Por: José Miguel Vázquez.
PALABRAS DE RICARDO ALARCÓN DE QUESADA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR EN LA CONFERENCIA COYUNTURA CUBANA
Conmemoración del 80 Aniversario del “Congreso Evangélico Hispanoamericano de La Habana 1929″.
Conmemoración del 80 Aniversario del “Congreso Evangélico Hispanoamericano de La Habana 1929″.
Estimados amigos:
Como el tiempo apremia iré directamente al grano.
El jueves 4 de junio hablando en la Universidad islámica Al-Azhar en El Cairo el Presidente Barack Obama afirmó: “ningún sistema de gobierno puede o debe ser impuesto por una nación a ninguna otra. Estados Unidos no pretende saber lo que es mejor para todos”.
Lo antes citado, es, sencillamente, una obligación elemental de todos los estados y sin embargo forma parte de los esfuerzos de la actual administración estadounidense para proyectar una imagen renovada y conciliadora.
Pero esa idea que se presenta como rectificadora no incluye a Cuba. Nuestro país no tiene lugar dentro de esa visión que busca convencer al mundo de que la actitud norteamericana hacia los demás ha cambiado. Es como si para Washington Cuba no fuese otra nación, careciera de independencia y perteneciera a la jurisdicción norteamericana. Tal es el significado de la declaración emitida por la Casa Blanca el 13 de abril de 2009: “La promoción de la democracia y los derechos humanos en Cuba es en el interés nacional de los Estados Unidos y es un componente clave de la política exterior de esta Nación”.
Lo mismo han dicho más de una vez el Presidente Obama, la Secretaria de Estado Clinton y otros funcionarios de su gobierno.
Si vamos a creerles, ellos sí saben que es lo mejor para los cubanos y pretenden imponerles otro sistema de gobierno porque, después de todo, Cuba no es una Nación sino un territorio carente de soberanía propia.
Esa ha sido, en esencia, la política hacia Cuba de todos los que han habitado la Casa Blanca.
La idea de que Cuba les pertenece o debiera pertenecerles surgió desde que las Trece Colonias de Norteamérica se separaron de Gran Bretaña, antecede al inicio de nuestra lucha por la independencia nacional y ha persistido a lo largo de una historia que ya cumple dos siglos. Abandonar esa idea sería un cambio verdadero, un cambio con mayúscula, aunque, en rigor, significaría acatar la exigencia básica de la convivencia civilizada.
Los mencionados funcionarios han reiterado que mantendrán lo que insisten en llamar, con evidente hipocresía, “embargo” económico contra Cuba. Pese a que el mundo entero no cesa de condenar esa política por su nombre verdadero, “bloqueo”, precisamente, porque la diferencia principal entre ambos términos es que el segundo implica acciones extraterritoriales en perjuicio no sólo de Cuba sino también de toda la comunidad internacional.
En realidad lo que Cuba enfrenta, y resiste hace medio siglo, es mucho más que un bloqueo. Es una verdadera guerra en la que se emplean todos los medios para tratar de asfixiarla económicamente. Al hacerlo han causado graves daños a la sociedad, lastrando su desarrollo material y provocando indecibles penurias y sufrimientos a todos los cubanos y las cubanas.
Tampoco es una guerra económica cualquiera. Es, sin exageración alguna, una política genocida cuyo deliberado propósito es hacer sufrir, provocar el hambre y la desesperación a todo un pueblo. Corresponde exactamente con lo que las Convenciones de Ginebra definen como el crimen de genocidio, el genocidio más prolongado de la historia.
No habrá que esperar por un Nuremberg futuro para conocer los nombres de quienes concibieron el crimen y cuándo y dónde planearon su ejecución. En los años noventa del pasado siglo fueron desclasificados algunos documentos oficiales norteamericanos que, pese a numerosas omisiones y tachaduras, permiten descubrir el empeño genocida que dirigía las acciones anticubanas de Washington reflejado en informes y actas de reuniones secretas al más alto nivel.
