jueves, 31 de diciembre de 2020

Diario Washington Post acusa a Trump de estimular la violencia

 


Washington, 31 dic (Prensa Latina) El diario The Washington Post acusó hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, de incitar al caos para el 6 de enero, cuando el Congreso tiene previsto ratificar la victoria electoral del mandatario electo, Joe Biden.

Ese día que el Legislativo se reúne en una sesión conjunta para aceptar los resultados de los comicios del 3 de noviembre debería ser un testimonio de la democracia perdurable y no de las acciones que convoca Trump para esa jornada dentro y fuera del Capitolio, señala el rotativo.

Según el Post, el gobernante junto con 'habilitadores cobardes' como el senador Josh Hawley (republicano por Missouri) intenta cambiar lo que debería ser un procedimiento solemne pero en gran medida superficial, para ratificar la victoria de Biden.

El resultado podría ser una desvergonzada muestra de apoyo por parte de numerosos congresistas republicanos por borrar los votos de millones de estadounidenses y, quizás, el caos incitado por el presidente en las calles de la capital norteamericana, acota el rotativo.

A principios de diciembre, el jefe de la Casa Blanca publicó un mensaje en Twitter en el que anunciaba una gran protesta en el Distrito de Columbia el 6 de enero.

¡Esté allí, será salvaje!, tuiteó Trump en un llamamiento a sus partidarios para que vinieran a la capital con el fin de respaldar su campaña para anular los resultados electorales.

El hecho de que el presidente busque activamente estimular las protestas callejeras es un tema que preocupa a los funcionarios del gobierno capitalino, quienes basándose en el comportamiento de algunos de los partidarios de Trump en dos mítines anteriores, temen un brote de violencia.

Si bien las manifestaciones diurnas fueron en gran parte pacíficas el 14 de noviembre y el 12 de diciembre, la destrucción y el derramamiento de sangre estallaron cuando llegó la noche.

Durante el evento del 12 de diciembre, cuatro personas fueron apuñaladas y miembros de Proud Boys, un grupo de extrema derecha vinculado a la supremacía blanca y categorizado por el FBI como una organización extremista, fueron vistos agrediendo a los transeúntes.

Esto es demasiado para un presidente que aboga por el imperio de la ley y el orden, e igual de hipócritas son los miembros republicanos del Congreso, que planean presentar objeciones a la certificación de votos electorales para Biden.

Ellos citan acusaciones completamente infundadas, uniformemente rechazadas por los tribunales, de fraude electoral, y su objetivo no es, como profesan, garantizar la integridad de los comicios, sino más bien satisfacer los caprichos 'de un posible presidente autocrático y pulir sus credenciales como leales a Trump para futuras elecciones', agrega el periódico.

Sin embargo, ahora solo podemos esperar que el daño del caos que está incitando Trump no se extienda a las vidas humanas, concluye el Post.

miércoles, 30 de diciembre de 2020

Medios dependientes del cibernegocio contra Cuba


Se catalogan como independientes o alternativos. Pero basta ir tras la ruta del dinero que los alienta y articula para saber de quién dependen y a qué línea editorial responden…

Foto: Granma

Un entramado de medios de comunicación intenta legitimar en Cuba la visión hegemónica estadounidense sobre democracia y libertad. Con su estrategia anexionista intoxican constantemente las redes sociales con informaciones tergiversadas sobre casi todo lo que ocurre en la Isla.

Se catalogan como «independientes o alternativos», pero resulta curioso que todos los que dirigen CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte, entre otros, residen en el exterior, la mayoría en EE. UU., y sus estrategias de comunicación son la fórmula calcada del diseño político que predomina en ese país.

Maykel González, del sitio subversivo Tremenda Nota, declaró públicamente que, durante su estadía en ee. uu., específicamente en el estado de Ohio, asistió a un programa académico con profesores de la Universidad.

«Hubo un contacto con funcionarios que se encargaban de atender a la prensa en el Departamento de Estado, yo tuve una cita privada con la funcionaria de Estado Priscila Hernández», comentó González.

El informe de la Comisión para la asistencia a una Cuba Libre, de junio de 2004, registra las principales líneas subversivas contra la Mayor de las Antillas, entre las que se incluyó el fomento de proyectos de prensa. Desde entonces, todas las administraciones posteriores al presidente George W. Bush ajustaron su diseño mediático a cada contexto.

El Departamento de Estado, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Fondo Nacional para la Democracia (NED) de esa nación, financian esta maquinaria mediática que se ha beneficiado de los más de 500 millones de dólares que la Casa Blanca destinó en los últimos 20 años para la subversión en Cuba.

Con el fin de recibir de modo expedito los financiamientos, varias de estas publicaciones digitales contrarrevolucionarios se han registrado en otros países como organizaciones no gubernamentales (ONG).

Tal es el caso de los sitios El Toque, mediante el colectivo Más, radicado en Polonia, y de El Estornudo, creado en Cuba, y luego legalizado en México como una ONG.

Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo, arribó a Cuba el 24 de noviembre para unirse al show mediático de San Isidro.

Abraham Jiménez Enoa, quien fuera partícipe de ese mismo sitio web, expresó que él no sabe cuánto es el financiamiento total del «medio», porque todo se gesta desde afuera. «Los colaboradores

que hacen la revista cobran por trabajo, con un sueldo fijo de 400 CUC. Hasta que yo me fui, El Estornudo era financiado por la NED y Open Society», precisó Jiménez Enoa.

Estos medios que se hacen llamar alternativos e independientes, se descalifican por sí solos, cuando se revela de dónde procede su sustento, aunque en ocasiones se pretenda desviar la atención sobre el origen del dinero.

La investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, Yazmín Vázquez Ortiz, explicó que el financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica son pilares, a partir de los cuales se aprovechan las condiciones que existan en las sociedades que puedan ser objeto de intervención, para promover movimientos de resistencia que puedan fomentar el cambio que quiere EE. UU.

Quienes dirigen y colaboran en estos espacios, lo hacen a través de organizaciones radicadas en territorio estadounidense, europeo o latinoamericano.

La subdirectora de ese mismo Centro, Olga Rosa González Martín, destacó que al funcionar como una organización privada reciben fondos privados, puede ser de cualquier individuo, de cualquier corporación a nivel internacional, lo que hace más difícil poder vincular a una entidad con un gobierno específico, y con los objetivos de política exterior de este en un país determinado.

El Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda, y muchos más, funcionan como contratistas de estos proyectos mercenarios de prensa.

José Jasán, del sitio subversivo El Toque, precisó que «lo más aceptable para ‘la empresa’ es que al ir un grupo de cubanos a capacitarse le da la oportunidad de pagarles directamente a estos».

