MSc. Georgina Németh Lesznova
https://orcid.org/0000-0001-6754-0608
Máster en Relaciones Económicas Internacionales
Profesora Auxiliar, Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”
INTRODUCCIÓN
En dicho contexto, la emigración hacia el exterior es un fenómeno endémico de la sociedad cubana (CEDEM&UH, 2016). Desde la década del 30, Cuba es un país de emigración. Sus cifras se han mantenido más o menos estables a lo largo del tiempo transcurrido desde la referida época (Beltrán Álvarez, 2019). Los migrantes cubanos hacia el exterior más recientes responden a patrones migratorios y de inserción cada vez más cercanos al comportamiento migratorio regional y global, con una tendencia a los desplazamientos temporales, a la incorporación al mercado laboral en los sectores de los servicios, la construcción y el comercio, así como está dirigido hacia grandes ciudades, especialmente de Estados Unidos, pero también de Europa y otras regiones, incluida América Latina. En su mayor parte, el flujo migratorio cubano está dirigido hacia Estados Unidos, donde existe una política selectiva que los favorece, además de la cercanía y de mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral. Asimismo, existen redes sociales desarrolladas durante más de medio siglo, las también cuales facilitan el establecimiento de los migrantes en ese país y devienen un atractivo para la continuidad del proceso migratorio. No obstante, otros destinos también se diversifican y fortalecen, como resultado de la calidad del emigrante cubano y las facilidades que brinda la política migratoria cubana a la migración regular. Todo lo cual, ha contribuido a un mayor grado de circularidad de estos flujos. Se ratifican como principales países receptores de la emigración cubana a nivel mundial: Estados Unidos, España, Italia, Canadá, México, Venezuela, Alemania, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Brasil, Argentina, Costa Rica y Perú.
Como muestra del compromiso de Cuba con la migración regular y la normalización de sus relaciones con los cubanos residentes en el exterior, a partir de la puesta en vigor del Decreto-Ley No. 302, modificativo de la Ley No. 1312 o “Ley de Migración”, del 20 de septiembre de 1976, prácticamente toda la emigración posterior a enero de 2013 asume un carácter temporal. De acuerdo con ello, el migrante no pierde sus derechos en el país y puede regresar cuando así lo desee, si cumple con las normas establecidas al efecto. Esto se ajusta a la práctica internacional respecto a los derechos de los migrantes (CEDEM&UH, 2016). Desde su aplicación, se registra una alta movilidad internacional de la población cubana iniciando salidas por asuntos particulares. En dicho contexto, “entre 2013-2018, alrededor de 50 mil cubanos han viajado al exterior, por diversos motivos: para atender un negocio propio o para cumplir un contrato de trabajo de interés propio” (Rodríguez Parrilla, CUBADEBATE, 2019). Como muestra de la tendencia de la anteriormente referida circularidad, entre enero del 2019 y febrero del 2020, los ciudadanos cubanos realizaron 1 518 708 viajes por asuntos particulares al exterior, mientras que los residentes en el exterior efectuaron 706 508 visitas al país, acogiéndose a las facilidades que la legislación de Cuba ha ido garantizando a sus ciudadanos mediante la gradual flexibilización de su política migratoria, principalmente en el transcurso del último decenio. Todo lo cual confirma la existencia de un ambiente político favorable y adecuado que existe en nuestro país para la circularidad de la migración cubana hacia el exterior. Todo lo cual, además del Decreto-Ley No. 302, se fundamenta sobre medidas adicionales que desde 2018, continuaron profundizando la flexibilización de la política migratoria cubana (Llamos Infante, 2019).
Pese al referido esfuerzo de Cuba de flexibilizar sus regulaciones migratorias, desde el punto de vista económico, los flujos migratorios de Cuba dirigidos hacia el exterior, están condicionados por la contradicción existente entre el desarrollo de un alto nivel de preparación de su potencial humano -objetivo esencial del socialismo- y la existencia de un mercado laboral nacional que no está en condiciones de absorberlo a plenitud. Ello es consecuencia del nivel de desarrollo existente en el país (CEDEM&UH, 2016). Todo lo cual, sin embargo, no es solo resultado de factores endógenos de la economía cubana, ni tampoco emana solo del desfavorable lugar de Cuba en la tradicional División Internacional del Trabajo, producto del sistema económico mundial hegemónico. Los problemas estructurales de la economía cubana y las dificultades del desarrollo socioeconómico y tecnológico en Cuba, preponderantemente son consecuencia del sistema de sanciones del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, hace más de sesenta años. Bajo estas condiciones, la emigración de la población cubana, en gran medida, es una consecuencia de los problemas estructurales ocasionados a la economía cubana, por el bloqueo de EE.UU.
