¿Cómo resolverá la Ley de las Aguas Terrestres las dificultades del país respecto al preciado líquido? ¿Las plantas desalinizadoras son la solución para la Isla? ¿En qué actividad se malgasta más el fluido de la vida?
Desde octubre de 2016 el país
conoció el Proyecto de Ley de las Aguas Terrestres. Además de las
presentaciones ante los diputados de cada región, el sitio web de la
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) (www.parlamentocubano.cu) ha
puesto a la ciudadanía al tanto de cada debate, y habilitó un correo
electrónico para recibir sus opiniones (leydeaguas@anpp.gob.cu), que aún
sigue funcionando.
Luego de los primeros resúmenes de la
participación popular y parlamentaria, una nueva versión del proyecto
está on line en la misma dirección, también a disposición de cualquier
criterio que pueda perfeccionarla o reformular algún aspecto. Todo ello
previo a su próxima presentación en la sesión plenaria de la ANPP.
Como es el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH) el rector de las aguas terrestres y el
encargado de, entre otras funciones, controlar el uso eficiente y la
calidad del preciado líquido, planificar y dirigir acciones relacionadas
con su gestión y monitoreo, así como regular los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial urbano, JR
conversó con Edilberto Pérez Blanco, especialista principal jurídico de
ese órgano del Estado, quien ha formado parte de cada encuentro público
que se ha efectuado sobre la legislación.
Pérez Blanco posee amplia experiencia
sobre el uso del agua que hace el país, además de que ha estudiado
prácticas de vanguardia en el mundo respecto a este líquido y apuesta
por usos vinculados con la ciencia y a una mejor conciencia de su ahorro
y empleo efectivo.
—¿Cuánto cambió el uso y la demanda del agua en el país con la actualización del modelo económico?
—La actualización implica una
reanimación de la economía, y ello conlleva a un mayor consumo de
algunos recursos, entre estos el agua, ya sea para la producción o la
prestación de servicios. Cuando pensamos en la cantidad de agua potable
necesaria para la población cubana, ahora habría que sumar la que
consumen los casi cuatro millones de turistas que tenemos cada año.
También se reaviva la transportación y el agua que requieren esos
medios. A medida que se reconforte la economía, el consumo crecerá.
«¿Qué pudiera proporcionar que no sea
desmedida la demanda? Tecnologías más eficientes que hay que ir
incorporando al país. Entre estas los sensores de agua, comunes en casi
cualquier país; o las nuevas fregadoras de autos, que emplean la
aspersión para no gastar tanta agua y hasta tienen trampas para
retenerla y volverla a usar.
«Otras de las inversiones que atraen
turismo, los campos de golf, también requieren mucho gasto del líquido
para mantenerse en buen estado. Cada uno de los cambios económicos
implica retos y la preocupación de cómo garantizar el agua con la
calidad que cada labor requiere para esas nuevas actividades sin que se
afecten las otras. Igual conllevaría pensar en los modos de reciclarla
(en la misma labor) o reutilizarla (en otra función).
«Podríamos hacer nuestra la tendencia de
la cosecha de la lluvia, que es el aprovechamiento individual de este
fluido para emplearlo en las viviendas. Pero hay que crear sistemas
para captarla, almacenarla y usarla con los cuidados que requiere».
—¿Dónde aparecen los mayores
problemas respecto a la conciencia del ahorro del agua? ¿En el sector
estatal o el residencial? ¿Cuán al día está Cuba en ese tema?
—Quizá en algún momento se ha dicho que
en el sector residencial, pero dentro de este también hay
instituciones. Cuando se estudia el uso del agua en el país, se ve que
el 60 por ciento de esta se emplea en la agricultura; eso pone la
atención en los sistemas de riego que empleamos. Si seguimos regando por
anegación del terreno, sin tener en cuenta la racionalidad del agua,
tendremos un gasto grande.
«El sector doméstico consume entre el 15
y el 20 por ciento, además del 20 por ciento que pueden perder los
acueductos por problemas de redes. Igual presentamos dificultades con
los dispositivos para tener agua en un hogar y con las redes para
recibirla. A veces no basta cambiar un lavamanos o una taza si hay
salideros internos.
«También influye cómo usamos el agua
desde los hogares, proporción que es muy diversa. Por ejemplo, en
aquellos sitios a los que este líquido llega cada diez días, es muy
difícil que no se use eficientemente. En cambio, quienes no sienten la
ausencia, no minimizan el gasto.
