Por: Iroel Sánchez
Leo en las redes sociales muchas interpretaciones que culpan al pueblo brasileño por votar – “en democracia”, dicen- por el ultraderechista Jair Bolsonaro con una ventaja considerable sobre el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Hadad.
Ahora bien, ¿qué democracia es la que eligió a Bolsonaro? Se trata de una democracia liberal con elecciones periódicas en la que cada cuatro, cinco o seis años los ciudadanos dedican un día a votar por quien dirigirá el gobierno del país. El resto del tiempo, día tras día, año tras año, otros poderes no electos -económicos y mediáticos en lo fundamental- condicionan la vida y las percepciones de los ciudadanos.
Se puede alegar que además hay división de poderes: judicial, legislativo y ejecutivo, que es el que ostentará Bolsonaro, y que eso produce un equilibrio. Pero es que fueron los poderes legislativo y judicial -en manos de la misma clase social que decidió romper con la máscara democrática y apoyar a un impresentable como el ex capitán- los que crearon las condiciones para la victoria ultraderechista de este 28 de octubre, primero destituyendo desde el Congreso a Dilma Rousseff de la Presidencia, en un proceso altamente manipulado, y luego encarcelando ilegal e injustamente al candidato más popular: Lula Da Silva, al que el mismo sistema judicial impidió presentarse a elecciones. Si se necesitaba prueba de lo anterior, la declaración de Bolsonaro anticipando su deseo de designar como Ministro de Justicia al juez Sergio Moro -formado en Estados Unidos y perseguidor de Lula- lo acaba de confirmar.
Paralelamente, el sistema mediático estableció, en el imaginario de buena parte de las personas menos formadas e informadas para asumir críticamente sus mensajes, al Partido de los Trabajadores como responsable único de la corrupción y la violencia, dos causas con las que es muy fácil mover el fanatismo religioso organizado en las iglesias evangélicas y empoderado a través de una poderosa televisora como Récord, la segunda del país.
Lo que ocurrió este domingo 29 es lo que el pensador portugués Boaventura de Sousa Santos llama “democracia de baja intensidad”, “una isla de relaciones democráticas en un archipiélago de despotismos (económicos, sociales, raciales, sexuales, religiosos) que controlan efectivamente la vida de los ciudadanos y de las comunidades”.
El hecho de que, tras tres intentos por ganar las elecciones, Lula llegara finalmente al gobierno, y de que fuera ahora el más popular de los candidatos no es prueba de que ese sistema sea democrático sino de que el desgaste producido por el neoliberalismo permitió su llegada a la Presidencia dentro de los estrechos límites del sistema que el ex sindicalista nunca vulneró, ni construyendo nuevos medios de comunicación, ni haciendo una reforma del sistema electoral. Los altos precios del petróleo y la aparición de este en el nuevo yacimiento presal,
explotado estatalmente, permitieron una convivencia temporal con la oligarquía brasileña que no veía afectados sus intereses, pero cuando el precio del petróleo bajó, los del poder verdadero no quisieron compartir los efectos con los de abajo y exigieron también el presal y nuevas privatizaciones. El golpista Michel Temer lo confesó el 21 de septiembre de 2016 en un discurso ante la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, con sede en la ciudad de New York:
“…nosotros estábamos convencidos de que sería imposible al gobierno continuar con aquel rumbo y entonces sugerimos al gobierno que adoptase las tesis que apuntábamos en aquel documento llamado Un puente para el futuro. Como eso no sucedió, no se adoptó, se instauró un proceso que culminó ahora con mi instalación como presidente de la República”
En el orden internacional, el factor Washington no es secundario. Lo sucedido en Brasil desde que se instauró espuriamente a Temer como Presidente viene de un proceso comenzado con el golpe militar contra Manuel Zelaya en Honduras, continuado en Paraguay y luego en Brasil con golpes parlamentarios y consolidado con las persecuciones judiciales contra Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glass, Cristina Fernández en Argentina y el propio Lula en Brasil. No sólo es tomar el gobierno sino crear las condiciones para que nunca vuelva a ocurrir que se implementen políticas contra los intereses oligárquicos.