Dicho sistema de sanciones, unilateral y violatoria del Derecho Internacional (MINREX, 2018), constituye el principal obstáculo de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba y para el desarrollo en general de todas las potencialidades de la economía y el bienestar del pueblo cubano, así como para las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con los Estados Unidos y el resto del mundo (Németh Lesznova, La política de Trump hacia Cuba: perjuicios y oportunidades para la Unión Europea, 2020). No obstante, de acuerdo con Aja Díaz (2020), a pesar del escenario adverso en el orden político en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos -a partir de la política agresiva de este-, el tema migratorio continuará siendo un canal de comunicación entre Cuba y EE.UU, incluyendo los procesos de relaciones transnacionales que protagonizan crecientemente los cubanos residentes en ambas orillas (Aja Díaz, 2020).
La principal motivación de la migración cubana hacia el exterior -no obstante a su multicausalidad- es de carácter económico y/o motivada por reunificación familiar. Aun así, la cuestión migratoria de Cuba ha sido y es un asunto altamente politizado por los gobiernos de Estados Unidos. Sucesivas administraciones de ese país han incentivado y promovido la migración irregular de cubanos hacia ese país, así como el abandono de Cuba -y sus misiones en el exterior- por profesionales del sector de la salud, del arte, del deporte y de las ciencias. La tendencia de la migración cubana irregular hacia EE.UU, -pese a la contención de los flujos migratorios entre los años 2019-2021 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19- ha ido in crescendo desde la asunción de la presidencia de ese país por el demócrata Joe Biden. Según un reporte de la Guardia Costera de Estados Unidos, hasta agosto de 2021, solo por la vía marítima, fueron interceptados 595 cubanos, una cifra récord si se consideran los 49 de todo 2020 y los 313 de 2019 (Prensa Latina, 2021).
En lo que va de su mandato, Joe Biden no ha cesado de ejercer las tradicionales políticas de su país hacia Cuba que incitan a la población cubana a la emigración. En el marco de tales políticas, Biden continuó la aplicación y recrudecimiento del sistema de sanciones del bloqueo económico de Estados Unidos impuesto a Cuba. El bloqueo, por excelencia, funciona como un instrumento que incita a la emigración. Asimismo, continuaron y se intensificaron las actividades de subversión político-ideológica contra el sistema constitucional de Cuba. Todo lo cual, se encuentra respaldado por instrumentos jurídicos y políticos estadounidenses. Ello apunta que, la política migratoria no es el único ámbito utilizado por Estados Unidos para incidir sobre los flujos migratorios cubanos hacia el exterior. Por tal motivo, con el presente trabajo se pretende realizar un acercamiento a las concatenaciones existentes entre las distintas acciones e instrumentos de los gobiernos estadunidenses -y, en específico, de la administración de Joe Biden- que inciden sobre la migración cubana hacia el exterior.
El objetivo general del trabajo, por tanto, es analizar el extremismo anticubano en las políticas de la administración Biden, relacionadas con el flujo de la migración cubana hacia el exterior. Como objetivos específicos, la investigación se propone identificar las acciones e instrumentos de alcance económico, jurídico y político de las políticas de Estados Unidos, como factor promotor de la migración cubana hacia el exterior y caracterizar las políticas de la administración de Joe Biden al respecto.
DESARROLLO
El contexto bilateral Cuba-EE.UU anterior al mandato presidencial de Joe Biden a la luz de la migración de cubanos hacia el exterior
La obsesión de los Estados Unidos de América de apoderarse de Cuba no es reciente, ni surgió con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. En temprana fecha, en 1808, Estados Unidos trató de lograr que España le cediera lo que, entonces era su colonia. En abril de 1823, el presidente norteamericano John Quincy Adams instauró para Cuba la “Política de la Fruta Madura” al decir que: “hay leyes de gravitación política, como leyes de gravitación física, y Cuba, separada de España, tiene que gravitar hacia la Unión” (Cobarrubia Gómez , 2015).
No obstante, desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, los gobiernos estadounidenses se han valido de diversos instrumentos jurídicos, así como económicos y políticos específicos, para incidir -de forma directa e indirecta- sobre los flujos de la migración cubana hacia el exterior, como parte de su plan para derrocar al gobierno revolucionario cubano. Uno de esos instrumentos es el sistema de sanciones económicas del Bloqueo contra Cuba, impuesto por el Gobierno de los EE.UU. el 3 de febrero de 1962 a través de la Proclama 3447. Mediante esta decisión presidencial, amparada en las facultades que la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 concedía al Presidente de los EE.UU., se estableció el embargo total a todo comercio entre los EE.UU. y Cuba. Semanas después estas disposiciones fueron enmendadas por la Ley de Comercio con el Enemigo. Otro grupo de normativas fue adoptado en 1963 bajo el nombre de Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos. En 1992 fue aprobado por el Congreso norteamericano un nuevo y sustancial incremento a la compleja madeja de sanciones que comprende el bloqueo: la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, que con el mismo objetivo de las regulaciones anteriores, tiene por objetivo el aislamiento político y económico de Cuba. En 1996, quedó promulgada la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton. Esta ley codificó todas las normas, regulaciones, leyes y órdenes presidenciales adoptadas desde 1962 con relación al bloqueo. De esta forma toda la legislación en materia de bloqueo fue elevada a rango de ley.
