| Texto y foto: Livia Rodríguez |
En entrevista concedida a Prensa Latina, la subdirectora del Centro de
Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (Cehseu) explicó que puede
influir en lo que se denomina percepción de riesgo sobre la isla en
compañías o personas de otros países con interés de invertir.
Según el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual puede hacerse efectivo en marzo, Washington autoriza a cualquier ciudadano o empresa estadounidense a presentar demandas ante tribunales del país norteño para reclamar compensación por propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
De acuerdo con la especialista, solo el anuncio de esta medida provoca incertidumbre y como resultado los interesados en invertir en la mayor de las Antillas esperen hasta la decisión final de Washington.
En su página web, el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (U.S.-Cuba Trade and Economic Council), divulgó que la agencia federal encargada de las reclamaciones certificó cinco mil 913 casos de más de ocho mil presentados hasta el momento.
Sus cálculos sugieren que lo anterior tiene un valor de alrededor de nueve mil millones de dólares, teniendo en cuenta los intereses devengados por años, dijo.
'La reclamación más grande que ha reconocido esta comisión es la de la compañía de electricidad cubana y la segunda la de AT&T, la antigua International Telephone and Telegraph Company; y así hay otras más, relacionadas con la hotelería, etcétera', acotó.
González aseguró que la justificación esgrimida son las pérdidas que atribuyen como resultado del proceso de nacionalización ocurrido en Cuba en 1960.
La investigadora apuntó que las autoridades cubanas lo efectuaron bajo las normas internacionales, pero la Casa Blanca no tuvo la voluntad política de negociar con la isla como hicieron otros países, entre ellos Canadá y España, los cuales recibieron compensación.
Para expertos, la activación de esa medida podría ralentizar el desarrollo económico de la nación caribeña, ya golpeada por un bloqueo de más de 55 años impuesto por Estados Unidos, pues repercutiría significativamente en el programa de inversiones proyectado hasta el 2030.
'Cuba está en un proceso de estimulación a la inversión extranjera y los inversores, por supuesto, hacen estudios de riesgo, y ahora deciden esperar a ver si Cuba va a cambiar o no', indicó González.
Sin embargo, afirmó que Cuba sigue su propio ritmo e intereses, y tiene una cartera de oportunidades en materia de inversión extranjera que responde a ellos y no a los de Estados Unidos.
Asimismo, rememoró que desde la entrada en vigor de la Ley Helms Burton, en 1996, las administraciones estadounidenses no se atrevieron a darle luz -suspendiéndola por seis meses- verde a la aplicación al Título III por los daños que podría conllevar su efectividad a otras naciones, entre ellas aliadas, e incluso al propio país norteño.
'Sin embargo, el actual gobierno encabezado por el presidente Donald Trump decidió reducir el período de tiempo para el análisis de su activación o no, lo que expertos ven como una medida para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de 55 años impone Washington a Cuba', reiteró.
La subdirectora del Cehseu señaló que el título III apuntala la pretensión de Estados Unidos de intentar lo que llaman la transición en Cuba, incluida expresamente en la legislación redactada por los senadores Jesses Helms y Dan Burton que entró en vigor el 12 de marzo de 1996 durante el mandato del entonces presidente William Clinton.
Ello lo señala también su antecesora la Ley Torricelli, aprobada en 1992 y cuyo objetivo principal y declarado es hacer lo posible para lograr un cambio de gobierno en la mayor de las Antillas.
Además de la autorización a juicios contra inversionistas de propiedades nacionalizadas, la Helms-Burton establece el apoyo a los llamados grupos prodemocracia en Cuba; entiéndase (...) la ayuda a los contrarrevolucionarios en el país caribeño, destacó.
De igual modo, agregó, decreta sistemas de sanciones para de manera abierta tratar de forzar a la comunidad internacional a sumarse en su cruzada contra la isla.
'Plantea, incluso, el tipo de gobierno que reconocería Estados Unidos, el cual cumpliría requisitos como la no inclusión de las máximas figuras del país en aquel entonces, Fidel Castro y Raúl Castro, en la dirección del país', detalló.
Precisó que establece la eliminación de los Comité de Defensa de la Revolución y del Ministerio del Interior; y la suspensión de la interferencia a las transmisiones ilegales de radio y televisión hacia la nación caribeña desde Estados Unidos.
Otras de las exigencias contenidas en dicha legislación es establecer un sistema judicial independiente y hacer elecciones 'libres' al estilo de Estados Unidos, subrayó.
Tras su unilateral aprobación por Washington, las autoridades de la mayor de las Antillas reaccionaron con la Ley por la dignidad y la soberanía cubanas, del Parlamento, en la que se declara ilícita la Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno.
El gobierno cubano ha advertido sobre el serio impacto de la aplicación del Título III en las ya golpeadas relaciones bilaterales.
En ese sentido, el canciller Bruno Rodríguez rechazó la decisión de reducir a 45 días -los presidentes estadounidenses lo venían haciendo por seis meses- calificándola de Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer el bloqueo a Cuba.
