La mayoría de los medios de prensa del país y sectores políticos, incluso republicanos, aumentan los llamados para que sea removido del cargo bajo la 25 enmienda de la Constitución, mientras los demócratas también están listos para presentar artículos de impugnación la próxima semana, según reseña el diario digital The Hill.
Aunque
es poco probable que Trump enfrente acusaciones por sus comentarios en
el mitin que precedió inmediatamente a la insurrección, después del 20
de enero el Departamento de Justicia estará bajo una nueva
administración y no se descartan acciones contra el entonces ya
exmandatario.
Algunos expertos legales, como el abogado de
seguridad nacional Brad Moss, consideran que hay un caso legítimo y la
conducta de Trump el miércoles se eleva al nivel de incitación criminal.
En
opinión de Elie Honig, analista legal de CNN y exfiscal, el presidente
'necesita ser investigado y tiene una verdadera responsabilidad penal
potencial por incitación para esencialmente estimular a la gente,
motivando a la gente a ir allí y cometer estos crímenes'.
No
obstante, algunos expertos estiman que la nueva administración podría
ver afectada su agenda si se enfrasca en un proceso contra el
expresidente y es probable que opte por pasar la página de la era Trump y
esquivar el bagaje político que podría venir con su enjuiciamiento,
algo ahora que polarizaría aun más el país.
Según The Hill,
algunos demócratas, por su parte, no es probable que perdonen a Trump
por su papel en la primera brecha masiva del Capitolio de los EE.UU.
desde la Guerra de 1812.
Asimismo, tampoco es probable que
olviden que la única razón aparente del exfiscal especial Robert Mueller
para no acusar a Trump de obstruir criminalmente su investigación en
Rusia fue que la política del Departamento de Justicia prohíbe la
acusación de un presidente en ejercicio, pero no impone tales
restricciones a la acusación de expresidentes.
También puede
pesar contra el gobernante que Merrick Garland sea el nuevo fiscal
general, si es confirmado por el Senado, luego que los republicanos le
impidieron su membrecía en la Corte Suprema del país.
Según una
opinión publicada por el diario The New York Times, la Constitución
permite al Congreso destituir a los presidentes u otros funcionarios del
poder ejecutivo antes de que terminen sus mandatos si los legisladores
creen que han cometido 'traición, soborno u otros delitos y faltas
graves'.
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