Elaine Díaz Rodríguez, de Periodismo de Barrio, expresó que acudieron a la cooperación internacional. «En un primer momento se financió con los ahorros que pude llevar a Cuba de la beca, y después logramos hacer un proyecto piloto con la Fundación Sueca de Derechos Humanos. Logramos una alianza con la Embajada de Noruega, mediante la cual estamos aquí», precisó.

En este diseño sobresale desde la NED, el cubanoamericano Aimel Ríos Wong. Como Jefe del Programa Cuba, distribuye los fondos aprobados para desmontar paradigmas ideológicos y culturales desde afuera y dentro de la Isla.

Maykel González, del sitio subversivo Tremenda Nota, comentó que Ríos Wong lo llamó, salieron a «dar una vuelta en Washington», y lo reconoció como alguien que se ha hecho presente, que ha estado dialogando constantemente con los actores, tanto del periodismo como de la sociedad civil.

«Estamos trabajando con alrededor de 7 000 dólares americanos para un trimestre, a partir de los cuales hacemos la planificación del trabajo, y está asignado por todas las tarifas que tenemos de pago», apuntó Maykel González.

Como estrategia seleccionan a sus futuros líderes, los capacitan, premian, financian, estimulan, visibilizan, aglutinan, empoderan, orientan y les dan espacios y tribunas.

«Lo que dicen es: no, pero a mí nadie me dice lo que tengo que escribir, nadie me dice cuál es la línea editorial de mi página o de los artículos que yo escribo. No tienen que decírtelo, ya tú tienes asumida esa línea, recibes el

financiamiento, porque ya decías esas cosas, y sabes que si no las dices y no sigues esa línea antigubernamental no vas a recibir el financiamiento», destacó Javier Gómez Sánchez, especialista en medios de comunicación audiovisual.

En la medida que la informatización del país ha ido avanzando, señaló Gómez Sánchez, las personas han ido teniendo un mayor acceso a internet, y esta guerra ha ido aumentando y organizándose, porque su posibilidad de llegar con este tipo de manipulación mediática a determinados sectores de la población se ha incrementado.

El doctor Ernesto Estévez, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, recordó que este fenómeno es algo que se ha venido trabajando desde hace muchos años, con el objetivo de revertir la Revolución Cubana, de hacer una restauración capitalista.

Fuentes públicas del propio Gobierno estadounidense muestran el incremento de estos fondos durante los últimos años, justo cuando el Estado cubano avanza en las transformaciones del nuevo modelo económico y social.

Así lo confirma una convocatoria de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano para financiar propuestas relacionadas con los derechos civiles y políticos en Cuba, en medio de las provocaciones articuladas en los últimos días.

Junto a la imposición de medidas económicas restrictivas y el complejo escenario epidemiológico de la COVID-19, los medios de prensa enemigos se alinearon para desacreditar la gestión del Gobierno cubano y deslegitimar el sistema social.

«Tiene que ver con la fabricación de matrices de opinión, que tienen dos características esenciales: primero que están creadas para administrar los descontentos que existen, relacionados con determinados temas, y dirigirlos en contra del Gobierno, del socialismo, del sistema político; y segundo, intentar promover en Cuba un pensamiento liberal, basado en el liberalismo, que es la ideología del capitalismo», expuso la sicóloga Karima Oliva Bello.

En el entramado comunicacional se encuentran los llamados influencer con tendencias hipercríticas, creados para generar empatías y tendencias ideológicas en miles de seguidores, a través de las redes sociales.

Los proyectos de prensa enemigos, en este escenario, se identifican como instrumentos del Gobierno de EE. UU. en su estrategia de guerra no convencional contra la Mayor de las Antillas.

Quien consume las noticias que publican los medios subversivos pudiera llegar a creer que Cuba es un país que se desploma. Sin embargo, se trata de una nación que vive una realidad diferente.

 

martes, 29 de diciembre de 2020

Cuba inmunizará a su población contra covid-19 con vacuna propia en 6 meses

 



Cuba podrá inmunizar a toda su población contra el nuevo coronavirus con una vacuna propia en el primer semestre de 2021, afirmó un importante directivo de Salud.

El país está en capacidad "para inmunizar a la población cubana contra el virus SARS-CoV-2 en el primer semestre de 2021", aseguró el director del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), Vicente Vérez Bencomo, citado el martes por el diario oficial Granma.

Vérez hizo la afirmación ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante una visita al IFV, donde se elaboran los dos candidatos vacunales contra el covid-19: Soberana01 y Soberna02.

Las "soberanas han avanzado en el ensayo clínico de manera importante, la 01 va terminando la Fase 1 y la 02 entra en la Fase 2", informó Vérez.

Señaló que ambas han demostrado confianza en cuanto a seguridad y respuesta inmune, pero "Soberana 02 en específico, por sus características, ha mostrado una respuesta inmune temprana (a los 14 días), lo que permite pasar a Fase 2 de ensayo clínico de forma más rápida".

El funcionario explicó que en enero se vacunarán a cerca de 1.000 voluntarios en las diferentes formulaciones de Soberana 02, "para más tarde, tras las evaluaciones y permisología requerida, entrar en Fase 3" con la participación de unas 150.000 personas en La Habana.

También se avanza en las negociaciones para desarrollar la fase 3 de ensayo clínico de Soberana 02 en otros países, debido a la baja prevalecia de covid-19 en la población cubana, agregó.

"A la familia del Finlay, junto a las de los otros centros que han trabajado en el desarrollo de Soberana, expresamos nuestra gratitud por lo que han hecho, y respeto y confianza en lo que vamos a seguir haciendo", enfatizó el presidente Díaz-Canel.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología también trabaja en otros dos candidatos vacunales contra la misma enfermedad, denominados Mambisa y Abdala.

Los científicos cubanos tienen experiencia en la obtención y fabricación de vacunas. El programa nacional de vacunación para toda la infancia cuenta con 11 vacunas contra 13 enfermedades, ocho son fabricadas en la isla.

Aunque actualmente enfrenta un rebrote de casos debido a la apertura de fronteras, Cuba, con 11,2 millones de habitantes, mantiene bajo control la propagación de la enfermedad con 11.434 casos y 143 fallecidos hasta el domingo, cifras bajas en comparación de sus vecinos de la región.

lunes, 28 de diciembre de 2020

Cuba reducirá vuelos procedentes de algunos destinos a partir del 1ro de enero de 2021 y refuerza medidas de control en frontera

 



Doctor Francisco Durán Gracía, Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap); Carmelo Trujillo, jefe del departamento de Control Sanitario Internacional del Minsap y Mercedes Vázquez González, directora de transporte aéreo y relaciones internacionales del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba ofrecieron detalles a la prensa sobre las nuevas medidas. Foto: Cubadebate.