«La conciencia del país tiene que ver
con el nivel de desarrollo. Es difícil que en Cuba se construyan
viviendas con sistemas paralelos de agua (uno para la potable y otro
para el resto). Resulta complicado establecer sistemas al interior de
las viviendas que puedan diferenciar las aguas que se usan para
emplearlas en otros fines, así como adquirir plantas para el tratamiento
del líquido o construir acueductos que lo utilicen de manera más
racional y automatizada. La falta de tecnología nos afecta.
«Sin embargo, la carencia del agua nos
da la conciencia de que hay que hacer algo para que nos dure más, aunque
no es la misma que hemos ganado frente a los eventos
hidrometeorológicos, en lo que se ha avanzado mucho más. Pero nos limita
la falta de presupuesto para asumir gastos y otros fenómenos, como el
bloqueo, lastran nuestro hacer».
—Desde la web de JR las personas
comentaban: «Si Cuba está rodeada de agua, ¿por qué no tenemos la
suficiente?». Nos sumamos a esa pregunta.
—Cuando se habla en esos términos es
pensando en la posibilidad de usar desalación o desalinización. Pero
entre esa agua salada y los usos que se le puede dar, se requiere
tecnología altamente costosa para enfrentar los elevados niveles de sal
del área. Tenemos algunas plantas con esos fines que abastecen cayos en
la industria turística, porque es muy costoso transportar agua potable
hacia allá. Pero generalizar las plantas desalinizadoras —aunque el país
ha comprado algunas y piensa adquirir más— es solo una solución para
situaciones extremas».
—¿Cuáles son las principales
dificultades que ha identificado el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH) en relación con el agua y cómo la ley puede
solucionarlas?
—El primer problema es el envejecimiento
de las redes: la infraestructura a través de la cual se conduce el agua
está en muy mal estado. Coinciden conductoras de distintas
generaciones; actualmente ya estamos usando el PVD y todavía se
encuentran las de barro y ferrocemento. Eso deriva en que haya una
pérdida del 60 por ciento del agua que se bombea y haya que impulsar un
160 por ciento.
«Otra dificultad es la indisciplina en
la construcción de asentamientos poblacionales, que ocurre generalmente
sin tener en cuenta las fuentes de agua y la forma en que se realizará
el abastecimiento. Hemos encontrado lugares en los que los acueductos no
serían el modo adecuado de llevarles el agua; sin embargo funcionan
así.
«También sucede que, como tenemos el
problema de las redes hidráulicas, el agua no llega con la presión
debida. Eso implica que la población deba usar bombas de agua. Si el
acueducto funcionara correctamente las 24 horas y con una presión ideal,
el agua podría alcanzar un quinto piso.
«No ha existido una introducción masiva
de mecanismos para que se use el agua de un modo adecuado. Por ejemplo,
en la agricultura muchos medios para regar son obsoletos. Si usted tiene
salideros en la casa, problemas con las llaves o fugas en la taza del
baño, eso genera despilfarro.
«Tampoco hemos logrado llegar a un punto
aceptable en el metraje del agua, sin querer que las tarifas del
servicio sean inaccesibles. Pero en un edificio multifamiliar donde no
hay metro contador se paga solamente un peso y 20 centavos por cada
miembro del núcleo. Cifras más altas ayudarían a que, cuando se vea el
gasto, se tomen medidas para reducir el pago, y se use mejor el agua.
«Aunque el país dedica muchos fondos a
tratar de rehabilitar los acueductos, faltan recursos. Rehabilitar una
red en una ciudad es complejo, porque —además de las redes hidráulicas
de alcantarillado y agua potable— existen redes eléctricas y de gas.
Para cualquier reparación hay que hacer coordinaciones.
«Si aplicamos lo que establece la norma
en cuanto a reciclaje y uso del agua, eso tendrá que influir en la
población. Aunque el país y el INRH están enfrascados en esos problemas,
no hay que olvidar que la infraestructura hidráulica es muy costosa y
las tarifas de estos servicios no se pueden vincular a su valor ni a la
inversión que implica prestarlo, porque sería inaccesible. A medida que
haya más calidad, más conciencia tendrá la población».
—¿Cuáles de esos problemas están en la ley y cómo se les piensa dar solución?