A todo lo anterior se suman las acciones de desestabilización mediante subversión político-ideológica, en sus más diversas y sofisticadas variantes, así como actos de terrorismo y sabotaje, o el irrespeto a normas jurídicas internacionales y el incumplimiento de acuerdos gubernamentales bilaterales. Estas acciones fueron y siguen siendo aplicadas al unísono y profundamente concatenados entre sí por las sucesivas administraciones estadounidenses. No obstante, la limitada extensión del presente trabajo solo permite un análisis pluridimensional de estas concatenaciones, sin pretender abarcar la totalidad de los referidos instrumentos.
En materia migratoria, existen varios instrumentos jurídicos bilaterales firmados entre Cuba y Estados Unidos de América. Entre estos se destacan los Acuerdos Migratorios de 1984 y de 1994, además de 2017. Su constante violación por parte de Estados Unidos es un fenómeno ya notorio, ya que ese país, reiteradamente incumple con su compromiso de otorgar a favor de los ciudadanos cubanos la cantidad de visas -20 000 por año- pactadas en dichos documentos. Ello conduce al aumento de la cifra de ciudadanos cubanos que deciden emigrar -principalmente, hacia ese país- por la vía irregular. Al respecto, conforme expresara el Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz:
“La Revolución nunca impidió las salidas legales del país hacia Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Los gobiernos de Estados Unidos, por su parte, siempre estimularon las salidas ilegales. La visa dejó de ser un trámite necesario para ser recibido en Estados Unidos, sin excepción alguna, sin importar siquiera los antecedentes penales, o cualquier hecho delictivo que hubiese cometido; jamás uno solo fue devuelto al país. Bastaba la afirmación de que estaban contra la Revolución o contra el socialismo, el comunismo, o que eran perseguidos políticos. La categoría de emigrante también desapareció del vocabulario para los ciudadanos de nuestra patria. Todo cubano residente en cualquier país del mundo desde entonces fue calificado de exiliado. Extraño ejemplo de exiliados y perseguidos políticos que apenas sin excepción viajan a Cuba cuantas veces lo desean. (Castro Ruz, 1999)
La incitación a la emigración irregular desde Cuba hacia Estados Unidos, constituye una práctica de Estados Unidos, desde el triunfo de la Revolución en 1959. Su objetivo ha sido la desestabilización interna y, por ende, la provocación de una crisis migratoria para fabricar pretexto para un conflicto bilateral y la invasión militar de Cuba por fuerzas extranjeras, con el derrocamiento del gobierno y sistema revolucionarios de Cuba. En función de ello, además de pretender rendir por hambre al pueblo cubano mediante las sanciones de su bloqueo económico impuesto a Cuba, Estados Unidos de América ha promovido también el sistemático robo de cerebros y talentos desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Esto responde a la intención de dejar al país caribeño desprovisto de médicos, profesores, intelectuales, científicos y artistas, para demostrar el “fracaso” de la políticas económicas y sociales del sistema socialista de Cuba. Si bien otros países desarrollados también han ido ejerciendo prácticas similares, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales artífices del robo de talentos mediante sorteo de visas y la emigración selectiva. Para tales efectos, Estados Unidos estuvo aplicando durante una década, el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos. Dicho programa -aunque actualmente se encuentre fuera de vigor- fue establecido en el año 2006. El referido Programa ofrecía visas a cualquier trabajador del sector de la salud cubano que se encontrara prestando servicios como voluntario en los programas del Ministerio de Salud Pública de Cuba y que abandonara su puesto de trabajo. Esto no sólo afectó a Cuba, sino también a las personas y los pueblos donde esos profesionales se encontraban trabajando, principalmente en las regiones menos favorecidas de África, del continente americano y de Asia. Sin embargo, no les garantizó el empleo en sus profesiones en los Estados Unidos.
El éxodo de 125 000 cubanos entre abril y septiembre de 1980 por el Puerto del Mariel de Cuba -fenómeno conocido como la Crisis del Mariel- devino en un problema público para el gobierno de Estados Unidos. La admisión de los cubanos en territorio estadounidense contradecía la letra y el espíritu de la Ley de Refugiados, aprobada en marzo de 1980 (González Maestrey, 2020). En un intento de despolitizar el manejo tradicional de la categoría de refugiados, la legislación estadounidense incorporó los preceptos establecidos en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 (González Maestrey, 2020). Como parte de los esfuerzos del presidente Carter por regularizar el estatus de los migrantes, el senador Ted Κennedy propuso la derogación de la Ley de Ajuste Cubano. En su lugar, sin embargo, se aplicó la solución técnica mediante la Sección 202 de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración de 1986. En la práctica, la mayor parte de los cubanos ajustó su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, entre 1984 y 1985 , con lo que se reafirmó su papel preponderante en el marco regulador de la inmigración cubana en EE.UU
Pese a reiterados intentos para su derogación, uno de los instrumentos jurídicos de más larga duración de Estados Unidos en materia migratoria hacia Cuba, por tanto, resultó ser la Ley de Ajuste Cubano. Dicha Ley fue adoptada el 2 de noviembre de 1966 por el Congreso estadounidense. El referido instrumento “institucionalizó el tratamiento preferencial conferido por EE.UU a los migrantes provenientes de Cuba, con el objetivo de drenar la nación de valiosos recursos humanos, e instalar en Estados Unidos una base social contrarrevolucionaria” (González Maestrey, 2020). La Ley de Ajuste Cubano permite la entrada automática y subsidia a los cubanos no documentados que llegan a Estados Unidos —y solo a los cubanos— a condición de que se declaren “refugiados políticos”. Aun cuando los gobiernos de Estados Unidos y Cuba han alcanzado acuerdos migratorios -lo que ha ocurrido en dos ocasiones, en 1984 y 1994- incide de manera perjudicial sobre la migración pretendidamente regular de Cuba hacia el exterior. Esta ley estimula a quienes quieren abandonar el país a que lleguen a Estados Unidos a través de terceros países o por mar, lo que es peligroso, en lugar de solicitarlo a través del proceso regular de otorgamiento de visas de Estados Unidos.