El arribo de viajeros internacionales ha generado un incremento de los casos importados de COVID-19 y de los contactos de estos con otras personas, llegando a representar el 71,5 % del total de los casos detectados en las últimas semanas; asociado en su gran mayoría a ciudadanos cubanos procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Haití, República Dominicana y Bahamas, entre otros.

Así señala el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su sitio oficial, información ampliada este lunes en conferencia de prensa. De acuerdo con el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del Minsap, desde principios del mes de noviembre cuando tuvo lugar la apertura de los aeropuertos internacionales en el país, y hasta el pasado 23 de diciembre, se han diagnosticado en el territorio nacional 3 782 personas positivas a la COVID-19.

“De ellos, 2 207, el 58, 4 % corresponden a casos autóctonos, es decir cuya transmisión se generó dentro del país, mientras que 1 575, el 41, 6 % se corresponden con casos importados del nuevo coronavirus”, enfatizó el especialista.

Para Durán García, es indiscutible que este número de personas que han arribado al país con la enfermedad ha generado transmisión y una importante propagación de la enfermedad dentro del territorio nacional, al constituir la fuente de infección de 1 128 de los casos autóctonos del país, es decir el  51, 1 % de las personas diagnosticadas.

Sobre los diferentes países de procedencia de los viajeros que han estado arribando al país, el doctor Durán García sostuvo que se desarrolló un análisis minucioso. Ejemplificó que de los casos importados detectados al arribo: por cada 1 000 viajeros que arriban al país procedentes de Estados Unidos, se diagnostican 12, 9 personas positivas al SARS-CoV-2, de República Dominicana 12, 6 personas enfermas; 11, 7 de México;  9, 7 de Haití; 4, 6 de Panamá y 2, 2 casos positivos de cada 1000 viajeros procedentes de Bahamas. Estos son los países que mayor número de casos positivos de COVID-19 han aportado entre los viajeros que han arribado a Cuba, señaló.

De ahí que teniendo en cuenta estos elementos, la actual situación epidemiológica nacional, regional e internacional y la necesidad de tomar un grupo de medidas que posibiliten la disminución de casos de COVID-19 en el país, se ha decidido reducir la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana, a partir del 1 de enero del 2021, para lo cual las autoridades de la Aeronáutica Civil de Cuba reajustan con las aerolíneas los detalles necesarios. Tan pronto la situación epidemiológica lo permita, se restablecerá gradualmente la frecuencia de vuelos.

La reducción del flujo migratorio influiría de manera directa en la reducción de casos importados del virus, casos introducidos al país (aquellos que se infectan a punto de partida de los casos importados como consecuencia de no guardar las correctas medidas higiénico-sanitarias), y de casos secundarios, y ello redundaría en un mayor control de la epidemia, afirmó Durán García.

A su vez, y como ya se ha informado, se ha decidido establecer como requisito obligatorio para la entrada a nuestro país de todos los viajeros internacionales, la realización de una prueba PCR con resultado negativo a COVID-19, con 72 horas de antelación de iniciado el viaje y por un laboratorio certificado en el país de origen. Esta medida entrará en vigor a partir del 10 de enero de 2021.

En este sentido, el especialista remarcó que se ha actualizado con todos estos elementos el protocolo de reinicio de las actividades aeronáuticas y se le ha comunicado a las diferentes aerolíneas para que tengan conocimiento y puedan exigir dichas obligaciones.

A la llegada a Cuba, informó, se continuarán implementando los protocolos sanitarios establecidos en la actualidad; que incluyen la realización de una nueva prueba PCR en la frontera y, en el caso de los viajeros internacionales que no arriban en condición de turistas, otra prueba PCR transcurridos cinco días de su llegada que se toma en el domicilio. Estos últimos y sus familiares de contacto, mantendrán el aislamiento domiciliario hasta el resultado negativo de este segundo PCR.

Durán García refirió que según la evolución de la situación epidemiológica de Cuba, pudiera llegarse en un momento determinado a que este aislamiento domiciliario sea institucional nuevamente.

Por otra parte, dijo, como perfeccionamiento del protocolo de salud pública se garantizará de conjunto con las organizaciones de masas (CDR, FMC, CTC, ANAP) el cumplimiento estricto del aislamiento de viajeros y familiares en su domicilio, una medida que no todos cumplen hoy como está establecido.

En ese sentido,  se seleccionarán y capacitarán activistas que en trabajo coordinado con el médico y la enfermera de la familia vigilarán y ayudarán al control de que los viajeros y sus familiares se mantengan en la vivienda. Asimismo participarán en la identificación de viviendas en cuarentena, mediante pegatinas, y en la orientación a la comunidad de conductas responsables con énfasis en  el uso correcto del nasobuco, las soluciones desinfectantes y el distanciamiento social.

Añadió Durán García que como parte de estas nuevas medidas se asegurarán las capacidades de alojamiento para los viajeros cubanos residentes en el país, que no tengan condiciones en su vivienda o en la de sus familiares para cumplir el aislamiento domiciliario.

Igualmente, se garantizarán las capacidades para aislamiento en hoteles destinados para este fin, para los viajeros cubanos residentes en el exterior u otros, que decidan realizar su aislamiento en estas instalaciones, asumiendo el pago de este servicio.

Como parte del enfrentamiento a esta pandemia, y teniendo como premisa fundamental el deber de garantizar la salud de nuestra población y de los viajeros internacionales que nos visitan, las autoridades de salud cubanas continuarán aplicando con rigor los protocolos sanitarios establecidos, al tiempo que mantendrán un monitoreo sistemático y detallado de la incidencia de los casos importados en la transmisión de la enfermedad, enfatizó Durán García.

Las autoridades aeronáuticas velan también por los protocolos

Imagen: Minsap.

Mercedes Vázquez González, directora de transporte aéreo y relaciones internacionales del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba apuntó que si bien el 24 de marzo fueron suspendidas las operaciones regulares comerciales, los aeropuertos cubanos continuaron funcionando para determinadas operaciones y bajo estrictos protocolos.

Desde el 12 de octubre, que comenzó el paso a la nueva normalidad, se reiniciaron las operaciones aéreas comerciales regulares, las cuales quedaron reestablecidas totalmente con la reapertura el 15 de noviembre del aeropuerto internacional José Martí, dijo Vázquez González.

“A la fecha hay 34 aerolíneas que están realizando operaciones hacia nuestro país, algunas incluso con el mismo nivel de frecuencia que tenían antes de la existencia de la pandemia de COVID-19. Otras han ido reestableciendo de manera paulatina su actividad aérea”, dijo.