—El agua en Cuba está distribuida de
manera racionalizada porque se da a través del plan de asignación, en
dependencia de las posibilidades que existen de entregarla para cubrir
la demanda. De ahí surgen las cifras de los volúmenes de agua para dar a
cada usuario. Si eso se cumple con rigor, da disciplina al prestador
del servicio y mejora la relación entre este y el usuario. Esto se hacía
así con disposiciones ministeriales, pero ahora se eleva al rango de
ley y en el Reglamento se establecerá el procedimiento.
«Seguimos dependiendo de la variable
lluvia, porque se ha detectado en los monitoreos, capaces de determinar
los niveles normales de precipitaciones de una zona, para estar
preparados ante las sequías, que cada vez ocurren en intervalos de
tiempo más breves y se agudizan apenas comienzan. Esos análisis nos han
conducido a la realidad de que construir trasvases es tan importante
como mejorar la infraestructura, porque nos han permitido superar la
situación, hacer entregas de agua y llevar control.
«Una categoría que teníamos en cuenta
—pero no estaba incluida en ninguna norma— es la llamada productividad
del agua, que es una valoración del uso que se le da a este líquido, que
busca correspondencia con la cantidad otorgada y el resultado
productivo. En Cuba hemos logrado establecer los índices de consumo, que
muestran la cantidad y calidad de agua ideal que requiere una
actividad.
«Antes nos afectó que el Decreto Ley 138
(encargado de regular lo concerniente al agua) se emitió sin reglamento
y luego, para implementarlo, se hicieron muchas disposiciones
dispersas, que dificultan el control. Por eso desde el Instituto
trabajamos en el Reglamento de esta nueva ley, que se dará a conocer 60
días después de que se apruebe».
—¿Cuáles otros conflictos no están en la ley?
—Aunque está recogida en la política,
fue planteada por varios diputados en los debates la necesidad de formar
mejor una cultura del ahorro, aspecto de la norma que se perfeccionó
después de los diálogos. Esa necesidad también podría trabajarse más
desde la ciencia. Con iniciativas para reciclar el agua residual,
tendremos una nueva reserva y se evitaría la contaminación que ocasionan
los vertimientos residuales. Esa es un agua que, con el tratamiento
adecuado, podemos volver a usarla, sin tener que esperar a recibir más
cantidad.
—¿Cuánto aumenta la exigencia respecto a la función social del Instituto con la nueva ley?
—La función del INRH no varía. Seguimos
siendo el Organismo de la Administración Central del Estado que rectorea
aguas terrestres. La disposición transitoria de la ley recoge que,
hasta ahora, se mantienen las instituciones que prestaban servicios
relacionados con el agua.
«Elaborar una norma de este rango
resulta complejo, porque hay que estudiar todo el sistema normativo para
que no haya contradicciones y lograr que las instituciones del país
adecuen sus disposiciones a la nueva. Por ejemplo, entre las nuevas
responsabilidades están las que se les otorgan a los consejos de
administración de cada territorio con la constitución de los consejos de
cuencas hidrográficas, una función que estaba identificada, pero no del
modo inmediato en el que debe verse de cara al futuro».
—¿Será posible que algún
acueducto se entregue a la gestión no estatal, teniendo en cuenta los
principios fundamentales de que el agua es un recurso público?
—Sobre la participación de privados en
los servicios públicos está nuestra experiencia en la capital con el
abastecimiento de agua potable y de saneamiento sanitario y pluvial,
gestionado por una entidad privada mixta; y el acueducto de Varadero,
gestionado por una entidad extranjera, a través de un contrato de
administración.
«Nuestra Constitución es muy precisa
respecto a la propiedad estatal socialista de todo el pueblo, de la que
forman parte el agua y los medios fundamentales de producción y
transporte, aunque en algún momento tendríamos que dejar muy claro lo
referente a los medios fundamentales de prestación de servicios, como es
el caso de los acueductos o grandes obras, entre estas las presas.
«En los estudios iniciales de esta ley
se analizaron las autorizaciones que se requieren en caso de algún
cambio, pues existe la posibilidad de que eso ocurra. Si se le otorgara
esta función a algún ente privado, tendría como base a la legislación, y
sería decidido al más alto nivel y con rigurosa regulación, porque lo
relacionado con el agua es muy importante. El encargado formaría parte
del plan de asignaciones y tendría obligaciones respecto a los bienes
que se permita que pasen a su propiedad o administración.
«No debe haber ningún temor ante esto,
porque la ley fortalece principios respecto a que quien preste algún
servicio público relacionado con el agua, no puede utilizar la
infraestructura en detrimento del derecho a su acceso».
