Ciento veinte años después, el espíritu de los que aplaudieron el advenimiento de la República, el 20 de mayo de 1902, maniatada por una potencia extranjera, asoma, unas veces desembozadamente, otras de una manera insidiosa, en actos y actitudes que no deben pasar inadvertidos
Ciento veinte años después, el espíritu de los que aplaudieron el advenimiento de la República, el 20 de mayo de 1902, maniatada por una potencia extranjera, asoma, unas veces desembozadamente, otras de una manera insidiosa, en actos y actitudes que no deben pasar inadvertidos.
La Enmienda Platt mutiló la República de Cuba desde su misma partida de nacimiento. Casi un año antes, el 12 de junio de 1901, el Congreso de Estados Unidos sancionaba un engendro legal, adosado a la Constitución de la naciente entidad, que otorgaba al vecino del norte la potestad de intervenir en los asuntos internos de la Isla. Adiós a los sueños de Martí, de Maceo y de los mambises del Ejército Libertador. De la colonia al protectorado. El gobernador yanqui instalado en La Habana por las fuerzas de ocupación, Leonardo Wood, escribió sin el más mínimo pudor en carta a Theodore Roosevelt: «a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt, y lo único indicado ahora es buscar la anexión».
Ya se sabe que esta última no pudo ser. También se sabe que el apéndice constitucional quedó desactivado en 1934, claro está, cuando para la sujeción de Cuba a la órbita de la Casa Blanca existían otros mecanismos. Mas no es casual que en la propia misiva de Wood, el procónsul deslizara una idea que viene a cuento a estas alturas: «La isla se americanizará gradualmente y, a su debido tiempo, contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo».
Los círculos de poder de Washington, ahora con el concurso del núcleo duro de la industria anticubana alojado en ese país, no han renunciado ni a «enmendar» nuestra soberanía ni a «americanizar» la Isla.
¿Qué implica la Ley Torricelli (1992), o la Ley Helms-Burton (1997) –eufemísticamente bautizadas una como Acta para la Democracia en Cuba, y la otra como Acta para la libertad y la solidaridad democrática cubana–, sino versiones recicladas de las ínfulas plattistas? Ninguna ha sido derogada. Como tampoco el programa netamente intervencionista que George W. Bush quiso poner en marcha en 2004 dizque para «asistir a una Cuba libre», o sea, para recolonizarnos.
Ante el menor resquicio de la actual administración de la Casa Blanca por moderar la escalada anticubana sin precedentes, adoptada por el gobierno anterior –como las recientes decisiones, de muy limitado alcance, pero positivas–, los neoplattistas agitan odios y rencores. No olvidemos que el año pasado, tras los sucesos del 11 de julio, hubo pedidos de intervención, de fuego por los cuatro costados, desde allá, con ecos entre cipayos domésticos. Estos ni siquiera quieren un 20 de mayo de 1902, sino el estatus prevaleciente durante la ocupación.
Hay otra manera de ser neoplattista, también desde allá con ciertos ecos aquí: darnos a entender que sin Estados Unidos, es decir, sin capitalismo, Cuba no es posible; que la prosperidad y el éxito dependen del seguimiento de fórmulas neoliberales; que la «americanización» del modo de vida, de la que hablaba Wood, es lo mejor que nos puede pasar.
Completar la República martiana en una sociedad socialista, participativa, plenamente democrática, absolutamente independiente y soberana, justa, auténtica, insobornable, creativa y digna es la mejor respuesta a tales desvaríos.
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