Tras la crisis económica desatada como consecuencia del derrumbe del campo socialista, Cuba discontinuó los esfuerzos por detener la emigración desde su territorio. Ello coadyuvó a que la cifra de las salidas por vía marítima ascendiera a 36 900 personas en el año 1994. Dicho fenómeno fue bautizado con el nombre de “La Crisis de los Balseros”. En dicho contexto, el accionar del gobierno de Clinton condujo a la adopción de la” política de los pies secos-pies mojados” y culminó con los acuerdos migratorios de 1994-1995 entre Cuba y la EE.UU
Posteriormente, en un intento de armonización del sistema inmigratorio estadounidense, la administración Clinton se propuso eliminar la Ley de Ajuste Cubano, pero no obtuvo suficiente apoyo para llevar adelante dicha iniciativa. De acuerdo con (González Maestrey, 2020), con la política de pies secos-pies mojados, el Gobierno de William Clinton intentó mitigar la reacción de la Fundación Nacional Cubanoamericana. No obstante, este tuvo el efecto de legitimar la Ley de Ajuste Cubano, ya que ratificó la elegibilidad de todo ciudadano cubano que arribara a territorio estadounidense, por cualquier vía y método. Posteriormente, durante el gobierno de George W. Bush, se intensificaron los esfuerzos por legitimar la aplicabilidad de dicho instrumento jurídico e ideológico.
De acuerdo con (Llamos Infante, 2019), la política migratoria estadounidense hacia Cuba fue clave en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos de América. Este hecho sin precedentes, a partir del 17 de diciembre de 2014, inició el proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. No obstante, pese al deshielo entre ambos países, a partir del segundo mandato del Presidente Barack Obama, se incrementó de manera significativa la migración irregular cubana hacia Estados Unidos, tanto por vía marítima como terrestre. El número de cubanos declarados inadmisibles, declarados por las autoridades estadounidenses -debido, principalmente, a su ingreso irregular a territorio nacional de ese país- creció 441% entre 2021 y 2016, ascendiendo de 12 290 a 54 226 personas (Departamento de Seguridad Interna, 2017).
Sin embargo, este período tuvo también algunos elementos positivos, incluso, en materia migratoria. Entre estos se destaca la negociación de la Declaración Conjunta, suscrita el 12 de enero de 2017, mediante la cual Estados Unidos eliminó la política de “pies secos-pies mojados” y el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos. Asimismo, el gobierno del presidente Obama, durante 2015 y 2016, había puesto en vigor varias medidas dirigidas a modificar la aplicación de algunos elementos del bloqueo. No obstante, pese a dichos avances hacia la normalización de la relación bilateral Cuba-EE.UU, Obama tampoco se abstuvo de aplicar medidas del bloqueo, cuyos efectos, en no pocas ocasiones, trascendieron el marco bilateral, afectando a terceros países. Se inscribe dentro del período de la administración de Obama, la imposición de 56 multas a varias entidades estadounidenses y extranjeras. El valor acumulado de estas penalizaciones ascendió a 14 272 982 610,13 dólares, cifra sin precedentes en la historia de la aplicación del bloqueo contra Cuba hasta entonces (Németh Lesznova, La política de Trump hacia Cuba: perjuicios y oportunidades para la Unión Europea, 2020).
La llegada a la presidencia de Donald Trump significó el fin del acuerdo Obama-Castro, en muchos ámbitos. Se derogó la Directiva Presidencial de Política “Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”, emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016. La adopción de las nuevas directivas hacia Cuba por la administración Trump, perjudicó los 22 acuerdos de cooperación firmados entre ambos países a partir del 17 de diciembre del 2014. Dicha directiva fue anunciada y puesta en vigor mediante la firma del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba. Entre los más significativos cambios que dicho Memorando establece (y a los cuales, posteriormente se han ido unido nuevas medidas restrictivas), se encontraban las siguientes medidas:
1. Restricción de los viajes turísticos, dificultando la obtención de permisos;
2. Limitación de los viajes educativos con fines no académicos, que tendrán que ser grupales (prohibición de los viajes individuales auto-dirigidos;
3. Limitación de las actividades económicas con empresas vinculadas a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (básicamente, con el Grupo de Administración de Empresas Gaesa);
4. Reafirmación del bloqueo económico multidimensional[1] estadounidense impuesto a Cuba.
La prohibición del aterrizaje de vuelos procedentes de Estados Unidos en aeropuertos cubanos fuera de La Habana, igualmente, constituyó una medida complementaria de las anteriormente reglamentadas por la administración Trump. Asimismo, hubo nuevas restricciones aplicadas contra el envío de remesas, provocando serios impactos para la familia cubana en ambos lados.