—¿Qué cambios registra este proyecto de ley en cuanto a la regulación del uso y el consumo de este servicio?
—Todo se mantendrá igual. Lo único que
se busca es tratar de acercar el agua que recibe la población a los
estándares internacionales. Incluso se legisla hasta el modo en el que
se harán las entregas públicas, a través de los distintos tipos de
acueductos.
—¿Por qué se atribuye tanta importancia a las cuencas hidrográficas dentro del proyecto de ley?
—Hasta ahora en Cuba se le ha dado más
visibilidad a la división político-administrativa que a la cuenca
hidrográfica, que es un elemento natural que determina el asentamiento
de los seres humanos. Hemos dividido la cuenca desde el punto de vista
administrativo.
«Aunque aquí no tenemos los problemas de
otros países en los que varios estados ocupan una cuenca y se disputan
su agua, no deberíamos tomar como eje conductor de la gestión y
planificación del agua a las provincias, sino a la cuenca, que es donde
está en su componente natural.
«La creación de un Consejo Nacional de
Cuencas ayuda a mirar esta realidad desde sus exigencias políticas.
Estamos construyendo trasvases que atraviesan provincias, y cuencas como
la del río Toa tienen cinco a su alrededor. Por eso es importante que
no entren en conflicto los otros componentes desde los cuales se puede
ver el agua. Si prevalece el elemento economicista, se destruye el medio
ambiente. Si prevalece el ambiental y no hay equilibrio con el
económico, se dificulta el social. La norma regula esto.
«El Consejo Nacional de Cuencas surge
como un órgano del Consejo de Ministros. Ahora pasará a ser de Recursos
Hidráulicos y con la participación territorial de todos los organismos y
gestores de la vida política y social del país. Además del Consejo
Nacional, están los provinciales y locales, junto a los específicos, que
son para ríos importantes como el Toa. Eso da una visión más amplia de
lo referente al agua. Hay que ir transformando la mentalidad desde el
punto de vista de la división político-administrativa, a la de cuenca».
—¿Qué retos implica para los organismos involucrados en esta gestión el hacer efectiva la letra de la norma?
—Como el agua es imprescindible, siempre
se resalta lo negativo respecto a esta. Pocas veces se escuchan
historias de lo bueno que se hace, como las sustituciones de barro por
polietileno de alta densidad (con una duración estimada de 50 años) que
se han hecho por estos días en zonas de la capital. Pero es bueno que se
resalte lo malo para poder trabajar mejor.
«Igual debemos enfrentarnos al reto de
que, en la medida en que se va entregando agua a las personas más
rápidamente, se requiere más presión para satisfacerlas. Incomodan las
aguas albañales, y que el agua potable esté coexistiendo con esas en
algunos casos. No debe haber salideros ni de la una ni de la otra.
«Desde el INRH elaboramos la política
del agua y tenemos que ver con la ley porque es nuestra iniciativa
legislativa. Pero está el usuario del agua y están los prestadores.
Mientras no haya rehabilitación de las redes, ni posibilidad de que el
Estado acometa —con fondos del presupuesto central— y que eso repercuta
en los medios con los que cuenta el prestador para dar un servicio,
vamos a tener esos problemas, además de los subjetivos como las
indisciplinas, la mala calidad y la indolencia del prestador como
entidad y ante sus trabajadores.
«Nuestra capital está muy envejecida,
con un patrimonio inmobiliario que tiene en mal estado alrededor del 70
por ciento, igual que las redes que lo conforman. Mientras siga siendo
así, tendremos que vivir de la rehabilitación.
«Cuando levantemos nuevos asentamientos,
debemos mirar que se hagan con calidad y buena administración, además
de que cuenten con los recursos que requieren. Hemos ido obteniendo
materiales con impacto significativo en las inversiones que estamos
acometiendo. Eso tiene que ver con créditos y donativos que estamos
recibiendo. En la medida en que tengamos la disponibilidad de los
fondos, el servicio irá mejorando; el resto quedaría por la exigencia a
los trabajadores.
«Esta es una actividad muy peculiar;
ningún país debe enriquecerse con el servicio público del agua, porque
no es el objetivo y está en contra de nuestros principios. Quienes
trabajamos en Recursos Hidráulicos recibimos los mismos efectos de los
servicios, porque no tenemos red aparte para nosotros, y estamos
conscientes de que hay que resolverlos, porque se trata del agua nuestra
de cada día».
No hay comentarios.:
Publicar un comentario