Ya en la primavera de 1959 cuando discutían algunas de sus primeras acciones, encaminadas a eliminar nuestras exportaciones azucareras al mercado norteamericano, el entonces Secretario de Estado reconocía que con ellas “causarían desempleo generalizado, la mayoría del pueblo quedaría sin trabajo y comenzaría a pasar hambre”.
Poco después en un revelador documento que exponía la esencia de su política afirmaron: “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es a través del desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, aun siendo lo más mañosa y discreta posible, logre los mayores avances en privar a Cuba de dinero y suministros, para reducirles sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.
Cuando se escribieron esas palabras el 70% de nuestra población actual aun no había nacido. Ella ha vivido toda su vida resistiendo las privaciones y dificultades materiales, amenazada con el hambre y el exterminio, víctima del bárbaro castigo que el Imperio impuso a sus abuelos y a sus padres por su apoyo a Fidel Castro y al régimen revolucionario. Tampoco había nacido entonces Barack Obama. Él nada tuvo que ver con la aprobación de esa política ni con su aplicación durante muchos años. Pero ahora él es el Jefe del Estado que práctica el genocidio contra Cuba y cuando se ha referido al tema ha reiterado que mantendrá el bloqueo como tenaza para forzar a Cuba a adoptar el sistema de gobierno que Washington quiere imponernos.
El empeño por provocar sufrimientos, despojar a los cubanos de su soberanía y obligarlos a acatar el sistema decidido por Washington se ha expresado también con el empleo de otros medios incluyendo las más abominables acciones terroristas.
Cuando se produjeron los hechos atroces del 11 de Septiembre de 2001 y el pueblo norteamericano descubrió el terrorismo internacional, encontró en Cuba la más completa, sincera e inmediata solidaridad. Los cubanos hemos sufrido acciones terroristas procedentes del Norte durante medio siglo. La mayoría de nuestros ciudadanos ha vivido siempre bajo la amenaza de grupos criminales que han operado con total impunidad desde el territorio norteamericano.
No es una cuestión del pasado. Se trata de la realidad actual, el dato más inmediato, tangible, de la coyuntura cubana en este verano de 2009. La infame decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 15 de junio, de no aceptar la petición que se le hizo para que revisase el caso de nuestros Cinco compatriotas presos allá por luchar contra ese flagelo, es la más reciente prueba de que el terrorismo anticubano sigue contando en aquel país con el apoyo y la complicidad gubernamental.
Los jueces actuaron conforme se los solicitó la Administración Obama. Sin una palabra, sin ofrecer la menor explicación, ignoraron groseramente las peticiones que les formularon respetuosamente diez laureados con el Premio Nobel, centenares de parlamentarios, decenas de organizaciones de juristas y de defensores de los derechos humanos que representan a muchos millones en todo el mundo.
El terrorismo internacional recibió el respaldo oficial de Washington el pasado 15 de junio. Los propios criminales lo reconocen abiertamente. Desde ese día se les puede ver otra vez, ante cámaras y micrófonos en Miami, con total desvergüenza, alardeando de sus fechorías, anunciando nuevos ataques contra Cuba y amenazando a otros pueblos de América Latina. ¿Qué dicen al respecto en Washington? No me refiero a la Corte Suprema que, ya se sabe, tiene la mudez por virtud. Pero el Presidente Obama habla en público todos los días.
¿Continuará la impunidad bajo su mandato?
En sus manos está poner fin a la iniquidad cometida contra Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René. Él sabe que la Constitución le da al Presidente, solo a él, la facultad de retirar la infame acusación que fue la base de un proceso plagado de arbitrariedades y violaciones desde el primer día, que ha sido el único condenado por un grupo imparcial de expertos de Naciones Unidas y ha concitado el más amplio repudio en todo el mundo, un proceso espurio que jamás tuvo justificación.
Él sabe también cuan fácil es retirar una acusación. Lo hizo el primero de mayo de 2009 con relación a tres personas que fueron encontradas culpables de haber entregado a Israel informaciones militares secretas capaces de colmar los anaqueles de una biblioteca pública.
En el caso de nuestros Cinco compatriotas es muchísimo más fácil. Cuenta con dos poderosos argumentos. Ambos son prueba irrefutable de la prevaricación de la que han sido víctimas y que el juicio de Miami no fue más que una farsa grosera y sórdida.
