El gobierno norteamericano anterior, encabezado por el republicano Donald Trump, desconoció una veintena de acuerdos consensuados por ambos países y regresó al lenguaje de la confrontación y sanciones contra La Habana, además de reforzar el embargo vigente desde 1962.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
– Desde que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero, figuras políticas y organizaciones civiles renovaron las exhortaciones para que la Casa Blanca retome la política de acercamiento y diálogo con Cuba, abandonada hace cuatro años.
La nueva administración demócrata ha reconocido que analiza las muy deterioradas relaciones con la nación insular caribeña, pero persiste la interrogante de cuándo se completará ese estudio y el alcance de las medidas para comenzar a destejer otra vez el nudo gordiano del diferendo entre ambos países.
Con una reacción sobria ante el triunfo de Biden, el gobierno cubano afirmó, por su parte, que se mantiene dispuesto al diálogo.
Analistas argumentan que el tema de Cuba posee un bajo nivel de prioridad dentro de la nueva administración estadounidense, ante urgentes problemas internos y globales como el manejo de la pandemia de covid, la urgencia en recuperar la economía y la necesidad de recomponer vínculos con sus principales aliados, entre otros.
No obstante, apostar por la intercooperación científica y la lucha antinarcóticos, por ejemplo, resultaría positivo para ambas naciones separadas apenas por 90 millas náuticas (167 kilómetros) en el estrecho de la Florida.
Preguntados por IPS, expertos opinan que quizás las relaciones con Cuba adquieran relevancia como parte de las proyecciones hemisféricas de la administración Biden, cuando se aproxime la IX Cumbre de las Américas, que si no hay cambios debe celebrarse en el segundo semestre de este año y cuyo anfitrión va a ser, precisamente, Estados Unidos.
“Biden se ha declarado partícipe de continuar la política del expresidente Barack Obama (2009-2017), del cual fue vicepresidente. Bastaría que siguiera esa línea. No tiene que inventar nada nuevo”, explicó a IPS el politólogo Esteban Morales.
De acuerdo con este experto en los vínculos binacionales, “Obama demoró en abrir las relaciones –al final de su segundo mandato-, pero cuando lo hizo, no puso condicionantes. Estaba convencido desde hacía tiempo que la política hacia Cuba era un fracaso”.
Para Biden bastaría con “poner sobre la mesa su voluntad de hacerlo, reiniciando el camino que frustró la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021)”, enfatizó Morales.
El gobierno republicano desconoció una veintena de acuerdos consensuados por ambos países y regresó al lenguaje de la confrontación y sanciones contra La Habana, además de reforzar el embargo vigente desde 1962.
Como punto culminante del deterioro de las relaciones, el 11 de enero Trump incluyó a Cuba en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo de la cual fue excluida en 2015, como parte del deshielo diplomático iniciado a fines de 2014.
La decisión, refieren analistas, buscó demorar un posible acercamiento, pues se requiere un dilatado proceso burocrático para excluir a cualquier país de dicho listado que conlleva sanciones y restricciones financieras.
El 28 de enero, al completar su primera semana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que el gobierno revisaría la política hacia Cuba y aportó pistas sobre el probable curso de las futuras medidas.
La portavoz indicó que uno de los principios rectores de la estrategia hacia la isla sería “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”.
Psaki consideró a los estadounidenses y especialmente los cubanoamericanos “los mejores embajadores de la libertad en Cuba” por lo cual, añadió, “vamos a asegurarnos que nuestro enfoque se ajuste a eso. Tomaremos nuestro propio camino”.
La cuestión de los derechos humanos ha sido motivo de agrios desencuentros entre La Habana y Washington en foros internacionales.
Durante el gobierno de Obama se realizaron sobre el tema sendas rondas de diálogo en 2015 y 2016, las cuales evidenciaron las marcadas diferencias de enfoque con respecto a un asunto que el gobierno cubano ha aceptado discutir en condiciones de igualdad y sin condicionamientos externos.
Otros analistas consideran que Biden podría asumir, casi sin costos políticos, medidas como reautorizar los vuelos comerciales directos y atraques de cruceros, la ampliación de licencias para los viajes de estadounidenses y eliminar los límites para el envío de remesas a Cuba.
Voces internas a una apertura
En las últimas semanas aumentaron notablemente y desde un amplio espectro político las recomendaciones sobre cómo enfocar la hoja de ruta para la normalización de vínculos.
El 19 de enero el congresista demócrata James McGovern envió una carta a Biden en la cual lo exhortó a restaurar el pleno funcionamiento de la embajada y servicios consulares de Washington en La Habana, con un embajador experimentado y altamente calificado.
Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, introdujo el 5 de febrero el proyecto de Ley de Comercio entre Cuba y Estados Unidos de 2021, para derogar sanciones y establecer relaciones comerciales plenas.
Se trata de una iniciativa similar a la presentada en 2017 por el propio legislador, pero con pocas posibilidades de avanzar por ahora en el Congreso, según expertos.
El Cuba Study Group, presentó el 16 de febrero el documento “Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden”, que pauta cómo pudieran enfocarse las relaciones bilaterales en los próximos años.
Integrada por líderes empresariales y jóvenes profesionales cubanoamericanos, la entidad no gubernamental recomendó “reanudar el diálogo diplomático y la cooperación sobre cuestiones prácticas de interés compartido con las autoridades cubanas”.
Desde la isla, en una carta abierta al mandatario norteamericano firmada desde el 9 de febrero por centenares de personas, la plataforma Joven Cuba instó a comenzar a “desmantelar el sistema de sanciones que continúa afectando al pueblo cubano”.
Por su parte, congresistas, alcaldes e integrantes de la comunidad cubanoestadounidense también han reclamado a la Casa Blanca que no suavice la política hacia Cuba sin antes constatar avances concretos en temas como los derechos humanos.
A juicio de Morales, otros indicios del posible curso de las relaciones con la isla pueden atisbarse en la designación de dos altos funcionarios como Alejandro Mayorkas y Emily Mendrala.
Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y de origen cubano, resultó clave en la firma de importantes acuerdos con la isla, a la cual viajó en 2015, como subsecretario de Seguridad Nacional durante el segundo mandato de Obama.
Mendrala, subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, es una experta en la realidad cubana y desde su anterior cargo de directora ejecutiva del Centro para la Democracia en las Américas defendió la normalización de los nexos.
“Dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos se ha avanzado bastante en el interés de mantener relaciones con Cuba. En los últimos años prima el espíritu del intercambio familiar. Si Biden abre las relaciones encontrará incluso menos obstáculos que Obama”, valoró Morales.
A su juicio, queda como un posible obstáculo los incidentes sónicos reportados públicamente por primera vez en agosto de 2017.
Tales hechos sirvieron a Washington para justificar la retirada de la mayor parte de su personal diplomático y cerrar los servicios consulares en la capital cubana, con afectaciones en la entrega de visas y los programas de reunificación familiar.
Un informe secreto del Departamento de Estado desclasificado a inicios de febrero indicó que la respuesta del gobierno de Trump ante los síntomas de salud reportados por los diplomáticos estuvo “dominada por una falta de liderazgo, comunicación ineficaz y desorganización sistemática”.
“Algún día se podrá aclarar lo que sucedió y lo que no sucedió”, dijo el 12 de febrero el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien reclamó una desclasificación seria de información sobre los alegados incidentes de salud, a fin de conocer cuán lejos llegó el gobierno de Trump “para justificar artificialmente un retroceso en las relaciones bilaterales”.
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