Asimismo, denunció la política de la Casa Blanca expresada en la Ley por tratarse de un ataque al Derecho Internacional y a terceros países.
wmr/lrd
Según el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual puede hacerse efectivo en marzo, Washington autoriza a cualquier ciudadano o empresa estadounidense a presentar demandas ante tribunales del país norteño para reclamar compensación por propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
De acuerdo con la especialista, solo el anuncio de esta medida provoca incertidumbre y como resultado los interesados en invertir en la mayor de las Antillas esperen hasta la decisión final de Washington.
En su página web, el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (U.S.-Cuba Trade and Economic Council), divulgó que la agencia federal encargada de las reclamaciones certificó cinco mil 913 casos de más de ocho mil presentados hasta el momento.
Sus cálculos sugieren que lo anterior tiene un valor de alrededor de nueve mil millones de dólares, teniendo en cuenta los intereses devengados por años, dijo.
'La reclamación más grande que ha reconocido esta comisión es la de la compañía de electricidad cubana y la segunda la de AT&T, la antigua International Telephone and Telegraph Company; y así hay otras más, relacionadas con la hotelería, etcétera', acotó.
González aseguró que la justificación esgrimida son las pérdidas que atribuyen como resultado del proceso de nacionalización ocurrido en Cuba en 1960.
La investigadora apuntó que las autoridades cubanas lo efectuaron bajo las normas internacionales, pero la Casa Blanca no tuvo la voluntad política de negociar con la isla como hicieron otros países, entre ellos Canadá y España, los cuales recibieron compensación.
Para expertos, la activación de esa medida podría ralentizar el desarrollo económico de la nación caribeña, ya golpeada por un bloqueo de más de 55 años impuesto por Estados Unidos, pues repercutiría significativamente en el programa de inversiones proyectado hasta el 2030.
'Cuba está en un proceso de estimulación a la inversión extranjera y los inversores, por supuesto, hacen estudios de riesgo, y ahora deciden esperar a ver si Cuba va a cambiar o no', indicó González.
Sin embargo, afirmó que Cuba sigue su propio ritmo e intereses, y tiene una cartera de oportunidades en materia de inversión extranjera que responde a ellos y no a los de Estados Unidos.
Asimismo, rememoró que desde la entrada en vigor de la Ley Helms Burton, en 1996, las administraciones estadounidenses no se atrevieron a darle luz -suspendiéndola por seis meses- verde a la aplicación al Título III por los daños que podría conllevar su efectividad a otras naciones, entre ellas aliadas, e incluso al propio país norteño.
'Sin embargo, el actual gobierno encabezado por el presidente Donald Trump decidió reducir el período de tiempo para el análisis de su activación o no, lo que expertos ven como una medida para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de 55 años impone Washington a Cuba', reiteró.
La subdirectora del Cehseu señaló que el título III apuntala la pretensión de Estados Unidos de intentar lo que llaman la transición en Cuba, incluida expresamente en la legislación redactada por los senadores Jesses Helms y Dan Burton que entró en vigor el 12 de marzo de 1996 durante el mandato del entonces presidente William Clinton.
Ello lo señala también su antecesora la Ley Torricelli, aprobada en 1992 y cuyo objetivo principal y declarado es hacer lo posible para lograr un cambio de gobierno en la mayor de las Antillas.
Además de la autorización a juicios contra inversionistas de propiedades nacionalizadas, la Helms-Burton establece el apoyo a los llamados grupos prodemocracia en Cuba; entiéndase (...) la ayuda a los contrarrevolucionarios en el país caribeño, destacó.
De igual modo, agregó, decreta sistemas de sanciones para de manera abierta tratar de forzar a la comunidad internacional a sumarse en su cruzada contra la isla.
'Plantea, incluso, el tipo de gobierno que reconocería Estados Unidos, el cual cumpliría requisitos como la no inclusión de las máximas figuras del país en aquel entonces, Fidel Castro y Raúl Castro, en la dirección del país', detalló.
Precisó que establece la eliminación de los Comité de Defensa de la Revolución y del Ministerio del Interior; y la suspensión de la interferencia a las transmisiones ilegales de radio y televisión hacia la nación caribeña desde Estados Unidos.
Otras de las exigencias contenidas en dicha legislación es establecer un sistema judicial independiente y hacer elecciones 'libres' al estilo de Estados Unidos, subrayó.
Tras su unilateral aprobación por Washington, las autoridades de la mayor de las Antillas reaccionaron con la Ley por la dignidad y la soberanía cubanas, del Parlamento, en la que se declara ilícita la Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno.
El gobierno cubano ha advertido sobre el serio impacto de la aplicación del Título III en las ya golpeadas relaciones bilaterales.
En ese sentido, el canciller Bruno Rodríguez rechazó la decisión de reducir a 45 días -los presidentes estadounidenses lo venían haciendo por seis meses- calificándola de Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer el bloqueo a Cuba.
Asimismo, denunció la política de la Casa Blanca expresada en la Ley por tratarse de un ataque al Derecho Internacional y a terceros países.
wmr/lrd
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