Gerardo, Ramón y Antonio fueron acusados falsamente de “conspiración para cometer espionaje” y condenados a perpetuidad. La Corte de Apelaciones de Atlanta, en septiembre de 2008, unánimemente, decidió anular las brutales sentencias contra Ramón y Antonio porque ninguno de los tres había poseído o transmitido información de carácter secreto o militar ni había hecho nada en perjuicio de la seguridad de Estados Unidos.
Durante más de diez años la poderosa maquinaria de mentiras del Imperio -ese engendro que se hace llamar medios masivos de información- los calumnió como si fuesen peligrosos espías y algunos persisten dolosamente en hacerlo. Hubo que luchar tanto tiempo para que el Tribunal de Apelaciones reconociera lo que se sabía desde el primer día. Ahora habrá que luchar ante los tribunales para lograr la inmediata libertad de Ramón y Antonio que no cometieron espionaje alguno y la de Fernando cuya sentencia injusta y exagerada a 19 años de prisión también fue anulada por la Corte de Apelaciones por otros errores.
Esa misma Corte, sin embargo, pese a reconocer que Gerardo Hernández tampoco había realizado espionaje decidió ratificarle el castigo a prisión perpetua. Esta insólita arbitrariedad era una de las razones que sustentaban la petición de revisión que el Tribunal Supremo rehusó considerar.
La otra acusación formulada contra Gerardo, la infamia de atribuirle participación en un supuesto asesinato que no ocurrió, la puede y debe retirar el Presidente Obama sin mucho esfuerzo. Le bastaría con recordar que eso intentó hacer su predecesor, George W. Bush.
En mayo de 2001, cuando se acercaba al final la farsa judicial de Miami, la Fiscalía General dio un paso que ella misma calificó como algo sin precedente en la historia norteamericana. Pidió a la Corte de Apelaciones de Atlanta retirar la acusación ya que, ante las pruebas presentadas, no podía probarla y conduciría al fracaso que haría derrumbarse el caso contra los Cinco. Denegada la solicitud el Jurado debió pronunciarse sobre la acusación inicial, la que el propio Gobierno reconoció imposible de probar y quiso retirar.
Los miembros del jurado no expresaron dudas ni pidieron aclaraciones y sin vacilar, en pocos minutos, declararon culpable a Gerardo por un crimen que no cometió y por el que ya no era acusado. Tal cosa sólo podía suceder en Miami con un jurado amedrentado por las amenazas y presiones de los terroristas. Sólo jueces prevaricadores pudieron imponerle el castigo más cruel e irracional. Con la decisión del 15 de junio a Gerardo se le ha cerrado completamente la posibilidad de encontrar justicia en el sistema judicial.
Continuaremos la lucha reclamando la inmediata liberación de nuestros Cinco compatriotas. De todos y cada uno de ellos.
El Presidente Obama puede devolverles la libertad y tiene la obligación moral de hacerlo y hacerlo ya. Para persuadirlo se requiere la más urgente y amplia movilización en todas partes.
Por ello comprenderán ustedes que he estimado necesario dedicar el mayor espacio a esta cuestión. Después de todo ustedes representan a millones de personas cuyas conductas se rigen por una ética del amor y la solidaridad, inspiradas por la voz milenaria que convoca “a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos”. (Isaías 61.1, S. Lucas 4.18).
Agradezco la invitación a participar en este encuentro para conmemorar el aniversario 80 del Primer Congreso evangélico hispanoamericano. Próximamente conmemoraremos también el décimo aniversario de la Celebración evangélica cubana.
Se trata de actividades de la mayor importancia. Grande es la contribución que pueden hacer los cristianos, todos, sin excluir a ninguno, especialmente, como justamente señala Sergio Arce Martínez, cuando estamos “frente a las tentaciones que proceden de la apertura de Cuba al mundo ancho y ajeno del Capital, tan diferente y contradictorio al nuestro”. Sergio tiene toda la guevariana razón al proclamar que “el socialismo es un proyecto fundamentalmente ético o no es propiamente socialismo”.
