobre el papel, y en la memoria de las víctimas, permanecerá el
relato del hombre que se tuvo que esconder debajo de una escalera
durante 15 minutos por miedo, o el temor que sintió de salir a las
calles –durante los días sucesivos a los hechos- la que fuera directora
del círculo infantil de La Güinera.
Entre las paredes de la sala del tribunal, también perdurarán la
palabra encendida de fiscales y los abogados de la defensa, los rostros
preocupados y la tristeza oculta parcialmente por la tela de los
nasobucos, el apoyo constante de las familias, algunas reflexiones… Todo
eso que gravita en una sala donde se imparte la justicia.
