Puerto
Rico cuenta con un régimen político de Estado Libre Asociado con
EE.UU., estatus en el que la isla tiene de menos condiciones de
autogobierno que la autonomía concedida por España desde la colonización
de América.
Puerto Rico
es una colonia de los Estados Unidos pese a que le llamen, desde
1952, “Estado Libre Asociado”. Es un territorio con un autogobierno
limitado que posee una constitución para el manejo de sus asuntos
internos pero cuya soberanía la ejerce el Congreso estadounidense.
Washington decide todo lo relacionado a su sistema financiero, las relaciones exteriores, la migración y el comercio.
Puerto Rico no puede hacer tratados comerciales con ningún país ni
recibir en sus puertos barcos con banderas diferentes a las de Estados
Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y su moneda
es el dólar.
En la isla
viven 3 millones 725 mil 789 ciudadanos (Censo 2010) mientras que en
Estados Unidos viven aproximadamente 4 millones 623 mil 716
puertorriqueños. Este éxodo no muestra precisamente los “beneficios” de
ser una colonia norteamericana.
El pasado
miércoles 3 de mayo, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló declaró
al país en bancarrota y anunció que buscará mediante este mecanismo
reestructurar la deuda pública,
está, en
palabras de su gobernador Alejandro García Padilla, al borde del
default, en la quiebra financiera, con una deuda que supera los 73
mil millones de dólares, tras “ocho años de crecimiento económico
negativo”.
Para los
analistas financieros el país tendría que implementar las acostumbradas
medidas neoliberales y reestructurar su deuda pública, disminuir la
nómina estatal, reducir subsidios y gastos en electricidad y transporte y
privatizar empresas públicas. Sin embargo, estas medidas no contemplan
en ninguna parte que el Gobierno estadounidense permita la inyección de
liquidez ni proteja su estructura financiera.
EL DATO: Puerto
Rico es propiedad estadounidense pero no está integrada a sus leyes
como un estado más, no forma parte de éste al momento de acceder a un
recurso de la legislación federal, como declararse en bancarrota para
obtener protección legal ante sus prestamistas, pese a que sigue
subordinada a las políticas financieras de Washington.
El analista internacional y miembro del Instituto de Relaciones
Internacionales de PR, Dr. Lajos Szaszdi León Borjas, afirma que la alta
competitividad de los comercios estadounidenses no dejan emerger a los
locales puertorriqueños que representan las fuentes generadoras de
ingresos.
“
Puerto Rico es una colonia económica de Estados Unidos,
los principales negocios de todo tipo son norteamericanos, los de
puertorriqueños han cerrado por no poder competir con los negocios del
norte como las Farmacias Walgreens, Farmacias CVS, Tiendas Home Depot,
Mc Donalds, Burguer King, Pollos Kentucky, en resumen,
Puerto
Rico está colonizado por productos norteamericanos y ésta es una de las
razones por las cuales a Estados Unidos no le conviene la independencia
de la isla porque reduciría la posición privilegiada de sus compañías”, señaló.
Esta deuda
-consecuencia del mal uso de fondos, corrupción o el retiro de
beneficios económicos que antes generaban riquezas y que ayudaban a
mantener el presupuesto de la isla- ha generado una recesión, y todo
esto ha ocurrido bajo la vigilancia de Washington porque Puerto Rico es
un territorio estadounidense.
Así que el
gran responsable de la deuda de Puerto Rico es la nación del norte
-después de los malos gobiernos puertorriqueños-, por haber permitido
que la isla perdiera fuentes de riqueza y no supervisar su
endeudamiento, asevera León Borjas.
Sumido en
este escenario, Puerto Rico no puede asumir decisiones soberanas que
solucionen su crisis económica y social actual ni optar a los fondos de
rescate. Por ello, el monto "impagable" de su deuda será cada vez mayor.
La crisis del Estado Libre Asociado
La isla se mantiene en una grave crisis económica, con una tasa de
pobreza de 45 por ciento, un desempleo que supera la media de Estados
Unidos mientras la población decrece a causa de la emigración a Estados
Unidos.
En el año
2015 se comenzó a implementar una serie de medidas en el país que van en
contra del servicio público y de los habitantes, como un nuevo impuesto
del 11.5 por ciento para algunos productos y servicios, así como el
congelamiento de los convenios colectivos para empleados del sector
público y que incluye la eliminación del bono navideño.
El país adeuda 12.096 millones de dólares en bonos y cerca de 240 millones a empresas que prestan servicios al Gobierno.
El
procedimiento está amparado en el Título III de la Ley para la
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico,
conocida como la Ley Promesa. Dicha ley, aprobada por el Congreso de
Estados Unidos, prevé un proceso de reestructuración de la deuda pública
bajo la supervisión de una Junta.
El gobernador
Rosselló indicó que la activación de la medida busca “trabajar de forma
estructurada en el pago de la deuda bajo los parámetros del plan
fiscal”. La idea del Gobierno puertorriqueño sería poder hacer frente a
las obligaciones del Ejecutivo pero "priorizando el interés de los
ciudadanos"
El proceso de bancarrota en Puerto Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.
Bajo esta Ley
Promesa, Puerto Rico tendrá sus finanzas bajo el tutelaje de una Junta
de Supervisión Fiscal (JSF) nombrada desde Washington. Esto podría
imponer a la isla un plan de austeridad, reformar la legislación
puertorriqueña y ajustar sus prioridades económicas. La Junta funcionará
hasta que la isla tenga cuatro años seguidos sin déficit fiscal.
La lucha por la independencia
En medio de la crisis económica
que atraviesan los puertorriqueños, continúan los esfuerzos de los
patriotas por lograr su independencia.
El Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP) informó en febrero de 2015 sobre el
inicio de una ofensiva internacional para que el Gobierno de los
Estados Unidos inicie un proceso de descolonización sobre el territorio
nacional.
Según el
secretario general del PIP, Juan Dalmau, la decisión fue tomada luego de
la participación de Rubén Berríos, en la III Cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebró ee mismo
año en Costa Rica.
La
Organización de las Naciones Unidas aprobó el 14 de diciembre de 1960
la Resolución 1514-XV, la cual señala que “la continuación del
colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica
internacional y entorpece el desarrollo social, cultural y económico de
los pueblos dependientes”.
El
Comité de Descolonización de la ONU ha aprobado diversas resoluciones
donde exhorta a Estados Unidos a reconocer el derecho a la independencia
y autodeterminación de Puerto Rico, y solicita además la liberación de
todos los independentistas presos.
Desde 1972,
este Comité de Descolonización, ha aprobado 34 resoluciones que instan a
Washington a reconocer su responsabilidad histórica y contribuir a un
proceso dirigido a que los puertorriqueños puedan ejercer su derecho a
la autodeterminación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario