El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Costa Rica inició el trámite de deportación para 56 cubanos que
ingresaron a territorio costarricense de manera ilegal después del 18 de
diciembre, fecha en la que este país dejó de emitir visas de tránsito
extraordinarias para migrantes de esa nacionalidad, informaron el sábado
autoridades.
La directora de Migración y Extranjería, Kathya
Rodríguez, dijo a The Associated Press a través de su oficina de prensa
que el trámite de deportación ya se inició, pero que ninguna persona ha
sido enviada aún de regreso a Cuba, por lo que los migrantes se
encuentran detenidos en instalaciones de San José.
Todos son cubanos que ingresaron a Costa Rica
después de que el gobierno anunciara que no daría más visas de tránsito
extraordinarias, como hizo con casi 8.000 cubanos que quedaron varados
desde el 13 de noviembre, cuando el cierre de fronteras en Nicaragua les
impidió continuar su ruta hacia los Estados Unidos a través de
Centroamérica y México.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís,
hizo el 18 de diciembre un llamado a los migrantes cubanos que estaban
en tránsito hacia su país, procedentes de Ecuador, para que se
abstuvieran de cruzar sus fronteras, pues de ser detenidos serían
deportados.
Para el gobierno costarricense, la deportación de
cubanos a la isla representa un gasto importante, ya que el traslado se
realiza en vuelos comerciales y la ley obliga a que los deportados sean
acompañados por dos custodios.
Rodríguez indicó a la AP que de momento no se tiene definida una fecha para el inicio de las deportaciones.
El destino de los 8.000 cubanos que están varados
en Costa Rica aún es incierto porque, pese a las diversas reuniones
mantenidas por los países centroamericanos y México, las autoridades no
se han puesto de acuerdo sobre la forma de proceder con ellos.
Se prevé que unos 45.000 cubanos se desplacen este
año por países de América del Sur o Central en su trayecto hacia
Estados Unidos, mucho más que en años anteriores porque temen que con la
normalización de las relaciones entre Washington y La Habana puedan
terminar los privilegios especiales de inmigración de que gozan en
territorio estadounidense.
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