jueves, 30 de octubre de 2014

Transporte no estatal en Matanzas, un tema polémico


Transporte no estatal en Matanzas, un tema polémico


transporte en Matanzas

La noticia se regó como pólvora. Ya las máquinas no cobran cinco pesos desde el Pre hasta Peñas Altas. Diez pesos: lo tomas o lo dejas. La mayoría de los matanceros reaccionaron airados. “Ah, se volvieron locos”; “Qué va, yo espero la guagua”; “Hace falta que nadie lo pague y yo voy a ver lo que se van a inventar”, fueron expresiones escuchadas por esos días.

Algunos abundantes de dinero y otros a los que la premura o la carencia de opciones no les dejaron más remedio, pagaron el nuevo importe del pasaje. Así, los carros de alquiler siguen rodando por la ciudad y entre los municipios; salvo el bolsillo más exiguo de los viajeros, todo parece seguir igual.
La iniciativa particular en el transporte se ha desarrollado a paso acelerado, sobre todo porque responde a una de las principales necesidades del pueblo matancero. Al cierre de septiembre del presente año la provincia contaba en ese sector con 5 mil 188 titulares y mil 589 trabajadores contratados. El crecimiento de la actividad, el número de personas que la ejercen y se sirven de ella, los recursos que demanda para su realización, así como su relación con las regulaciones del tránsito la constituyen en un campo complejo.

“Voy con frecuencia desde La Habana hacia Perico. En el viaje de regreso a la capital, decidí trasladarme en una máquina que partía de Colón con destino a Matanzas, y al llegar a dicha ciudad, me sorprendí porque el chofer me explicó que los precios habían aumentado y ya no costaba 35 pesos. Fue difícil para mí entender como esta situación varió de forma tan repentina, ¡menos mal que todavía me quedaba dinero!, sino, no hubiese podido seguir mi trayecto”.

Así narra la joven Anaita Bello su experiencia, que puede coincidir con la de muchos ciudadanos que se enfrentan diariamente a las reglas de “oferta y demanda”, típicas del cuentapropismo. Lo cierto es que el valor de las tarifas fluctúa según la voluntad de los propietarios y resulta difícil para la población adaptarse.

Ante los cuestionamientos y las críticas emitidas, diversos choferes coinciden en criterios polémicos:
“Esta es una empresa privada, si los pasajeros no están de acuerdo con los precios, entonces que no suban. La mayoría de los equipos que facilitan el transporte son particulares. Sin embargo, no tenemos un mercado para comprar gomas, baterías, piezas… a menor costo, y el petróleo está a 1.20 CUC en el mercado estatal. Por eso es que nos vemos obligados a subir las tarifas”.

Adolfo Chávez y Adanis Rodríguez, camioneros que recorren la ruta hacia el municipio de Colón, comentan que la relación costo-beneficio se ve afectada por los elementos antes mencionados.
“Un carro que carga pasaje a Colón recauda aproximadamente mil pesos en un día, a esa cantidad es preciso restarle lo empleado en el combustible y en el salario que reciben los ayudantes que contratamos, al final, la ganancia no es mucha.”

No es para hacerse rico

Refiere Elsa Rodríguez Sarmiento, subdirectora de operaciones de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en Matanzas, que “los trabajadores por cuenta propia (TCP) en la esfera del transporte, deben pagar el Impuesto sobre los Ingresos Personales (IIP). Este se realiza mediante el pago a cuenta de una cuota mensual, cuyo importe mínimo es de 350 pesos y que se establece de manera personalizada. Para variarla se toman en cuenta factores como la capacidad del carro, el promedio de viajes, así como los ingresos brutos declarados y se somete a la aprobación del Consejo de la Administración Municipal. De establecerse, se le da a conocer al Contribuyente 60 días antes de aplicarse. El último incremento en las cuotas data del 2013 y comenzó a valer desde enero del 2014.

“También deben pagar el Impuesto sobre los Servicios, que consiste en aportar el 10 % de lo ingresado durante el mes. Para abonar ambos tributos tienen hasta el 20 del mes siguiente al que deben saldar, y si ese día cae sábado o domingo se extiende hasta el lunes.

“Otro de los gravámenes para quienes no tienen un vínculo laboral adicional es la Contribución especial a la seguridad social, cuya entrega es trimestral; la cuota mínima resulta de 87.50 pesos. De forma anual, deben cumplir con el Impuesto sobre el Transporte Terrestre, conocido como pago de la chapa y con la liquidación adicional del IIP o Declaración Jurada (DJ). En ambos casos, si cumplen antes del 28 de febrero, reciben bonificaciones.”

Con respecto a la DJ explica la especialista que muchos creen que debe contribuir doble y no es así, pues se restan además del mínimo exento y el % de gastos autorizados, los desembolsos realizados a cuenta y del total a pagar se reducen las cuotas mensuales.

Tienen derecho, asimismo, a facilidades como optar por el aplazamiento del pago demostrando los argumentos requeridos, y a presentar los recursos de reforma y de alzada de no concordar con un dictamen de la Oficina. Si presentan dificultades, como la rotura del carro o algún otro inconveniente que los inhabilite para trabajar, pueden solicitar la exoneración de pago ante el órgano rector: la Unidad Estatal de Tráfico.

Margaret Hernández Sherwood, jefa del departamento jurídico de la ONAT Matanzas, afirma que, aunque se ha ganado cultura, la subdeclaración – no declaración del total de ingresos- sigue presente y no constituye un fenómeno exclusivo del sector, “deben acogerse a los beneficios de la ley y si no pueden trabajar pedir la exoneración, porque después cuando llega la DJ entonces dicen que no trabajaron x cantidad de meses.

“El Estado no le pide a nadie que aporte lo que no recibió. El estudio de las cifras declaradas arroja que reciben un salario menor al medio de la provincia y eso no es cierto; nadie emprende un negocio para perder. El cuentapropismo llegó para quedarse, pero es una fuente de empleo y no una vía para hacerse rico. Hay que planificarse y, paulatinamente, apartar el dinero para los tributos.”

Esta fuente de empleo y de producción de bienes y servicios ha confirmado su validez, lo cual ratifica la necesidad de exigir el cumplimiento de la legalidad, combatir la impunidad y proteger a los TCP que cumplen lo establecido. Por ello se impone fortalecer la labor de los inspectores, la atención del sindicato y crear vías de comunicación más eficientes desde la esfera gubernamental.
No se trata de satanizar a los transportistas, sino de tomar acciones que los vinculen al desarrollo de sus territorios y potencien su compromiso con el bienestar social. Falta por hacer para que esta forma de gestión no estatal en Matanzas marche sobre ruedas; Girón continuará indagando próximamente.


(Tomado de Girón

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