Constituyen hechos delictivos de prioridad máxima
para el Estado y la sociedad civil en Cuba los relacionados con la trata
de personas y otras formas de abuso sexual, bajo la instrumentación de
la política de “Tolerancia Cero”, según quedó patentado este martes en
la presentación del segundo informe sobre el enfrentamiento
jurídico-penal a estos fenómenos, publicado en el sitio digital del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.
En ese esfuerzo un rol fundamental lo desempeñan la Fiscalía General de la República, los Tribunales Populares, un grupo de organismos de la Administración Central del Estado y organizaciones no gubernamentales como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
El texto precisó que en el año 2013 se brindó protección a 2 231 niñas y niños víctimas de presuntos hechos de abuso sexual, el 0,09 por ciento de una población infanto-juvenil que supera la cifra de dos millones. Además, en el mismo periodo los medios de comunicación propiciaron la divulgación de contenidos sobre “el desarrollo de una sexualidad sana para todos los ciudadanos y sin que la mujer, las niñas y los niños se consideren objetos publicitarios”.
Además, destacó los más de 60 proyectos desarrollados con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y los diversos foros en los cuales participó, como la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
Estos son solo algunos ejemplos de todo un grupo de acciones y medidas desarrolladas con el propósito de “elevar la prevención, fortalecer el enfrentamiento, sancionar severamente a los autores y brindar protección a las víctimas”, apuntó el informe, que señaló también el incremento de la colaboración como Estado Parte de los diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos en la materia.
Más de 55 000 acciones de protección a niñas, niños y adolescentes realizaron fuerzas de trabajo preventivo pertenecientes a la Dirección de Menores del Ministerio del Interior relacionadas con la asesoría, capacitación, orientación jurídica y educativa a padres, dinámicas familiares, mediación de conflictos, derivación a los sistemas de atención médica, psicológica y psiquiátrica; así como otras de carácter judicial.
En el enfrentamiento al delito de violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones destacó el trabajo de la FMC, organización que cuenta con más de 50 000 trabajadoras sociales voluntarias en todo el país y 174 Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, pero además posee una experiencia de trabajo comunitario para apoyar la labor de las instituciones estatales encargadas de la atención a las víctimas y la administración de justicia.
Entre los instrumentos firmados por Cuba en materia de enfrentamiento a la trata de personas y en la protección de la infancia citados por el informe se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional (1993).
Los indicadores de asistencia social y seguridad ciudadana, la gratuidad en los servicios de salud y educación, el acceso universal a la cultura, el deporte y la recreación, así como los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar la trata de personas, el proxenetismo y otras formas de abuso sexual, constituyen indicadores que dotan al escenario cubano de las condiciones para potenciar y continuar organizando acciones preventivas y de enfrentamiento a estos fenómenos.
En ese esfuerzo un rol fundamental lo desempeñan la Fiscalía General de la República, los Tribunales Populares, un grupo de organismos de la Administración Central del Estado y organizaciones no gubernamentales como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
El texto precisó que en el año 2013 se brindó protección a 2 231 niñas y niños víctimas de presuntos hechos de abuso sexual, el 0,09 por ciento de una población infanto-juvenil que supera la cifra de dos millones. Además, en el mismo periodo los medios de comunicación propiciaron la divulgación de contenidos sobre “el desarrollo de una sexualidad sana para todos los ciudadanos y sin que la mujer, las niñas y los niños se consideren objetos publicitarios”.
Además, destacó los más de 60 proyectos desarrollados con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y los diversos foros en los cuales participó, como la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
Estos son solo algunos ejemplos de todo un grupo de acciones y medidas desarrolladas con el propósito de “elevar la prevención, fortalecer el enfrentamiento, sancionar severamente a los autores y brindar protección a las víctimas”, apuntó el informe, que señaló también el incremento de la colaboración como Estado Parte de los diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos en la materia.
Más de 55 000 acciones de protección a niñas, niños y adolescentes realizaron fuerzas de trabajo preventivo pertenecientes a la Dirección de Menores del Ministerio del Interior relacionadas con la asesoría, capacitación, orientación jurídica y educativa a padres, dinámicas familiares, mediación de conflictos, derivación a los sistemas de atención médica, psicológica y psiquiátrica; así como otras de carácter judicial.
En el enfrentamiento al delito de violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones destacó el trabajo de la FMC, organización que cuenta con más de 50 000 trabajadoras sociales voluntarias en todo el país y 174 Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, pero además posee una experiencia de trabajo comunitario para apoyar la labor de las instituciones estatales encargadas de la atención a las víctimas y la administración de justicia.
Entre los instrumentos firmados por Cuba en materia de enfrentamiento a la trata de personas y en la protección de la infancia citados por el informe se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional (1993).
Los indicadores de asistencia social y seguridad ciudadana, la gratuidad en los servicios de salud y educación, el acceso universal a la cultura, el deporte y la recreación, así como los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar la trata de personas, el proxenetismo y otras formas de abuso sexual, constituyen indicadores que dotan al escenario cubano de las condiciones para potenciar y continuar organizando acciones preventivas y de enfrentamiento a estos fenómenos.
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