De la región de las Américas, informó, existen 25 aerolíneas operando hoy, con 13 orígenes de vuelo hacia nuestro país, por lo que se concentra en la región la mayor cantidad de operaciones aéreas a los aeropuertos internacionales de Cuba.

La autoridad aeronáutica del país, dijo, tiene establecido un protocolo muy relacionado con la actividad de las autoridades de salud, el cual está avalado por las diferentes organizaciones internacionales de la aviación civil, y el que se ha estado actualizando en correspondencia con las distintas medidas de salud pública adoptadas.

Es por eso que recientemente con la adopción del requisito de presentación de la prueba de PCR negativo para todos los viajeros que arriben al territorio nacional — la cual se le comunicó a todas las aerolíneas de su entrada en vigor a partir del 1ero de enero de 2021 —, justamente teniendo en cuenta algunas de las opiniones recibidas y que compartimos con las autoridades de salud, la puesta en vigor de esta medida fue trasladada hacia el 10 de enero de 2021.

Dicha medida ha sido comunicada a todas las aerolíneas, que ya se encuentran impuestas de esta nueva actividad, sostuvo.

De acuerdo con Vázquez González, a partir de la tasa de incidencia que tienen los orígenes de vuelos mencionados se ha decidido para apoyar estas nuevas medidas: comunicar a las aerolíneas que tienen vuelos desde los orígenes de Estados Unidos, México, República Dominicana, Haití, Bahamas y Panamá que habrá un reajuste en sus frecuencias de vuelo a partir del 1ero de enero de 2021 e informarle de los detalles en este sentido.

Cada una de estas medidas se ha tomado de manera gradual. Con anterioridad se les había comunicado a cada una de estas aerolíneas que no podía haber un incremento en las frecuencias actuales y que cualquiera de las medidas vigentes podía sufrir algún tipo de variación en correspondencia con la evolución de la situación epidemiológica del país, refirió.

Agregó que se le ha informado a cada una de las aerolíneas, que en coordinación con la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios, deberá haber una coordinación con cada una de ellas para ajustar a partir de la reducción de vuelos, los días, horas y aeropuertos en los cuales continuarán operando.

Ello nos permitirá mantener el flujo de viajeros entre cada uno de estos países y Cuba.  No se está por el momento suspendiendo la actividad de los vuelos sino reduciendo la misma, para poder disminuir el número de viajeros hacia nuestro país desde estos orígenes y contribuir al control de la enfermedad. En la medida que la situación epidemiológica lo permita, estas medidas podrán ser revertidas paulatinamente, sostuvo la especialista.

En cada una de las terminales aéreas se continuarán realizando determinadas acciones para continuar garantizando el flujo de los viajeros, manteniendo el principio de distanciamiento social, lo cual nos permitirá una mejor posición en nuestros aeropuertos, fundamentalmente en el José Martí, de la capital, por donde transita la mayor cantidad de viajeros que arriban al país.

“Sabemos que la medida de reducción de estos vuelos, y de entrada en vigor el 1ero de enero traerá como consecuencia que existan un grupo de viajeros que se encuentran tanto en Cuba, como en el extranjero, a los cuales las aerolíneas deberán proteger ante esta medida; para llevar a cabo tanto el traslado de los viajeros que queden varados en alguno de estos países como en Cuba. Las aerolíneas solicitarán el permiso para el proceso que habitualmente llevamos durante otras etapas, para gestionar vuelos humanitarios o de pasajeros varados tanto en Cuba como en el extranjero”, refirió Vázquez González.

Reiteramos que son medidas temporales, nuestro deber es salvaguardar la vida de los pasajeros, de nuestro pueblo y de todos los viajeros que visitan nuestro país. Estas medidas no suspenden el tránsito, sino que nos permiten mantener un tráfico moderado entre cada uno de estos países y Cuba, y reducir con el número de pasajeros, el riesgo epidemiológico, enfatizó la especialista.

Puntualizaciones sobre nuevos requisitos en frontera

Carmelo Trujillo, jefe del departamento de Control Sanitario Internacional del Minsap, reiteró que independientemente de las nuevas medidas se mantienen en vigor el resto de las medidas establecidas en los protocolos y se intensifican.

Sobre el requisito obligatorio para la entrada a nuestro país de todos los viajeros internacionales, de presentar la realización de una prueba PCR con resultado negativo a COVID-19, con 72 horas de antelación de iniciado el viaje y por un laboratorio certificado en el país de origen, el especialista reiteró que no se exceptúa de esta medida ningún viajero. Se están estableciendo acciones a tomar para aquellos que arriben al país sin dicha prueba, las cuales pueden ir desde el retorno hacia el país de origen hasta el aislamiento.

La prueba de PCR puede presentarse tanto en español, inglés como en el idioma del país de origen y se respetará ese aspecto, puntualizó.

En el caso de los viajeros internacionales que van desde Cuba hacia países que solicitan una prueba de PCR, señaló que estos deben dirigirse hacia las clínicas internacionales certificadas, que en el caso de la capital son el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) y la Clínica Siboney. Dicho PCR tiene un costo de 30 USD. Los viajeros nacionales que van hacia países que lo solicitan hasta el momento no pagan el PCR, y la toma de muestra se le realiza en Centros provinciales y los policlínicos destinados para este fin. La lista de los países que solicitan este requisito está pública en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, dijo.

Por otra parte, el especialista llamó la atención sobre la necesidad de evitar aglomeraciones en las terminales aéreas, sobre todo por familiares que van a despedir o recibir familiares.

Agilizar la información sobre resultados de PCR

Con el incremento del número de viajeros, hay que reconocer que el número de pruebas PCR que se generó creció exponencialmente, por lo cual se rebasó las posibilidades  de que la información de los resultados fluyera con rapidez,  apuntó Durán García.

Al respecto, señaló que hoy se está terminando de montar un sistema de información (software) de conjunto con la Empresa para el Desarrollo de Aplicaciones de Tecnologías y Sistemas, Datys, que garantizará que desde el momento que el viajero pase por inmigración, esa misma base de datos llegue hacia donde se le tome la muestra, los laboratorios, y así sucesivamente hasta el área de salud, de modo que se conozca de manera inmediata quién llegó y cuál es su resultado del PCR.

Debemos ir perfeccionando en el curso de esta semana esa real dificultad que se nos ha presentado, dijo.

No menos importante ha sido el hecho de que un número de viajeros han ofrecido direcciones incorrectas, por lo cual llamamos la atención sobre la responsabilidad individual que tiene tanto el viajero como su familia, en facilitar la información correcta a las autoridad

Fallece a los 85 años el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero

 

"Nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico", dijo el mandatario mexicano al dar a conocer la noticia.