No obstante, el principal pilar de la política de la administración de Trump fue el recrudecimiento efectivo del bloqueo económico multidimensional contra Cuba, entre cuyas consecuencias se inscriben las pérdidas ocasionadas a Cuba, desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, en el orden de los 4 mil 343, 6 millones de dólares (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2019). La Administración Trump recrudeció el bloqueo con 243 medidas adicionales a las ya existentes. De ellas más de 50, fueron tomadas en plena pandemia de COVID-19- estadounidense contra Cuba. El cerco alrededor de Cuba, sin embargo, no se ha limitado a la aplicación efectiva de las acostumbradas medidas del bloqueo: en mayo de 2019, se activó la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton[2], que permite tomar acciones judiciales en tribunales de los EE.UU ante demandas presentadas por ciudadanos o entidades estadounidenses contra empresas o individuos cubanos o de terceros países que se relacionen comercialmente con propiedades nacionalizadas en Cuba en la década de 1960. Esta decisión puso fin a la práctica asumida desde 1996 por los gobiernos estadounidenses anteriores, demócratas y republicanos –incluido, el propio Presidente Trump en sus dos primeros años de mandato- quienes habían suspendido cada 6 meses la activación del Título III.
En el marco del enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países -promovido por el gobierno de Trump- se inscribe, además, la expulsión de dieciséis funcionarios de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, en base del pretexto de una indemostrada “agresión acústica” contra algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, así como la reducción al mínimo imprescindible de los servicios consulares que les ofrecían en su embajada en La Habana a los ciudadanos cubanos interesados en viajar de manera temporal o permanente hacia los Estados Unidos.
Como resultado del cese de la mayoría de los servicios consulares de Washington en La Habana, y la paralización de los programas diseñados para procesar a los solicitantes cubanos, a partir de septiembre de 2017 se ha dejado de cumplir con el otorgamiento de un mínimo de 20 000 visas anuales para migrantes permanentes, tal y como establecen estos acuerdos. Según datos de las autoridades norteamericanas, en 2018 apenas se concedieron 6 504 de estas visas, lo que ha dejado varadas en Cuba a 22 000 personas que ya habían iniciado sus trámites. Además, los casos aprobados deben viajar a un tercer país a culminar sus gestiones, lo que aumenta los costos, los riesgos y las dificultades del proceso migratorio hacia Estados Unidos. De acuerdo con Aja Díaz (2020), esta medida no está motivada por razones estrictamente migratorias, sino que forma parte de las acciones destinadas a dañar las relaciones entre los dos países (Aja Díaz, 2020).
La práctica de reducir el volumen de las visitas temporales de cubanos a Estados Unidos no es nueva; en 2016 fueron rechazadas el 81,9% de las solicitudes, pero en ese momento la razón era evitar la utilización de estas visas como medio para establecer residencia permanente en ese país. Coincidiendo con Aja Díaz (2020), en la actualidad, tal restricción no se justifica, ya que una vez cancelada la política de “pies seco-pies mojados”, el gobierno norteamericano tiene la opción de devolver a Cuba a aquellos que violen el término de sus visas y no permitir que se acojan a la Ley de Ajuste Cubano (Aja Díaz, 2020).
El incumplimiento de los acuerdos migratorios por parte de E.E.U:U., por tanto, continuó potenciando la migración irregular procedente de Cuba, principalmente hacia ese país. Como resultado, entre enero y septiembre de 2017 las autoridades norteamericanas solo reportaron la entrada irregular de 2 057 cubanos a Estados Unidos. En el año fiscal 2018 (octubre-septiembre), la cifra ascendió a 7 079 y desde esta fecha hasta mayo de 2019 se registraron 10 910, no llegando a más de 15 000 al cierre del 2019 e inicios del 2020, donde la crisis mundial de la COVID-19 irrumpió bruscamente este flujo (Aja Díaz, 2020).
Adicionalmente, en septiembre de 2019, Estados Unidos expulsó de su territorio a dos diplomáticos cubanos quienes cumplían misión en la Organización de las Naciones Unidas. Esta última medida fue parte del intento estadounidense por seguir deteriorando unilateralmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, ya que, desde junio de 2018, ya se había procedido al cierre de la Oficina Local de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU en Cuba, transfiriendo una parte de sus servicios a México, además de mantenerse la reducción anteriormente impuesta al personal en ambas Embajadas. Esas decisiones –unidas a la prohibición de que funcionarios oficiales estadounidenses viajen a Cuba– han afectado el cabal cumplimiento por parte de la administración estadounidense de buena parte de los 22 acuerdos en diferentes áreas de mutuo interés suscriptos entre los gobiernos de Cuba y los Estados entre mediados del 2015 y enero de 2017 (Suárez Salazar, 2018), por la administración Obama.
