Un informe secreto del Departamento de Estado recién desclasificado sugiere que la decisión de Donald Trump de desmantelar la embajada de La Habana a principios de 2018, como reacción a unos supuestos “ataques sónicos”
contra su personal diplomático, fue una “respuesta” política plagada de
mala gestión, falta de coordinación e incumplimiento de procedimientos.
Según informa El País, el documento desclasificado —a petición del Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU.— revela que el exmandatario tomó la decisión de reducir el 60% del personal consular en La Habana y desactivar el funcionamiento de la embajada, sin tener prueba alguna de que Cuba estuviera detrás de los misteriosos problemas de salud que afectaron a sus funcionarios.
“El mecanismo de la causa de las lesiones es actualmente desconocido. Desconocemos el motivo de estos incidentes, cuándo comenzaron realmente, o quién lo hizo”, señala un informe interno del Departamento de Estado redactado en 2018, luego de cuatro meses de trabajo.
El documento también cuestiona la actuación del exsecretario de Estado, Rex Tillerson, por no designar “a un alto funcionario como responsable general” de la investigación, y critica además “el excesivo secretismo” de la CIA por no compartir información con el Departamento de Estado, lo que “retrasó” la coordinación de una “respuesta adecuada”.
En ningún momento —refiere El País— el informe niega que los diplomáticos norteamericanos sufrieran problemas de salud, pero establece que no era posible conocer las causas de lo ocurrido. Asegura que la reacción norteamericana fue deficiente, pues se “caracterizó por la falta de liderazgo de alto nivel, la ineficacia de las comunicaciones y la desorganización sistémica”.
Ilustración: Cubadebate.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reafirmó en diciembre la falsedad de las acusaciones sobre supuestos ataques acústicos efectuados contra diplomáticos de Estados Unidos en La Habana.
La maniobra sirvió de pretexto a la administración de Donald Trump para el retiro de parte de su personal diplomático en la capital cubana y dañar las relaciones entre ambos países, retomadas en 2015, tras 54 años de ruptura.
“La decisión de reducir el personal en La Habana no parece haber seguido los procedimientos estándar del Departamento de Estado y no fue precedida ni seguida por ningún análisis formal de los riesgos y beneficios de la presencia física continuada de los empleados del Gobierno estadounidense en La Habana”, señala El País sobre el informe recién desclasificado.
Desde la primera notificación de esos alegados eventos, en agosto de 2017, Cuba desarrolló una investigación sobre el caso, y expresó a las autoridades estadounidenses la voluntad de cooperar con las pesquisas para determinar las posibles causas del incidente.
El llamado “Síndrome de La Habana” será enseñado por décadas a los estudiantes de medicina como una muestra de lo que pasa cuando la política se mezcla con la ciencia, cómo se entorpece la búsqueda de la verdad o la evidencia científica, apuntó en marzo pasado el profesor Robert Bartholomew, del Departamento de Medicina Psicológica de la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda.
Los supuestos “ataques acústicos” sirvieron de pretexto al gobierno de Washington para acusar a Cuba como agresora, sin evidencia alguna de los hechos, en qué circunstancias ocurrieron y menos aún de la participación cubana.
A ello se sumó que el gobierno de Donald Trump impidió de manera reiterada que la comunidad científica especializada de ambos países discutan los temas sobre bases científicas, se accediera por Cuba al examen de los pacientes o sus historias, por lo cual los principales científicos estadounidenses involucrados en la investigación actuaron sin independencia y subordinados a las indicaciones del Departamento de Estado.
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