Fallece a los 85 años el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero

El cantautor, compositor, actor, músico y productor musical mexicano Armando Manzanero falleció la madrugada de este lunes, a los 85 años, confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Armando Manzanero era un hombre sensible, era un hombre de pueblo, por eso lamento mucho su fallecimiento [...] Nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico, para México", dijo el mandatario al dar a conocer la noticia, durante su conferencia de prensa matutina habitual.

"Enviamos a sus familiares, a sus amigos, a los artistas, a todos los cantautores nuestro pésame", añadió López Obrador, que al dar a conocer la noticia dio por terminada su rueda de prensa.

Manzanero falleció por un paro cardíaco, tras complicaciones con el covid-19. El artista estaba internado desde el 17 de diciembre en un hospital de Interlomas, en el Estado de México, luego de haber dado positivo al virus.

'Contigo aprendí'

Este compositor, uno de los más populares de Latinoamérica, nació el 7 de diciembre de 1935 en Mérida, Yucatán, un estado ubicado al sureste de México. Justamente, hace poco más de dos semanas, agradeció en su cuenta en Instagram los mensajes de felicitaciones que le hicieron llegar por su 85 cumpleaños.

Manzanero inició sus estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, cuando apenas tenía 8 años. Luego, completó su formación en Ciudad de México.

A los 16 años, en 1951, se embarcó en su actividad profesional como pianista y seis años más tarde ya trabajaba como director musical de CBS Internacional. En su faceta como pianista, acompañó a varios cantantes como José José, Lucho Gatica y Pedro Vargas.

Como cantante, grabó su primer disco en 1959. Su primer sencillo fue 'Nunca en el mundo', que había escrito en 1950 y de la cual se realizaron 21 versiones en diferentes idiomas.

Otras de sus canciones que tuvieron una amplia repercusión internacional son 'Somos novios', que fue traducida al inglés con el título de 'It’s Impossible' e interpretada por Elvis Presley; 'Contigo aprendí', que además de su versión es ampliamente conocida la interpretada por Luis Miguel; 'Esta tarde vi llover', nombrada por la revista Billboard como la mejor canción latina, en su top histórico de las 50 mejores canciones de la música latina entre 1920 y 2015.

También están en su haber los temas 'Nada personal', 'Adoro', 'Por debajo de la mesa', 'Te extraño', 'No sé tú' y muchas otras.

Manzanero estuvo casado con María Elena Arjona Torres entre 1957 y 1970; con María Teresa Papiol Mirassou, de 1991 a 1996; Olga Aradillas desde 2002 hasta 2006; y Laura Elena Villa desde 2014.

El artista es padre de María Elena, Martha, Armando, Diego, Juan Pablo, Mainca y Rodrigo.

"Irreparable pérdida"

El 27 de enero de 2014, Manzanero se convirtió en el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico por su trayectoria. Tras conocerse la noticia, desde esa organización señalaron que su fallecimiento es una "irreparable pérdida para el mundo de la música latina".

"Su partida provoca una profunda tristeza. Fue uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo, creador de la 'música más bella del mundo'", expresaron desde la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde lo recordaron como un "líder en la defensa del derecho de autor".

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, por su parte, lo calificó como "uno de los más grandes compositores de México" y destacó que "sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos".

"Siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas", manifestó, entretanto, el cantautor Ricardo Montaner.

De igual manera, el cantante español Pablo Alborán expresó su consternación por la partida del artista mexicano: "Jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos".

 

domingo, 27 de diciembre de 2020

ANÁLISIS | Las quejas de Trump dejan a los estadounidenses necesitados en el limbo

 


Por Kevin Liptak

(CNN) — El mal humor del presidente Donald Trump empeora y el país sufre su ira.

Furioso con los líderes republicanos del Senado por reconocer que perdió ante el presidente electo Joe Biden, Trump ha rechazado hasta ahora el paquete de estímulo del coronavirus que negociaron con los demócratas y su propio gobierno, dejando que millones de estadounidenses pierdan los beneficios por desempleo y avergonzando a sus antiguos aliados políticos.

Convencido de que las empresas de redes sociales ayudaron a manipular las elecciones en su contra, vetó un proyecto de ley de defensa no relacionado porque no derogaba las protecciones de responsabilidad de esas empresas.

Insistiendo en que su propio gobierno trabaja en su contra al ignorar las acusaciones falsas de fraude electoral, deja en suspenso la posibilidad de cerrarlo mientras disfruta de unas vacaciones de invierno en el sur de Florida.

Y ansioso por ayudar a desacreditar las investigaciones sobre su propio comportamiento y el de sus aliados, utiliza sus amplios poderes de clemencia para borrar las condenas presentadas por el fiscal especial Robert Mueller, socavando un sistema de ley y orden en el proceso.

Impulsado durante mucho tiempo por las quejas, Trump parece asegurarse de que ningún rencor quede impune antes de dejar el cargo. Utiliza los días que le quedan como presidente para ajustar cuentas, aunque los que quedan para sufrir no tengan nada que ver con sus conspiraciones barrocas o su ego herido.

Debido a que Trump se negó a firmar el proyecto de ley –que sus propios asistentes ayudaron a redactar– el sábado por la noche, millones de estadounidenses que enfrentaban su último pago no tienen certeza de si recibirán más ayuda o cuándo. Se estima que 12 millones de estadounidenses que han sido despedidos recibirán su pago final por desempleo para la semana que finaliza este fin de semana, según The Century Foundation. La legislación de ayuda por el covid-19 que Trump se niega a firmar ampliaría la cantidad de semanas que las personas pueden permanecer en dos programas clave de desempleo pandémico y aumentaría los beneficios semanales en US$ 300 para todos hasta mediados de marzo.

Trump este fin de semana continuó exigiendo que los cheques de pago directo se incrementaran de US$ 600 a US$ 2.000, una cifra que los demócratas apoyan, pero que se produjo un día después de que se aprobó el proyecto de ley y el Congreso abandonó la ciudad, dejando a los estadounidenses desempleados en el limbo.

El hecho de que Trump no diera a conocer sus demandas con anticipación sugiere que prestó poca atención a cómo avanzaba la legislación y que las líneas de comunicación con los republicanos del Senado en el Capitolio se han degradado después de que reconocieron la victoria de Biden.

«No estaba claro si el presidente realmente estaba prestando atención porque tenía muchas otras cosas en juego», dijo el sábado el representante Don Beyer, demócrata de Virginia, en la «Newsroom» de CNN.

Esas otras cosas se han centrado principalmente en sus intentos fallidos de revertir las elecciones, que han ganado poca tracción. Inicialmente apoyando los esfuerzos de Trump para desafiar los resultados en la corte, los líderes republicanos del Senado se han movido principalmente para felicitar a Biden por su victoria, enfureciendo a Trump y enviándolo a buscar formas de vengarse.