En 2019, a las medidas de asfixia económica del gobierno Trump contra Cuba, se sumó la intensificación del fomento a la subversión y las campañas difamatorias en el plano político y mediático, así como otras, en materia migratoria. Entre dichas acciones se inscribe la creación de una Fuerza de Tarea en Internet[3] (Razones de Cuba, 2018), con el objetivo de promover el flujo de información libre y no regulada en Cuba, para difundir mensajes desestabilizadores, apoyar a los llamados sitios independientes cubanos. Sumado a la creación de la referida Fuerza-Tarea y al recrudecimiento de la política anticubana de EE.UU, en marzo de 2018, el presidente de EEUU, Donald Trump, aprobó 20 millones de dólares en fondos para la subversión en Cuba, como parte del presupuesto estadounidense para ese año. En el referido contexto enrarecido, no se efectuaron las reuniones de la Comisión Bilateral, la Ronda Migratoria y el Diálogo de Aplicación y Cumplimiento de la Ley, debido también a la negativa del Departamento de Estado. Como consecuencia de las medidas del gobierno Trump contra Cuba, en el año 2019 se ha producido una disminución del 20,3% de visitantes estadounidenses en comparación con el año anterior, afectando considerablemente los ingresos de Cuba (Németh Lesznova, La política de Trump hacia Cuba: perjuicios y oportunidades para la Unión Europea, 2020). Todo lo cual, tiene inevitables implicaciones en el corto, mediano y largo plazo sobre el potencial migratorio de Cuba, ya que, al dificultar aun más la vida de la población cubana, afectada por sanciones injerencistas hace más de sesenta años, propicia que muchos cubanos -principalmente jóvenes y profesionales- no visualicen a Cuba como escenario de su proyecto de vida.
Las políticas de la administración de Biden que repercuten sobre la migración cubana
En los meses transcurridos desde la toma de posesión del Presidente Joe Biden, se han agravado las tensiones impuestas desde Estados Unidos que provocan descontento en la población cubana, principalmente, debido al desabastecimiento de mercancías y medicamentos, en adición a los perjuicios ocasionados a su economía por la pandemia de la COVID-19. En materia migratoria, dichas tensiones emanan de la continuidad por Biden de las políticas de Donald Trump. Aunque el gobierno de Biden mantiene la cancelación -decretada por la administración Obama- de la política “pies secos/pies mojados”, se dejan invariables los instrumentos jurídicos relacionados con las políticas de EE.UU hacia Cuba. Tal es la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano. Asimismo, se mantiene el incumplimiento por parte de Estados Unidos de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países, ya que no se ha otorgado -ni de lejos- la cantidad de visas pactada en dichos instrumentos. El número reducido al mínimo del personal en ambas Embajadas -provocado por Estados Unidos- no fue restablecido a las cifras anteriores a su reducción efectuada por la Administración de Donald Trump, a cuya causa se acumulan afectaciones también en el ámbito de otros servicios consulares que no son los estrictamente los migratorios. Todo lo cual no solo limita la migración legal, sino incide sobre los flujos migratorios irregulares, además de afectar a la familia cubana en ambas orillas. Al respecto, el Canciller de Cuba, Compañero Bruno Rodríguez Parrilla (2021), en fecha de 10/11/2021, denunció en su presentación a la Prensa Extranjera acreditada en Cuba: “Estados Unidos continúa aplicando medidas que impiden la reunificación familiar, los viajes familiares y el otorgamiento de visados. Impiden a los ciudadanos de doble ciudadanía acceder a su territorio (…)”. Con estas prácticas alientan a la emigración irregular que crea crea situaciones críticas para los países por los que transitan los ciudadanos cubanos por llegar a EE.UU (Rodríguez Parrilla, 2021). La exigencia de vacunación a ciudadanos cubanos con vacunas reconocidas por OMS o EE.UU, como requisito para su entrada a territorio estadounidense, igualmente constituye una medida de la Administración de Biden y obstaculiza la migración efectiva. Sin embargo, garantizan becas para cubanos en programas de entrenamiento para la desestabilización en Cuba, sin exigirles los solicitados certificados de vacunación.
En materia de política y subversión, es notorio que tan solo entre el 22 de septiembre y 10 de noviembre de 2021, se han pronunciado 29 declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y de figuras influyentes del Congreso de esa nación, dirigidas a alentar, orientar, instigar a acciones de desestabilización en Cuba (Rodríguez Parrilla, 2021). A ello se suma el paquete de financiamiento de la United States International Development Agency (USAID) cuyo importe, solo en septiembre de 2021, ascendió a 6 millones de dólares para promover actos de desestabilización en Cuba (Rodríguez Parrilla, 2021), además de la manipulación del algoritmo de la Red Social Twitter, de mensajes con contenidos referentes al financiamiento por Estados Unidos de tales actos.
