Foto AFP.
El tema Cuba busca ganar espacios dentro del Congreso
estadounidense, en un escenario donde la hostilidad y la polarización
marcan el ritmo de ese órgano legislativo.
Hace algunas semanas fue noticia la introducción de un proyecto de ley para permitir a los estadounidenses viajar libremente a Cuba,
ya que ahora solo pueden hacerlo dentro de categorías establecidas, y
nunca como turistas. Una coalición bipartidista de 55 senadores apoyó la
propuesta, que fue oficialmente presentada por el republicano Jeff
Flake y el demócrata Patrick Leahy.
El día en que presentó la medida, Flake dijo a la prensa que «son los
estadounidenses quienes resultan castigados por la prohibición de
viajar, y no el gobierno cubano». Por su parte, Leahy aseguró que esa
restricción no está justificada ni por la seguridad nacional ni por
intereses económicos
.
A pesar de esos argumentos y del apoyo mayoritario a la iniciativa
–en un senado de 100 miembros–, eso no garantiza su aprobación. De
hecho, ese mismo proyecto de ley fue presentado en el 2015 tanto en la
Cámara como en el Senado, y aunque logró el respaldo de 132
representantes y 54 senadores, no fue sometido a votación.
El camino que debe transitar un proyecto para convertirse en ley
dentro del Capitolio es largo y complejo. No se trata solamente de
reglas y procedimientos formales –que son bastante engorrosos–, sino del
funcionamiento práctico de una esfera del Estado, donde en ocasiones
importan más las deudas de favores entre los congresistas, que los
deseos de los ciudadanos que ellos representan.
En ese contexto, la eliminación del bloqueo contra Cuba, que como consecuencia de la Ley Helms-Burton depende del Congreso, podría convertirse en un laberinto interminable de votaciones.
La decisión de Barack Obama
de cambiar la política hacia Cuba contó con el respaldo de congresistas
tanto demócratas como republicanos, de poderosos sectores económicos y
la mayoría de la opinión pública estadounidense. Pero también levantó
críticas y mantiene intransigentes detractores.
El 114 Congreso de Estados Unidos, que tomó asiento en el
Capitolio el 3 de enero del 2015, fue uno de los campos de batalla donde
se enfrentaron esas dos visiones. Allí se presentaron,
paralelamente, proyectos de ley que intentaban allanar el camino de las
relaciones bilaterales y otros que buscaban dificultarlas.
Para que un proyecto sea enviado al Presidente para su firma y
conversión en ley es preciso que tanto la Cámara como el Senado lo
aprueben en el transcurso de los dos años que dura el periodo de
sesiones. Por eso, muchos de los proyectos referidos a Cuba que no
avanzaron durante el transcurso del 114 Congreso están siendo
presentados nuevamente en el 115, que inició en enero pasado.
Los temas priorizados por los legisladores interesados en un
acercamiento son los viajes y las relaciones económicas bilaterales, con
énfasis en la promoción de créditos para las exportaciones agrícolas.
Así, en enero se presentó la «Ley de comercio con Cuba del 2017», que
propone, entre otras cosas, modificar la Ley Torricelli para eliminar:
la autoridad presidencial para imponer sanciones contra los socios
comerciales de Cuba, las restricciones a las transacciones, y las
limitaciones en el envío directo entre puertos cubanos y
estadounidenses. Igualmente, permitiría a los estadounidenses ofrecer
condiciones de pago o financiación para la venta de productos agrícolas a
Cuba.
Ese proyecto fue introducido en la Cámara por el
representante Tom Emmer, republicano por el estado de Minnesota. Hasta
el momento, cuenta con el respaldo de 14 congresistas republicanos y
ocho demócratas.
En un informe de junio del 2015, el Departamento de Agricultura
señaló la disminución de la participación estadounidense en el mercado
de alimentos cubano, que pasó de un máximo de 42 % en el año fiscal 2009
a solo 16 % en el 2014. El texto añade que esa caída «se debe en gran
parte a una disminución de las exportaciones de productos básicos a
granel de los Estados Unidos a la luz de las condiciones de crédito
favorables ofrecidas por los principales competidores».