Su negativa hasta ahora a firmar el paquete de estímulo ha sido considerada por al menos algunos funcionarios republicanos como algo que hace precisamente eso, criticando al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, como tacaño por no proporcionar cheques adecuados a los estadounidenses, a pesar de que los propios negociadores de Trump inicialmente propusieron los cheques de US$ 600 durante negociaciones.

El sábado, Trump arremetió contra McConnell y escribió en Twitter que los republicanos del Senado «no hacen NADA» para ayudar a reforzar sus infundadas acusaciones de fraude. Se refirió al líder de la mayoría del Senado simplemente como «Mitch» e hizo poco para contrarrestar la impresión de que su obsesión por las elecciones empaña cualquier intento real de gobernar. En otro mensaje en esa plataforma, hizo una referencia a las grandes protestas que se esperan en Washington el 6 de enero en torno a la ratificación formal en el Congreso de la victoria electoral de Biden, un evento que Trump está convencido de que se puede detener con la ayuda de los conservadores y su propio vicepresidente.

Incluso los republicanos están cada vez más frustrados.

«La razón por la que sorprendió a todos es porque pensaron que el presidente estaba involucrado cuando era obvio que estaba durmiendo en el trabajo al momento de estas negociaciones», afirmó el representante Denver Riggleman, republicano de Virginia que no regresa al Congreso, en “Newsroom” de CNN».

«Eso es lo que sucede cuando te envuelves demasiado en una elección que ya perdiste», comentó.

Trump extiende la culpa

Donald Trump ha parecido menos centrado en las dificultades de los estadounidenses que en sus propios problemas percibidos. Incluso durante un día festivo en el que las víctimas de la pandemia pesaron sobre la capacidad de los estadounidenses para celebrar, guardó silencio. El sábado, el país alcanzó un hito sombrío: 1 de cada 1.000 estadounidenses ha muerto de covid-19 desde la primera infección reportada en la nación a fines de enero.

Pero pasó la mañana emitiendo quejas sobre las entidades que se negaron a considerar sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones, una lista que ahora abarca los tres poderes del gobierno.

La Corte Suprema, que a principios de este mes se negó a escuchar el caso de Trump, «ha sido totalmente incompetente y débil», declaró el presidente en Twitter. Se quejó de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de su propia administración «deberían estar avergonzados» por no aceptar sus demandas de investigar el inexistente fraude electoral generalizado, advirtiéndoles que «la historia recordará».

Y continuó criticando a los republicanos del Senado por no «dar un paso al frente y luchar por la presidencia, como lo harían los demócratas si realmente hubieran ganado».

Trump no ha mencionado en ninguna parte la posibilidad de un cierre del gobierno, que ahora cuelga inesperadamente durante el período de vacaciones después de que se negó a firmar el proyecto de ley de financiación que se adjuntó al paquete de ayuda para el coronavirus.

En el inesperado video que grabó rechazando el paquete la semana pasada, Trump se quejó de los niveles de financiación que son casi idénticos a los que él mismo propuso en su presupuesto este año. Cuando se le preguntó sobre ese hecho esta semana en su club, Trump atribuyó las cifras, en particular a la ayuda exterior, al «estado profundo», según una persona familiarizada con las conversaciones, uno de débiles argumentos persistentes durante su tiempo en el cargo.

Es el «estado profundo» al que Trump también ha culpado por las investigaciones sobre él y sus asociados, esfuerzos que ahora trata de socavar usando sus poderes de clemencia que lo abarcan todo.

Poder de perdón

Hasta el momento Trump ha perdonado a cuatro asociados –incluido su amigo Roger Stone y el expresidente de campaña Paul Manafort–, que fueron destituidos por la investigación de Mueller, que Trump se ha quejado fue un esfuerzo ilegal para deslegitimar su presidencia.

Sus otros indultos de la semana pasada, entre los que se incluyen cuatro guardias de seguridad de Blackwater condenados por masacrar a civiles en Irak, también parecen estar diseñados para socavar un sistema de justicia que Trump cree que le ha fallado. El daño tanto para quienes investigaron y procesaron los casos, como para quienes lo arriesgaron todo para testificar en ellos, es grande.

«Es aplastante. No hay otra forma de describirlo», afirmó el sábado Andrew McCabe, el exdirector adjunto del FBI que ha sido atacado por Trump y ahora es colaborador de CNN, destacando el caso de Blackwater en particular.

«Es un esfuerzo increíblemente enorme convencer a todos estos civiles iraquíes, que se están poniendo en gran peligro al venir a Estados Unidos y testificar, para que vengan aquí, para cuidarlos mientras están aquí», señaló. «Tomar todo ese trabajo, por significativo que fuera, y borrarlo de un plumazo para los hombres que habían sido condenados esencialmente por crímenes de guerra, es increíblemente desalentador. Es aplastante. Esa es la única manera de describirlo».

Sin embargo, en opinión de Trump, es él quien ha sido víctima de la corrupción y la criminalidad generalizadas, una postura que ahora impulsa gran parte de sus acciones a medida que decae su mandato.

Trump se queja implacablemente de la Sección 230, una ley que protege a las empresas de Internet de la responsabilidad por lo que se publica en sus sitios web. Trump ha alegado que empresas como Twitter son parte de una camarilla demócrata porque etiquetan sus tuits falsos como desinformación, incluso varias veces el sábado.

Durante una ronda de golf con el senador Lindsey Graham el día de Navidad, Trump continuó expresando su insistencia en que se derogara la Sección 230.

La semana pasada, el presidente vetó el proyecto de ley de defensa conocido como Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) en parte porque no despojó a las empresas de tecnología de esas protecciones. La medida estableció lo que podría ser la primera anulación del veto de su presidencia, que enfrentaría a los miembros de su propio partido en su contra.

Sin embargo, si la NDAA no se convierte en ley, aquellos que sientan los efectos no serían republicanos desleales. En cambio, serían las tropas estadounidenses y sus familias a quienes se les niegan los aumentos salariales, la prestación por riesgo y la licencia parental que están incluidos en el proyecto de ley, así como los nuevos beneficios para los veteranos de Vietnam expuestos al Agente Naranja y los proyectos de construcción en bases militares.

Al igual que su rechazo al estímulo, la medida establece una prueba de lealtad para los republicanos, que durante cuatro años en su mayoría no han estado dispuestos a romper con el líder de su partido.

«Definitivamente habrá quienes voten con el presidente después del hecho. Mucho de esto tiene que ver con su base, su recaudación de fondos o sus amenazas. Creo que tienen un poco de miedo de ponerse de pie en este momento» afirmó Riggleman, un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea que perdió la nominación republicana en su distrito este año después de oficiar una boda entre personas del mismo sexo.