Como parte de la ciberguerra contra Cuba, desde Estados Unidos se origina la mayor parte de los contenidos tóxicos que acompañan la etiqueta con la que se promueve la desestabilización en Cuba. La plataforma online secure VPN, una aplicación ultrarrápida, posee un servicio que se sostiene con 19 servidores ubicados en EE.UU. Esta plataforma realiza una campaña comunicacional gratuita en Cuba, beneficiando solo los usuarios de este país, mientras el resto del mundo tiene que pagar por promocionar sus productos en ese sitio. Todo ello es parte de la guerra no convencional impuesta a Cuba por Estados Unidos.
Coherentemente con lo anterior, bajo el mandato de Biden ocurrieron los disturbios en Cuba del 11 de julio de 2021, causados por una operación comunicacional a la cual la Casa Blanca y sus agencias destinan fondos millonarios y así manipulan las noticias e imágenes sobre realidad cubana.
El 11 de julio fue una típica operación subversiva dirigida secretamente por la CIA y la comunidad de inteligencia norteamericana, promovida a través de programas subversivos millonarios desde años recientes, subvencionados por la USAID y la National Endowment for Democracy (NED) que actúan con el beneplácito de su gobierno y la complicidad de la derecha cubano-americana (Hevia Frasquieri, 2021). La causa fundamental del descontento que dio lugar a dichos disturbios -financiados, orquestados y manipulados por agencias del Gobierno de Estados Unidos y organizaciones de la ultraderecha de Miami- fue la situación económica que afecta a la población de Cuba. El desabastecimiento de alimentos y medicinas en el país, máxime, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, sin embargo, es esencialmente consecuencia directa del bloqueo y las sanciones impuestas por Trump y mantenidas por Biden. Las acciones desestabilizadoras que coadyuvaron los referidos sucesos, son promovidas desde el exterior y ejecutadas por mercenarios y asalariados que utilizan las carencias provocadas en Cuba por Estados Unidos, para incitar el caos. Dichas acciones tienen la finalidad de crear pretexto para justificar una intervención “humanitaria” en Cuba. La administración Biden es cómplice de dichas acciones, ya que, los actores políticos y entidades en su territorio que protagonizan la referida desestabilización, reciben financiamiento del Departamento de Estado y la USAID como parte de “la guerra de información" (Rodríguez Parrilla, Conferencia de Prensa, 2021). En el marco de dichas acciones, la CIA y sus mercenarios, aprovechando el complejo entorno económico, insisten, mediante una guerra mediática, en provocar tensiones dentro de la población, así como promover nuevas plataformas de grupos y sucesos de calle, estimulando la emigración ilegal y otras provocaciones.
Algunas operaciones encubiertas patrocinadas por la USAID y la NED, visiblemente relacionadas con los servicios especiales norteamericanos, venían ejecutándose desde tres años antes de los sucesos del 11 de julio de 2021, para instigar lo que los propios norteamericanos denominaron como una “Primavera Cubana” al estilo del Medio Oriente (Hevia Frasquieri, 2021). Coincidiendo con Hevia Frasquieri (2021), lo ocurrido el 11 de julio mostró que el diseño del programa subversivo que se aplica contra Cuba en los últimos años posee intrínsecamente, entre otros componentes, un basamento psicológico, moral, subjetivo, indirecto y retardado en el tiempo, difícil de medir durante su etapa de implementación (Hevia Frasquieri, 2021). Todo esto forma parte de una estrategia política bien articulada por el Gobierno de Estados Unidos, que tiene un antecedente cercano en el “Programa de Apoyo a la sociedad civil cubana”, que se extendió contra Cuba desde el año 2008 por intermedio de decenas de ONGs extranjeras, promocionadas por la Oficina para Iniciativas de Transición (OTI) “Office for Transition Initiatives”, una de las dependencias principales de la USAID. El texto de un resumen de este programa secreto de la USAID, involucra directamente al Gobierno norteamericano. Este documento evidencia una metodología operacional de inteligencia sujeta a estrictos protocolos de seguridad y revela que el programa cuenta con más de 400 programas millonarios ejecutados contra Cuba desde el año 2008 hasta el presente, dentro y fuera del país (Hevia Frasquieri, 2021).
Todo lo anterior es el complemento del fracasado intento de Estados Unidos de rendir por hambre al pueblo cubano y provocar desesperación mediante medidas de índole económica que, igualmente, influencian los flujos de la migración cubana hacia el exterior. En este marco se destaca la continuidad de las tradicionales políticas de administraciones estadounidenses anteriores, con especial énfasis en la línea dura que ejerciera Donald Trump. De acuerdo con ello, se ha mantenido el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba: el 8 de septiembre de 2021, se efectuó mediante la firma por Joe Biden, la prórroga, por un año más, del instrumento jurídico “Ley de Comercio con el Enemigo” -uno de los estatutos de la Casa Blanca- que sostiene el bloqueo económico multidimensional contra Cuba. Durante su campaña electoral, Biden prometió revertir las más de 240 sanciones impuestas a Cuba por su antecesor Donald Trump. Sin embargo, esto no ocurrió: luego de nueve meses en la Casa Blanca, Biden mantiene el bloqueo, agravado con las 243 acciones que Trump (2017-2021) tomó respecto a Cuba, pese a que durante su campaña electoral prometió un cambio al respecto (Prensa Latina, 2021). Asimismo, en noviembre de 2021, el Presidente Joe Biden, rechazó algunas de las propuestas sobre la autorización y las vías para enviar remesas a Cuba. Con ello mantiene una prohibición adicional que afecta la economía de Cuba a las familias cubanas. Todo ello estimula la migración cubana hacia el exterior.