El informe concluyó que el levantamiento de las restricciones ayudaría a Estados Unidos a recuperar su cuota de mercado en Cuba.
Existe entre los congresistas, y entre los intereses económicos que ellos
representan, un deseo de recuperar esas cuotas de mercado que han perdido. Por eso es la insistencia en promover proyectos de ley que favorezcan las exportaciones. Por ejemplo, el representante Eric (Rick) Crawford, republicano por Arkansas, presentó en enero la «Ley para las exportaciones agrícolas a Cuba», que cuenta con el apoyo de 27 republicanos y 13 demócratas.
En el Senado se presentó uno similar: la «Ley de expansión de las
exportaciones agrícolas del 2017», que permitiría a una persona sujeta a
la jurisdicción de los Estados Unidos pagar o financiar la venta de
productos a Cuba. La propuesta es de la senadora Heidi Heitkamp,
demócrata por Dakota del Norte; y cuenta con el respaldo de 11 senadores
demócratas, cuatro republicanos y uno independiente.
La «Ley de libertad para las exportaciones a Cuba» es otra de las
propuestas presentadas recientemente en el Senado. En este caso, fue
introducida por Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, y tiene el
propósito de derogar o enmendar varias prohibiciones que restringen el
comercio bilateral. Cuenta con el respaldo de nueve demócratas, tres
republicanos y uno independiente.
En total, desde enero se han presentado 12 proyectos de ley
favorables a un acercamiento con Cuba. Ocho de ellos nacieron en la
Cámara de Representantes y los otros cuatro en el Senado. Casi todas son
propuestas que no lograron progresar en el 114 Congreso.
Un estudio de cada una de esas iniciativas y de las agendas que
priorizan permite comprender que están pensadas para favorecer los
intereses de Estados Unidos en primer lugar, y la mayoría no se propone
el levantamiento integral del bloqueo sino de aspectos específicos en
cada caso. Sin embargo, de ser aprobadas significarían un alivio de las
sanciones contra Cuba.
Pero tienen el camino difícil. Los congresistas cubanoamericanos, que
fueron activos en la legislatura anterior promoviendo proyectos para
frenar el acercamiento, continúan en posiciones clave. Algunos de los
proyectos antes mencionados fueron remitidos, por ejemplo, a los comités
de Asuntos Exteriores de la Cámara y del Senado, donde probablemente
chocarán con la oposición de la representante Ileana Ros-Lehtinen y del
senador Marco Rubio. Igualmente, otros tendrán que transitar por el
Comité de Asignaciones de la Cámara, donde tiene asiento Mario
Díaz-Balart.
Como nota positiva vale destacar que el tema Cuba en el Congreso
cuenta con un consenso bipartidista, algo difícil de encontrar en otros
temas, en un escenario donde son visibles elevados niveles de
polarización. Eso amplía sus posibilidades para avanzar en el complejo
recorrido dentro del órgano legislativo.
La lucha en el Capitolio, en lo que a Cuba se refiere, no es entre
Demócratas y Republicanos, puesto que se han generado después del 17 de
diciembre del 2014 intereses políticos y económicos que van más allá de
filiaciones partidistas. Pero tampoco bastaría para el análisis
dividirlos entre «liberales» y «conservadores», con los primeros más
interesados en acercar a Washington y a La Habana. Un caso que lo
ilustra bien es el del Senador Jeff Flake, quien regularmente mantiene
posturas muy conservadoras, y sin embargo ha sido uno de los principales
promotores del cambio.
Los estudios sobre el Congreso y las propuestas que allí se presenten
con relación a Cuba son imprescindibles para entender las relaciones
bilaterales, y para intentar dar respuesta a la eterna pregunta: ¿cuándo
terminará el bloqueo?
(Tomado de Granma)
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