«A muchos de nosotros se nos llama traidores, ya sea porque anulemos el veto a la NDAA o queramos aprobar un proyecto de ley por el covid, o que se aprueben las asignaciones, o si queremos detener esta ridícula tontería de “paren el robo”, afirmó Riggleman.

«Mucho de esto se basa en la locura de las teorías de la conspiración y la locura de la desinformación, y creo que debemos ponernos de pie y detener esta tontería lo más rápido posible. Simplemente está fuera de control en este momento».

Repite la farsa: Guaidó se autoproclama presidente y jefe del Parlamento venezolano

 


Momento en el que Juan Guaidó se autoproclama presidente interino de Venezuela. Foto: AP.

La víspera, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, que encabeza el líder de la oposición, acordó prolongar un año más el período legislativo de los actuales diputados, así como la gestión de Juan Guaidó en el cargo de presidente de la misma y “mandatario encargado” del país, en un acto contrario a la Constitución venezolana, la cual dicta que se debe envestir a los representantes al Parlamento elegidos por los venezolanos durante el proceso comicial del 6 de diciembre.

Sin embargo, la prórroga de funciones de la Asamblea Nacional —en desacato desde 2016— no ha contado con el respaldo de Acción Democrática (AD), el segundo mayor partido opositor, una decisión considerada como una nueva señal de la división dentro de las fracciones de derecha. AD se ha abstenido en la votación.

El viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Exteriores venezolano, William Castillo, condenó el acto y lo catalogó como el “teatro del absurdo”, protagonizado por la derecha.

En este contexto, Castillo reveló las negociaciones que el partido Acción Democrática tenía para condicionar su voto en favor de la nueva arbitrariedad jurídica cometida por Guaidó y sus cómplices, a través de la cual pretendían tomar el control de negocios rentables del país en el exterior.

“Dicen que AD pidió que “le dieran CITGO” (filial de la estatal Petróleos de Venezuela o PDVSA) para votar a favor de la farsa que llaman reforma del Estatuto de la Transición, que prorroga el mandato de Guaidó en Narnia por tiempo indefinido. Se lo negaron y entonces se abstuvo. Así está el teatro del absurdo en el mundo de la Derecha”, afirmó el titular venezolano.

En las elecciones del 6 de diciembre se impuso la alianza chavista Gran Polo Patriótico (GPP) con un total de 256 legisladores de los 277.

El nuevo periodo legislativo comenzará el 5 de enero de 2021, fecha en la que termina el mandato de la actual Asamblea Nacional.

El chavismo cuestiona el desempeño de los derechistas durante esos cinco años en la AN. Denuncia que Guaidó y sus aliados son lacayos del imperialismo y lo único que han hecho es promover sanciones contra Venezuela y dañar los intereses del país.

(Tomado de HispanTV)

sábado, 26 de diciembre de 2020

‘Está en malas condiciones y empeora’: Guantánamo será un dolor de cabeza para Biden

 


El gobierno entrante enfrentará una infraestructura en ruinas y un sistema judicial militar que avanza con asombrosa lentitud.

Un prisionero en el área de detención de la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Credit...Doug Mills/The New York Times

WASHINGTON — Este verano y otoño, cuando las lluvias tropicales inundaron la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, las aguas residuales anegaron las celdas donde los militares han encarcelado a Jalid Sheij Mohammed y a otros “detenidos de alto valor” de Al Qaeda desde hace más de diez años, según dijeron algunos presos a sus abogados.

Esto fue un problema tanto para los reclusos como para los guardias. La luz iba y venía. Los inodoros se desbordaban. El agua salía hirviendo de repente. Las puertas de las celdas se atascaban.

Las descripciones encajaban con relatos anteriores de militares que señalaban la infraestructura deficiente en el centro de detención más secreto y de máxima seguridad del complejo penitenciario, llamado Campamento Siete, que alberga a los 14 detenidos que estuvieron en los centros clandestinos de detención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y que fueron trasladados a la base a partir de 2006.

 

El gobierno entrante de Biden aún no ha revelado sus planes para Guantánamo, donde, tras el paso de tres presidencias siguen sin resolverse fragmentos sobrantes de las respuestas más controversiales del gobierno de Bush a los atentados del 11 de septiembre de 2001, que consistieron en arrestar a sospechosos de terrorismo como prisioneros de guerra, sin acceso a juicio, a fin de torturarlos y enjuiciarlos en comisiones militares por un tiempo indefinido.

No se espera que el presidente electo Joe Biden repita la llamativa promesa —pero a fin de cuentas insatisfecha— que el presidente Barack Obama hizo en 2009 de cerrar la prisión al cabo de un año, según personas familiarizadas con las deliberaciones de transición. Una ley prohíbe que se trasladen detenidos a un centro de detención nacional, como Obama había propuesto hacer, y Biden declaró durante su campaña que se requiere la aprobación del Congreso para cerrar Guantánamo.

Sin embargo, el nuevo gobierno se verá obligado a enfrentar varias decisiones difíciles, por ejemplo, qué hacer con el edificio que alberga a los 14 presos detenidos por la CIA, que está al borde del colapso.

“El Campamento Siete está en malas condiciones y empeora”, dijo el general de brigada John G. Baker del Cuerpo de Marines, abogado en jefe de la defensoría de las comisiones militares. Tras cumplir dos semanas de cuarentena en la base el mes pasado, él se convirtió en el primer abogado defensor en reunirse con un presidiario en persona durante la pandemia de coronavirus.

“Se han realizado labores de mantenimiento que no parecen reparar las deficiencias”, dijo, al transmitir la descripción que dio un prisionero a quien se rehusó a identificar. “Los muros están agrietados. La luz atraviesa las paredes entre las celdas. El suelo está resquebrajado. El agua fluye de manera intermitente y está muy caliente”.

Una de las soluciones que se está considerando, según personas enteradas de las deliberaciones internas, es cerrar el Campamento Siete, trasladar a los exprisioneros de la CIA al complejo penitenciario principal y seguir aislándolos en una unidad especial de alojamiento, donde no podrían comunicarse con la población general de 26 reos de menor nivel.

La concentración de los 40 detenidos en un mismo sitio les permitiría a los militares reducir la fuerza de 1500 miembros del Ejército de Estados Unidos que son desplegados en misiones de nueve meses para custodiarlos. Una menor cantidad de soldados supondría un ahorro en los costos de operación, que se han estimado en 13 millones de dólares por prisionero al año, 150 veces más de lo que pagan los contribuyentes por cada recluso por terrorismo interno.