Realizar ese proyecto, defenderlo y perfeccionarlo, es tarea a la que la Patria nos convoca a todos.
Seminario Evangélico de Teología de Matanzas
23 de junio 2009
Como el tiempo apremia iré directamente al grano.
El jueves 4 de junio hablando en la Universidad islámica Al-Azhar en El Cairo el Presidente Barack Obama afirmó: “ningún sistema de gobierno puede o debe ser impuesto por una nación a ninguna otra. Estados Unidos no pretende saber lo que es mejor para todos”.
Lo antes citado, es, sencillamente, una obligación elemental de todos los estados y sin embargo forma parte de los esfuerzos de la actual administración estadounidense para proyectar una imagen renovada y conciliadora.
Pero esa idea que se presenta como rectificadora no incluye a Cuba. Nuestro país no tiene lugar dentro de esa visión que busca convencer al mundo de que la actitud norteamericana hacia los demás ha cambiado. Es como si para Washington Cuba no fuese otra nación, careciera de independencia y perteneciera a la jurisdicción norteamericana. Tal es el significado de la declaración emitida por la Casa Blanca el 13 de abril de 2009: “La promoción de la democracia y los derechos humanos en Cuba es en el interés nacional de los Estados Unidos y es un componente clave de la política exterior de esta Nación”.
Lo mismo han dicho más de una vez el Presidente Obama, la Secretaria de Estado Clinton y otros funcionarios de su gobierno.
Si vamos a creerles, ellos sí saben que es lo mejor para los cubanos y pretenden imponerles otro sistema de gobierno porque, después de todo, Cuba no es una Nación sino un territorio carente de soberanía propia.
Esa ha sido, en esencia, la política hacia Cuba de todos los que han habitado la Casa Blanca.
La idea de que Cuba les pertenece o debiera pertenecerles surgió desde que las Trece Colonias de Norteamérica se separaron de Gran Bretaña, antecede al inicio de nuestra lucha por la independencia nacional y ha persistido a lo largo de una historia que ya cumple dos siglos. Abandonar esa idea sería un cambio verdadero, un cambio con mayúscula, aunque, en rigor, significaría acatar la exigencia básica de la convivencia civilizada.
Los mencionados funcionarios han reiterado que mantendrán lo que insisten en llamar, con evidente hipocresía, “embargo” económico contra Cuba. Pese a que el mundo entero no cesa de condenar esa política por su nombre verdadero, “bloqueo”, precisamente, porque la diferencia principal entre ambos términos es que el segundo implica acciones extraterritoriales en perjuicio no sólo de Cuba sino también de toda la comunidad internacional.
En realidad lo que Cuba enfrenta, y resiste hace medio siglo, es mucho más que un bloqueo. Es una verdadera guerra en la que se emplean todos los medios para tratar de asfixiarla económicamente. Al hacerlo han causado graves daños a la sociedad, lastrando su desarrollo material y provocando indecibles penurias y sufrimientos a todos los cubanos y las cubanas.
Tampoco es una guerra económica cualquiera. Es, sin exageración alguna, una política genocida cuyo deliberado propósito es hacer sufrir, provocar el hambre y la desesperación a todo un pueblo. Corresponde exactamente con lo que las Convenciones de Ginebra definen como el crimen de genocidio, el genocidio más prolongado de la historia.
No habrá que esperar por un Nuremberg futuro para conocer los nombres de quienes concibieron el crimen y cuándo y dónde planearon su ejecución. En los años noventa del pasado siglo fueron desclasificados algunos documentos oficiales norteamericanos que, pese a numerosas omisiones y tachaduras, permiten descubrir el empeño genocida que dirigía las acciones anticubanas de Washington reflejado en informes y actas de reuniones secretas al más alto nivel.
Ya en la primavera de 1959 cuando discutían algunas de sus primeras acciones, encaminadas a eliminar nuestras exportaciones azucareras al mercado norteamericano, el entonces Secretario de Estado reconocía que con ellas “causarían desempleo generalizado, la mayoría del pueblo quedaría sin trabajo y comenzaría a pasar hambre”.