En resumen, las acciones de la administración Joe Biden, en relación con la migración cubana hacia el exterior, en lo que va de su mandato, contaron con los siguientes instrumentos y medidas:
- La continuidad de la aplicación del bloqueo económico y la persecución económico-financiera de Cuba para obstaculizar el ingreso al país de remesas desde el exterior.
- Mantenimiento del reducido número de personal de la embajada de Estados Unidos en La Habana e incumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes.
- Vigencia de la Ley de Ajuste Cubano.
- Prórroga de la vigencia de la Ley de Comercio con el Enemigo.
- Intensificación de la desestabilización de Cuba y su financiamiento.
- Recorte de períodos de visados outorgados a cubanos.
- Obstaculización de los servicios consulares y la reunificación familiar.
- Exigencia de vacunación a ciudadanos cubanos con vacunas reconocidas por OMS o EE.UU como requisito para entrar a territorio estadounidense.
Todo lo cual nos permite concluir que las políticas de la Administración Biden carecen de características propias que la distingan del tradicional extremismo anticubano de las políticas de sucesivos gobiernos estadounidenses, en función de su obsesión por derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. En dichas políticas, la incitación a la migración de los cubanos hacia el exterior, ha sido un fin, y a su vez, un medio.
Conclusiones
Bloqueo y desestabilización -incluido el intento de fabricación de una “primavera cubana”-, son acciones complementarias entre si que fueron y están siendo implementadas inseparablemente y al unísono, para juntos lograr el derrocamiento del gobierno revolucionario de Cuba. En función de dicho objetivo, el gobierno de Biden –siguiendo la tradición de las sucesivas administraciones estadounidenses anteriores desde el triunfo de la Revolución Cubana- se vale del empleo simultáneo de numerosos instrumentos, de índole política y económica. Todo lo cual, está respaldado, además, por instrumentos jurídicos y mediáticos. Mediante ellos alienta a la migración de cubanos hacia el exterior e, incluso, en gran medida, la migración irregular. Por todo lo anterior, podemos afirmar que el fenómeno de la migración de cubanos hacia el exterior, constituye un aspecto transversal en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos de América. A su vez, representa un importante instrumento de las políticas desestabilizadoras de EE.UU., a las cuales la Administración Biden se sumó con el mismo extremismo anticubano de sus antecesores.
La aplicación de dichos instrumentos, evidencian el pretendido -y real- desconocimiento de la capacidad del pueblo cubano para decidir su propio futuro y llevar adelante los cambios socioeconómicos que necesita. La aprobación mayoritaria de su nueva Constitución de la República es apenas una evidencia de ello. Así como la superación de la pandemia por Cuba, mediante medidas acertadas y la vacunación del casi 90% de su población contra la COVID-19 para finales de 2021, efectuada con vacunas desarrolladas por su propia industria biotecnológica. El retorno en noviembre de 2021 de los estudiantes a las escuelas y, del país, a la nueva normalidad, parecen desmentir a tantos intentos de aniquilación de esa digna nación y los logros de su Revolución. Los resultados económicos, sociales, científicos, así como en materia de salud, de cooperación internacional y de justicia social de Cuba -y su mera resistencia- pese a más de 60 años de bloqueo y terrorismo multidimensionales son la prueba del fracaso de las políticas colonialistas obsesivas de las sucesivas administraciones del Imperio estadounidense.
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[1] Se trata del bloqueo denominado “económico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos contra Cuba. En este trabajo se utiliza el término multidimensional, para hacer referencia a los aspectos comerciales y financieros de dicho bloqueo económico, con el objetivo de reflejar que estas dos dimensiones (comercial y financiero) se incluyen dentro de la categoría “económico”.
[2] La Ley Helms-Burton constituye un instrumento jurídico de coerción política que dispone acciones de presión económica lesivas a la soberanía de Cuba y de terceros países, con el propósito de asfixiar a la economía cubana e incrementar las carencias de la población. Busca perpetuar el clima de hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos y negarle a la nación cubana el derecho a la autodeterminación. Sus regulaciones son contrarias al Derecho Internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Esta normativa ha suscitado el contundente rechazo de numerosos actores de la comunidad internacional y de representantes de organismos internacionales.
[3]Este grupo lo integran organizaciones no gubernamentales y representantes del Gobierno estadounidenses que han sido responsables de programas subversivos que han buscado a través de los años socavar el orden interno de la Isla. Entre esas entidades se encuentran la USAID, Freedom House y el Buró de Transmisiones hacia Cuba, principales impulsores de proyectos como Zunzuneo, Piramideo o los mal llamados Radio y TV Martí – programas creados para promover el “cambio de régimen” en Cuba.
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