Por:
Ignacio Ramonet
El año 2016 podría ser de alta conflictividad en Venezuela. Por razones internas y por razones externas.
En el plano interior,
la amplia victoria en las elecciones legislativas del pasado 6 de
diciembre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
configura una Asamblea Nacional controlada –por mayoría cualificada, y
por primera vez desde 1999– por fuerzas hostiles a la revolución
bolivariana. Pero en cuyo seno, la bancada chavista del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sigue siendo la más numerosa con 51
diputados. Lo cual permite augurar, a partir del 5 de enero, un
enfrentamiento dialéctico de alta intensidad.
Con el control de los dos tercios de la cámara legislativa, la
oposición cree sin duda que ha llegado la hora de la revancha y sueña
con deconstruir pieza a pieza la revolución bolivariana. Teóricamente
podría hacerlo. La Constitución lo permite siempre que se cuente también
con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que hace
funciones de Tribunal Constitucional, y del Poder Ciudadano (integrado
por el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor General de
la República [1]). Pero sería un gravísimo error. La MUD no debe
confundirse. Porque está claro –un simple análisis de los resultados lo
demuestra– que los electores no le han dado mandato para ello, ni
potestad absoluta para gobernar jurídicamente. El enfrentamiento
institucional podría ser frontal y brutal [2].
Sociológicamente, el chavismo sigue siendo ampliamente mayoritario.
En un eventual referéndum a favor o en contra de la revolución
bolivariana, todos los estudios concluyen que una sólida mayoría votaría
a favor de la continuidad del proceso. El 6 de diciembre pasado, se
trataba únicamente de elecciones legislativas, de designar diputados, y
no de cambiar de República, ni de cambiar de Presidente. Los ciudadanos,
inteligentemente, aprovecharon para enviar un mensaje de alerta y de
protesta a las autoridades. Muchos de ellos no imaginaban ni remotamente
que otorgarían a la oposición una victoria tan excesiva. Nunca fue un
voto de adhesión a un (oculto) programa de la MUD, sino un voto de
advertencia a la actual administración.
Y es bastante normal. Porque desde hace largos meses, como
consecuencia –en parte– de una “guerra sucia” económica fomentada y
auspiciada por las oficinas de la Internacional conservadora, y también
–tal y como lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro–, a causa de
“la asfixia de la burocracia y de la corrupción”, la vida cotidiana se
ha vuelto bastante infernal para la gente.
El desabastecimiento de
productos de primera necesidad –tanto alimentarios como de higiene
personal y del hogar– y de medicamentos transforma el día a día de los
venezolanos en una incesante lucha para resolver escaseces que casi
nunca antes se conocieron a este nivel. Aunque muchos comentaristas no
lo reconocen, las autoridades han hecho un esfuerzo colosal y
prioritario para combatir esta plaga. Pero los electores consideraron
que no fue suficiente. Y sancionaron con su voto negativo esa ausencia
de victoria en un frente capital.
Esa es la causa principal de los adversos resultados del 6-D para el
chavismo. Si a eso añadimos diversos problemas que siguen sin solución
–como los temas de la inflación, de la inseguridad y de la corrupción,
que contaminan la imagen de la revolución bolivariana–, completamos el
diagnóstico de un malestar general que se ha tornado en sentimiento
crítico contra los gobernantes
.
La oposición, decíamos, cree que le ha llegado su hora: la hora de la
restauración neoliberal. Y después de haber ocultado cuidadosamente su
programa durante la campaña electoral, ya está anunciando en voz alta su
intención de multiplicar las privatizaciones, de reducir los servicios
públicos, de revocar las leyes laborales, de liquidar los logros
sociales, de desmantelar los acuerdos internacionales… Ante semejante
provocación (recordemos que el chavismo es sociológicamente
mayoritario), el presidente Maduro ha alertado a la opinión pública y
acelerado la constitución de un Parlamento Comunal cuya función en la
arquitectura del Estado aún no está clara, pero que podría funcionar
como un órgano representativo y consultivo de la sociedad en paralelo a
la Asamblea Nacional.