Poco después en un revelador documento que exponía la esencia de su política afirmaron: “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es a través del desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, aun siendo lo más mañosa y discreta posible, logre los mayores avances en privar a Cuba de dinero y suministros, para reducirles sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.
Cuando se escribieron esas palabras el 70% de nuestra población actual aun no había nacido. Ella ha vivido toda su vida resistiendo las privaciones y dificultades materiales, amenazada con el hambre y el exterminio, víctima del bárbaro castigo que el Imperio impuso a sus abuelos y a sus padres por su apoyo a Fidel Castro y al régimen revolucionario. Tampoco había nacido entonces Barack Obama. Él nada tuvo que ver con la aprobación de esa política ni con su aplicación durante muchos años. Pero ahora él es el Jefe del Estado que práctica el genocidio contra Cuba y cuando se ha referido al tema ha reiterado que mantendrá el bloqueo como tenaza para forzar a Cuba a adoptar el sistema de gobierno que Washington quiere imponernos.
El empeño por provocar sufrimientos, despojar a los cubanos de su soberanía y obligarlos a acatar el sistema decidido por Washington se ha expresado también con el empleo de otros medios incluyendo las más abominables acciones terroristas.
Cuando se produjeron los hechos atroces del 11 de Septiembre de 2001 y el pueblo norteamericano descubrió el terrorismo internacional, encontró en Cuba la más completa, sincera e inmediata solidaridad. Los cubanos hemos sufrido acciones terroristas procedentes del Norte durante medio siglo. La mayoría de nuestros ciudadanos ha vivido siempre bajo la amenaza de grupos criminales que han operado con total impunidad desde el territorio norteamericano.
No es una cuestión del pasado. Se trata de la realidad actual, el dato más inmediato, tangible, de la coyuntura cubana en este verano de 2009. La infame decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 15 de junio, de no aceptar la petición que se le hizo para que revisase el caso de nuestros Cinco compatriotas presos allá por luchar contra ese flagelo, es la más reciente prueba de que el terrorismo anticubano sigue contando en aquel país con el apoyo y la complicidad gubernamental.
Los jueces actuaron conforme se los solicitó la Administración Obama. Sin una palabra, sin ofrecer la menor explicación, ignoraron groseramente las peticiones que les formularon respetuosamente diez laureados con el Premio Nobel, centenares de parlamentarios, decenas de organizaciones de juristas y de defensores de los derechos humanos que representan a muchos millones en todo el mundo.
El terrorismo internacional recibió el respaldo oficial de Washington el pasado 15 de junio. Los propios criminales lo reconocen abiertamente. Desde ese día se les puede ver otra vez, ante cámaras y micrófonos en Miami, con total desvergüenza, alardeando de sus fechorías, anunciando nuevos ataques contra Cuba y amenazando a otros pueblos de América Latina. ¿Qué dicen al respecto en Washington? No me refiero a la Corte Suprema que, ya se sabe, tiene la mudez por virtud. Pero el Presidente Obama habla en público todos los días.
¿Continuará la impunidad bajo su mandato?
En sus manos está poner fin a la iniquidad cometida contra Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René. Él sabe que la Constitución le da al Presidente, solo a él, la facultad de retirar la infame acusación que fue la base de un proceso plagado de arbitrariedades y violaciones desde el primer día, que ha sido el único condenado por un grupo imparcial de expertos de Naciones Unidas y ha concitado el más amplio repudio en todo el mundo, un proceso espurio que jamás tuvo justificación.
Él sabe también cuan fácil es retirar una acusación. Lo hizo el primero de mayo de 2009 con relación a tres personas que fueron encontradas culpables de haber entregado a Israel informaciones militares secretas capaces de colmar los anaqueles de una biblioteca pública.
En el caso de nuestros Cinco compatriotas es muchísimo más fácil. Cuenta con dos poderosos argumentos. Ambos son prueba irrefutable de la prevaricación de la que han sido víctimas y que el juicio de Miami no fue más que una farsa grosera y sórdida.