Los jueces, muchas veces entrenados en Estados Unidos, procesan lo que los periodistas, también a menudo formados en el mismo lugar, publican en los medios de comunicación que ofician de fiscales las “pruebas” que condicionan el veredicto de la opinión pública. ¿No ocurrirá lo mismo contra Evo y Maduro si logran ponerlos fuera del gobierno?
No es que esos procesos postneoliberales no cometieran errores, incluyendo la corrupción de algunos de sus líderes, nunca Lula ni Dilma, pero el principal es haber dejado intacto el sistema de dominación clasista que impera en esos países. Es lo que hace la diferencia con Venezuela y Bolivia.
El cerco contra la Venezuela Bolivariana, principal obsesión de Washington en la región desde que Obama la declarara “amenaza inusual y extraordinaria a la Seguridad nacional” arriba a su mejor momento. Una extensa frontera con Brasil está lista para superar lo que ya sucede en el oeste con Colombia como fuente de paramilitarismo y guerra económica. Agréguesele el conflicto fronterizo en el este con Guyana y la mesa está servida para materializar la intervención militar con la que varias veces ha amenazado Donald Trump, la OEA y su Secretario General Luis Almagro están listos para justificarla como una “exigencia humanitaria”.
Para Cuba, como dijo el General de Ejército Raúl Castro, el pasado 26 de julio “el cerco se estrecha”, pero la oligarquía cubana está en Miami, no en La Habana. Su máximo representante -el senador estadounidense Marco Rubio- ya se reunió con Bolsonaro y es de presumir lo que pidió contra la Isla y Venezuela, el presidente electo lo acaba de confirma en una entrevista publicada ayer por el periódico Correio Braziliense: Romperá relaciones diplomáticas con Cuba, algo que no ha hecho ni el mismo Donald Trump.
El nuevo presidente brasileño no es sólo una persona de pensamiento fascista al servicio de quienes lo eligieron para imponer sus intereses en la mayor economía de América Latina sino un enemigo de todos los procesos populares en la región, aliado al sector más extremista de los Estados Unidos que lleva 60 años intentando eliminar la Revolución cubana. Es bueno saberlo.
Leo en las redes sociales muchas interpretaciones que culpan al pueblo brasileño por votar – “en democracia”, dicen- por el ultraderechista Jair Bolsonaro con una ventaja considerable sobre el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Hadad.
Ahora bien, ¿qué democracia es la que eligió a Bolsonaro? Se trata de una democracia liberal con elecciones periódicas en la que cada cuatro, cinco o seis años los ciudadanos dedican un día a votar por quien dirigirá el gobierno del país. El resto del tiempo, día tras día, año tras año, otros poderes no electos -económicos y mediáticos en lo fundamental- condicionan la vida y las percepciones de los ciudadanos.
Se puede alegar que además hay división de poderes: judicial, legislativo y ejecutivo, que es el que ostentará Bolsonaro, y que eso produce un equilibrio. Pero es que fueron los poderes legislativo y judicial -en manos de la misma clase social que decidió romper con la máscara democrática y apoyar a un impresentable como el ex capitán- los que crearon las condiciones para la victoria ultraderechista de este 28 de octubre, primero destituyendo desde el Congreso a Dilma Rousseff de la Presidencia, en un proceso altamente manipulado, y luego encarcelando ilegal e injustamente al candidato más popular: Lula Da Silva, al que el mismo sistema judicial impidió presentarse a elecciones. Si se necesitaba prueba de lo anterior, la declaración de Bolsonaro anticipando su deseo de designar como Ministro de Justicia al juez Sergio Moro -formado en Estados Unidos y perseguidor de Lula- lo acaba de confirmar.
Paralelamente, el sistema mediático estableció, en el imaginario de buena parte de las personas menos formadas e informadas para asumir críticamente sus mensajes, al Partido de los Trabajadores como responsable único de la corrupción y la violencia, dos causas con las que es muy fácil mover el fanatismo religioso organizado en las iglesias evangélicas y empoderado a través de una poderosa televisora como Récord, la segunda del país.