Todo indica que puede haber choque de trenes. La sociedad venezolana
es profundamente democrática y pacífica –tal y como lo ha demostrado en
los últimos diecisiete años–, pero estamos ante un duro pulso entre las
dos grandes fuerzas políticas, chavismo y derecha, que controlan,
respectivamente, el poder ejecutivo y el poder legislativo. La tentación
de recurrir a la calle y a las manifestaciones de masas va a ser muy
grande. Con el peligro que ello conlleva en términos de enfrentamientos y
de violencia.
Este escenario de guerra civil tampoco es el deseado por la mayoría
de los electores cuyo mensaje del 6 de diciembre pasado significaba
abiertamente una llamada al diálogo entre oficialismo y oposición con un
propósito claro: que las dos fuerzas se entiendan para resolver los
problemas estructurales del país.
Decíamos al principio que, en 2016, la conflictividad podría ser alta
en Venezuela también por razones externas. Y es que este año se
anuncia, en términos de coyuntura económica internacional, como uno de
los peores en los dos últimos decenios. Esencialmente por tres razones:
el derrumbe del precio de las materias primas y del petróleo, la crisis
de crecimiento en China y el aumento del valor del dólar
estadounidense.
Es inútil insistir en que los precios del petróleo tienen una
incidencia fundamental en la vida económica de Venezuela, ya que más del
90% de los recursos en divisas del país proceden de la exportación del
oro negro. En dieciocho meses, los precios del barril, que estaban en
115 dólares, se derrumbaron a 30 dólares… Y no es imposible que, a lo
largo del año, bajen hasta 20 dólares… Para cualquier país petrolero
(Angola, Argelia, México, etc.), eso representa en sí una catástrofe,
pero para Venezuela (y, en cierta medida, Ecuador o Bolivia), que
redistribuye en políticas sociales lo esencial de su renta petrolera,
significa un golpe muy duro y una amenaza mortal para el equilibrio de
la revolución bolivariana.
El segundo parámetro exterior es China. Este país ha modificado su
modelo de desarrollo y crecimiento apostando ahora por su mercado
interior (1.500 millones de consumidores), por el aumento de los
servicios y de la calidad de vida que la contaminación amenazaba de
muerte. Las tasas de crecimiento, antes del 10 o 12%, se han reducido al
6 o 7%. Consecuencia: la importación de materias primas (minerales o
agrícolas) se ha reducido, lo cual ha acarreado un derrumbe de los
precios que afecta de manera frontal a los países exportadores
latinoamericanos de metales (Perú, Chile) y de soja (Argentina, Brasil).
Las crisis políticas que están viviendo estos dos últimos países no son
ajenas a esta situación, y ello afecta indirectamente también a
Caracas, socio importante de Brasilia y Buenos Aires en el marco del
MERCOSUR.
Por último, el dólar. La decisión que tomó el 16 de diciembre pasado
la Reserva Federal de subir los tipos de interés en un 0,25%, después de
nueve años sin hacerlo, aumenta la fuerza del dólar. Que el dólar sea
más rentable en Estados Unidos alienta a los inversores a retirar sus
capitales –invertidos masivamente en los “países emergentes” desde que
empezó la crisis en 2008–, y a desplazarlos hacia Norteamérica.
Consecuencia: el valor de la moneda de los “países emergentes” (Brasil,
Colombia, Chile) se desploma y se devalúa doblemente por el
reforzamiento del dólar y por la huida de capitales. Y todos los
productos importados se encarecen.
Semejante contexto latinoamericano e internacional dibuja, para 2016,
un entorno poco favorable para la economía de Venezuela. Y coloca muy
cuesta arriba la perspectiva de hallar soluciones rápidas para resolver
los problemas del país. Desde que ganó las elecciones el 14 de abril de
2013, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado llamadas a la oposición y
al sector privado en repetidas ocasiones para establecer un Diálogo
Nacional. Es muy importante, ante las tempestades que se avecinan, que
la MUD responda ahora a esas llamadas con espíritu constructivo de
responsabilidad. Venezuela se lo merece.
Notas
(1) Tres cargos ejercidos actualmente por personalidades afines al Ejecutivo.
(2) Véase Gisela Brito, “Asamblea Nacional, Ejecutivo y Tribunal
Supremo de Justicia, Claves sobre la disputa institucional en
Venezuela”, América Latina en movimiento, Quito, Ecuador, 18 de
diciembre de 2015.http://www.alainet.org/es/articulo/174345
(Tomado de Le Monde Diplomatique)
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