Gerardo, Ramón y Antonio fueron acusados falsamente de “conspiración para cometer espionaje” y condenados a perpetuidad. La Corte de Apelaciones de Atlanta, en septiembre de 2008, unánimemente, decidió anular las brutales sentencias contra Ramón y Antonio porque ninguno de los tres había poseído o transmitido información de carácter secreto o militar ni había hecho nada en perjuicio de la seguridad de Estados Unidos.
Durante más de diez años la poderosa maquinaria de mentiras del Imperio -ese engendro que se hace llamar medios masivos de información- los calumnió como si fuesen peligrosos espías y algunos persisten dolosamente en hacerlo. Hubo que luchar tanto tiempo para que el Tribunal de Apelaciones reconociera lo que se sabía desde el primer día. Ahora habrá que luchar ante los tribunales para lograr la inmediata libertad de Ramón y Antonio que no cometieron espionaje alguno y la de Fernando cuya sentencia injusta y exagerada a 19 años de prisión también fue anulada por la Corte de Apelaciones por otros errores.
Esa misma Corte, sin embargo, pese a reconocer que Gerardo Hernández tampoco había realizado espionaje decidió ratificarle el castigo a prisión perpetua. Esta insólita arbitrariedad era una de las razones que sustentaban la petición de revisión que el Tribunal Supremo rehusó considerar.
La otra acusación formulada contra Gerardo, la infamia de atribuirle participación en un supuesto asesinato que no ocurrió, la puede y debe retirar el Presidente Obama sin mucho esfuerzo. Le bastaría con recordar que eso intentó hacer su predecesor, George W. Bush.
En mayo de 2001, cuando se acercaba al final la farsa judicial de Miami, la Fiscalía General dio un paso que ella misma calificó como algo sin precedente en la historia norteamericana. Pidió a la Corte de Apelaciones de Atlanta retirar la acusación ya que, ante las pruebas presentadas, no podía probarla y conduciría al fracaso que haría derrumbarse el caso contra los Cinco. Denegada la solicitud el Jurado debió pronunciarse sobre la acusación inicial, la que el propio Gobierno reconoció imposible de probar y quiso retirar.
Los miembros del jurado no expresaron dudas ni pidieron aclaraciones y sin vacilar, en pocos minutos, declararon culpable a Gerardo por un crimen que no cometió y por el que ya no era acusado. Tal cosa sólo podía suceder en Miami con un jurado amedrentado por las amenazas y presiones de los terroristas. Sólo jueces prevaricadores pudieron imponerle el castigo más cruel e irracional. Con la decisión del 15 de junio a Gerardo se le ha cerrado completamente la posibilidad de encontrar justicia en el sistema judicial.
Continuaremos la lucha reclamando la inmediata liberación de nuestros Cinco compatriotas. De todos y cada uno de ellos.
El Presidente Obama puede devolverles la libertad y tiene la obligación moral de hacerlo y hacerlo ya. Para persuadirlo se requiere la más urgente y amplia movilización en todas partes.
Por ello comprenderán ustedes que he estimado necesario dedicar el mayor espacio a esta cuestión. Después de todo ustedes representan a millones de personas cuyas conductas se rigen por una ética del amor y la solidaridad, inspiradas por la voz milenaria que convoca “a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos”. (Isaías 61.1, S. Lucas 4.18).
Agradezco la invitación a participar en este encuentro para conmemorar el aniversario 80 del Primer Congreso evangélico hispanoamericano. Próximamente conmemoraremos también el décimo aniversario de la Celebración evangélica cubana.
Se trata de actividades de la mayor importancia. Grande es la contribución que pueden hacer los cristianos, todos, sin excluir a ninguno, especialmente, como justamente señala Sergio Arce Martínez, cuando estamos “frente a las tentaciones que proceden de la apertura de Cuba al mundo ancho y ajeno del Capital, tan diferente y contradictorio al nuestro”. Sergio tiene toda la guevariana razón al proclamar que “el socialismo es un proyecto fundamentalmente ético o no es propiamente socialismo”.
Realizar ese proyecto, defenderlo y perfeccionarlo, es tarea a la que la Patria nos convoca a todos.
Seminario Evangélico de Teología de Matanzas
23 de junio 2009
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