Lo que ocurrió este domingo 29 es lo que el pensador portugués Boaventura de Sousa Santos llama “democracia de baja intensidad”, “una isla de relaciones democráticas en un archipiélago de despotismos (económicos, sociales, raciales, sexuales, religiosos) que controlan efectivamente la vida de los ciudadanos y de las comunidades”.
El hecho de que, tras tres intentos por ganar las elecciones, Lula llegara finalmente al gobierno, y de que fuera ahora el más popular de los candidatos no es prueba de que ese sistema sea democrático sino de que el desgaste producido por el neoliberalismo permitió su llegada a la Presidencia dentro de los estrechos límites del sistema que el ex sindicalista nunca vulneró, ni construyendo nuevos medios de comunicación, ni haciendo una reforma del sistema electoral. Los altos precios del petróleo y la aparición de este en el nuevo yacimiento presal,
explotado estatalmente, permitieron una convivencia temporal con la oligarquía brasileña que no veía afectados sus intereses, pero cuando el precio del petróleo bajó, los del poder verdadero no quisieron compartir los efectos con los de abajo y exigieron también el presal y nuevas privatizaciones. El golpista Michel Temer lo confesó el 21 de septiembre de 2016 en un discurso ante la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, con sede en la ciudad de New York:
“…nosotros estábamos convencidos de que sería imposible al gobierno continuar con aquel rumbo y entonces sugerimos al gobierno que adoptase las tesis que apuntábamos en aquel documento llamado Un puente para el futuro. Como eso no sucedió, no se adoptó, se instauró un proceso que culminó ahora con mi instalación como presidente de la República”
En el orden internacional, el factor Washington no es secundario. Lo sucedido en Brasil desde que se instauró espuriamente a Temer como Presidente viene de un proceso comenzado con el golpe militar contra Manuel Zelaya en Honduras, continuado en Paraguay y luego en Brasil con golpes parlamentarios y consolidado con las persecuciones judiciales contra Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glass, Cristina Fernández en Argentina y el propio Lula en Brasil. No sólo es tomar el gobierno sino crear las condiciones para que nunca vuelva a ocurrir que se implementen políticas contra los intereses oligárquicos.
Los jueces, muchas veces entrenados en Estados Unidos, procesan lo que los periodistas, también a menudo formados en el mismo lugar, publican en los medios de comunicación que ofician de fiscales las “pruebas” que condicionan el veredicto de la opinión pública. ¿No ocurrirá lo mismo contra Evo y Maduro si logran ponerlos fuera del gobierno?
No es que esos procesos postneoliberales no cometieran errores, incluyendo la corrupción de algunos de sus líderes, nunca Lula ni Dilma, pero el principal es haber dejado intacto el sistema de dominación clasista que impera en esos países. Es lo que hace la diferencia con Venezuela y Bolivia.
El cerco contra la Venezuela Bolivariana, principal obsesión de Washington en la región desde que Obama la declarara “amenaza inusual y extraordinaria a la Seguridad nacional” arriba a su mejor momento. Una extensa frontera con Brasil está lista para superar lo que ya sucede en el oeste con Colombia como fuente de paramilitarismo y guerra económica. Agréguesele el conflicto fronterizo en el este con Guyana y la mesa está servida para materializar la intervención militar con la que varias veces ha amenazado Donald Trump, la OEA y su Secretario General Luis Almagro están listos para justificarla como una “exigencia humanitaria”.
Para Cuba, como dijo el General de Ejército Raúl Castro, el pasado 26 de julio “el cerco se estrecha”, pero la oligarquía cubana está en Miami, no en La Habana. Su máximo representante -el senador estadounidense Marco Rubio- ya se reunió con Bolsonaro y es de presumir lo que pidió contra la Isla y Venezuela, el presidente electo lo acaba de confirma en una entrevista publicada ayer por el periódico Correio Braziliense: Romperá relaciones diplomáticas con Cuba, algo que no ha hecho ni el mismo Donald Trump.
El nuevo presidente brasileño no es sólo una persona de pensamiento fascista al servicio de quienes lo eligieron para imponer sus intereses en la mayor economía de América Latina sino un enemigo de todos los procesos populares en la región, aliado al sector más extremista de los Estados Unidos que lleva 60 años intentando eliminar la Revolución cubana. Es bueno saberlo.
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