No obstante, trasladar a los detenidos requeriría la aprobación de la CIA, que tiene voz y voto respecto de las operaciones en el Campamento Siete gracias a un memorando de entendimiento firmado en 2006 por Donald Rumsfeld y Michael Hayden, el secretario de Defensa y el director de la CIA en aquel entonces.

Los detalles siguen siendo, en su mayoría, confidenciales, pero la influencia de la CIA en el Campamento Siete le ha permitido controlar a la agencia el flujo de información sobre los prisioneros y la que comparten —sus recuerdos de tortura en los centros clandestinos de detención, dónde estuvieron detenidos y por quién— mediante medidas de clasificación, segregación, vigilancia y una unidad especialmente capacitada de guardias llamada Task Force Platinum (Comando Platino).

Ciertos detalles se han conocido a través de procesos de desclasificación, filtraciones y audiencias de comisiones militares, pero sigue habiendo secretos de la CIA.

Incluso la ubicación del Campamento Siete recibe tratamiento de una locación secreta, a pesar de que las instalaciones, en las colinas al noroeste del complejo principal es claramente visible en las fotografías satelitales.

La idea de combinar a los prisioneros en un mismo sitio surgió después de que el Pentágono abandonó un esfuerzo para remplazar el Campamento Siete con una nueva prisión dotada de acceso para sillas de ruedas parte de un plan de 25 años basado en la suposición de que, dado que el Congreso bloqueó el plan de Obama de cerrar la prisión, algunos reclusos envejecerían y morirían en la bahía de Guantánamo.

En 2017, el Congreso financió un nuevo cuartel residencial de 124 millones de dólares para alrededor de 850 guardias penitenciarios, el cual se está construyendo en este momento frente al McDonald’s de la base, pero en repetidas ocasiones rechazó una petición de destinar 88,5 millones de dólares a una “prisión para detenidos de alto valor” con capacidad para cuidados paliativos.

En lugar de eso, la idea es trasladar a los prisioneros que solían residir en los centros clandestinos de detención a pabellones separados en el complejo militar principal de Guantánamo, conformado por dos edificios penitenciarios adyacentes, llamados Campamento Cinco y Seis. El complejo tiene una clínica, que incluye una unidad de salud mental con una celda acolchada, una unidad dental para la población general de prisioneros y una unidad de cuidados intensivos con capacidad para aislar por motivos médicos hasta cuatro pacientes a la vez.

El almirante Craig S. Faller, que supervisa la prisión en Guantánamo como jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha descrito la combinación de prisioneros como parte de un enfoque de “reestructuración” del despliegue de soldados en el centro de detención, aunque se ha rehusado a dar más detalles al respecto. “El rumbo que eso tome será, una vez más, una decisión normativa”, les dijo a reporteros hace poco.

Al gobierno entrante le esperan otras cuestiones normativas, entre ellas, decidir cuándo reanudará el Departamento de Estado las negociaciones para encontrar instalaciones seguras para los detenidos cuyo traslado a otros países ha sido aprobado, y si es debido restaurar la función de la era de Obama de designar a un comisionado especial para que se haga cargo de esta tarea.

De los 40 presos que ahora se encuentran en Guantánamo, nueve han sido acusados o declarados culpables de crímenes de guerra, para seis de ellos se han recomendado traslados con condiciones de seguridad en el país receptor, y el resto sigue cumpliendo una sentencia indefinida, sin cargos, pero son considerados demasiado peligrosos para ser liberados.

Según un proceso creado durante la presidencia de Obama, los 25 prisioneros restantes tienen derecho a una revisión periódica por parte de seis agencias de seguridad nacional que les daría la posibilidad de transferirse a prisiones en el extranjero, programas de rehabilitación o reubicación en otros países con acuerdos de seguridad.

Pero el gobierno de Trump dejó que dicho proceso se estancara. Durante su mandato ningún prisionero fue trasladado hasta que el jueves se dio a conocer que, tras un año de consideraciones, la junta de revisión había aprobado la transferencia de un hombre yemení con “provisiones sólidas de seguridad que incluirán monitoreo, restricciones de viaje y apoyo de reintegración”. Ahora corresponde a los diplomáticos encontrar un país estable dispuesto a aceptarlo bajo esas condiciones.

Otros dos yemeníes esperaron respectivamente dos y tres años para que el veredicto más reciente dictaminara que seguían siendo demasiado peligrosos como para ser trasladados.

Una cuestión política especialmente espinosa que enfrentará el gobierno de Biden es si debe reconsiderar la configuración del sistema de comisiones militares para llevar a juicio a los detenidos que han sido acusados. El sistema ha operado con tal lentitud que se ha vuelto prácticamente disfuncional.

Ocho años después de su lectura de cargos, el juicio de pena de muerte de Mohammed y otros cuatro hombres acusados de conspirar para la perpetración de los atentados terroristas del 11 de septiembre, los cuales cobraron la vida de casi 3000 personas, sigue estancados en las audiencias previas al juicio.

Año tras año, las probabilidades de avance para lo que podría ser un juicio bastante extenso —incluso antes de años de apelaciones inevitables— siguen disminuyendo; los retrasos más recientes del caso, en parte debidos a las restricciones de viaje durante la pandemia de coronavirus, implican que el juicio no puede comenzar sino hasta después del vigésimo aniversario de los atentados.

En la práctica, los tribunales civiles tradicionales han demostrado ser mucho más eficaces para enjuiciar a los terroristas y obtener condenas que resistan apelaciones; pero cada año, el Congreso prohíbe el traslado de detenidos de Guantánamo al continente por cualquier motivo, ni para un juicio o atención médica, ni para cumplir una condena o incluso para su ejecución.

Otra forma de resolver el caso sin un juicio susceptible de impugnación puede ser mediante acuerdos de declaración de culpabilidad. Eso, sin embargo, significaría renunciar a buscar la ejecución de los conspiradores acusados ​​del 11 de septiembre. Jim Mattis, el secretario de defensa en ese momento, despidió a los principales abogados que supervisaban las comisiones militares en 2018 cuando exploraban la posibilidad de intercambiar declaraciones de culpabilidad por condenas de cadena perpetua.

En esas conversaciones, según personas con conocimiento de ellas, los abogados defensores habían estado buscando garantías de que los acusados pudieran cumplir sus condenas a cadena perpetua en Guantánamo en lugar de ser enviados a la prisión más severa y aislada de Florence, Colorado, donde los condenados por delitos de terrorismo en un tribunal federal suelen cumplir condena.

Si alguna vez se llegara a un acuerdo de este tipo, la prisión de Guantánamo probablemente tendría que permanecer abierta durante décadas, y el Pentágono se enfrentaría nuevamente a la decisión de si construir una instalación capaz de brindar atención médica geriátrica y cuidados de hospicio.