Aunque
los audios, videos y documentos develados por The Intercept Brasil nos
demuestran lo que prácticamente se sabía, ahí está la prueba de la gran
puesta en escena en contra del líder del Partido de los Trabajadores
Lula tenía todo a su favor para
volver a la presidencia de su país, pero un escándalo alrededor de un
«departamento de lujo», supuestamente fruto de actos de corrupción,
derivó en el amañado proceso que lo llevó hace ya más de un año a
prisión y trajo consigo el triunfo de la ultraderecha, con los
respectivos aplausos del nuevo gobierno para el entonces juez Sergio
Moro, quien se convertiría –nada más y nada menos– en Ministro de
Justicia.
Aunque los audios, videos y documentos develados por The Intercept Brasil nos demuestran lo que prácticamente se sabía, ahí está la prueba de la gran puesta en escena en contra del líder del Partido de los Trabajadores (PT), en contra de lo que él representa y es evidencia exacta de la maniobra judicial orquestada contra los líderes de la izquierda regional.
Un comunicado del PT señala que las acciones de Moro y de los magistrados que conforman la comisión Lava Jato son «crímenes contra la libertad de Lula, contra el derecho de defensa y el debido proceso legal y, principalmente, contra la soberanía del pueblo en el proceso electoral».
Se reitera, además, que Lula es un preso político, condenado y encarcelado sin haber cometido ningún crimen, a no ser el de amenazar, con la fuerza del pueblo, el resultado electoral tramado por los poderosos.
Muchas voces se han alzado en las últimas horas desde todos los rincones de la nación sudamericana y más allá, desde muchas partes del mundo, solicitando una nueva audiencia judicial para analizar el proceso del que ha sido víctima Lula da Silva, e incluso, exigiendo la dimisión de Moro.
En la tarde de este martes se supo que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Gilmar Mendes, informó que la Segunda Sala de la corte juzgará el próximo 25 de junio un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente, que demanda la recusación del exjuez Sergio Moro en el juicio por el cual Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión, y alude a la parcialidad de Moro al aceptar el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Jair Bolsonaro.
Según señala TeleSur, la defensa solicitó ante el STF suspender otros procesos penales contra Lula, que estaban bajo la responsabilidad de Moro, relacionados con supuestos beneficios obtenidos por el expresidente a través de la reforma de un sitio en Atibaia, en Sao Paulo, y supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.
Aunque los audios, videos y documentos develados por The Intercept Brasil nos demuestran lo que prácticamente se sabía, ahí está la prueba de la gran puesta en escena en contra del líder del Partido de los Trabajadores (PT), en contra de lo que él representa y es evidencia exacta de la maniobra judicial orquestada contra los líderes de la izquierda regional.
Un comunicado del PT señala que las acciones de Moro y de los magistrados que conforman la comisión Lava Jato son «crímenes contra la libertad de Lula, contra el derecho de defensa y el debido proceso legal y, principalmente, contra la soberanía del pueblo en el proceso electoral».
Se reitera, además, que Lula es un preso político, condenado y encarcelado sin haber cometido ningún crimen, a no ser el de amenazar, con la fuerza del pueblo, el resultado electoral tramado por los poderosos.
Muchas voces se han alzado en las últimas horas desde todos los rincones de la nación sudamericana y más allá, desde muchas partes del mundo, solicitando una nueva audiencia judicial para analizar el proceso del que ha sido víctima Lula da Silva, e incluso, exigiendo la dimisión de Moro.
En la tarde de este martes se supo que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Gilmar Mendes, informó que la Segunda Sala de la corte juzgará el próximo 25 de junio un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente, que demanda la recusación del exjuez Sergio Moro en el juicio por el cual Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión, y alude a la parcialidad de Moro al aceptar el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Jair Bolsonaro.
Según señala TeleSur, la defensa solicitó ante el STF suspender otros procesos penales contra Lula, que estaban bajo la responsabilidad de Moro, relacionados con supuestos beneficios obtenidos por el expresidente a través de la reforma de un sitio en Atibaia, en Sao Paulo, y supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.
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