Ciudadanos celebrando este viernes en Atlanta, luego de que Joe Biden fuera declarado vencedor de las elecciones en Georgia. Foto: NYT.
Líderes republicanos en cuatro estados en los que venció el demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, han declarado que no se involucrarán en un plan que busca favorecer a Donald Trump haciendo que los electores de su región voten por el actual presidente en el Colegio Electoral.
La postura de legisladores republicanos de Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin haría inviable el plan de dudosa legalidad, promovido como última oportunidad para mantener a Trump en el poder cuando siguen fracasando los recursos legales interpuestos por la campaña del mandatario para bloquear la elección de Biden.
El demócrata habría ganado 306 votos electorales frente a 232 de Trump, luego de que el viernes fueran definidos los resultados en Georgia (Biden) y Carolina del Norte (Trump).
En un recuento del resultado electoral, el candidato demócrata, reconocido como presidente electo, ganó 25 estados y el Distrito de Columbia, que abarcan el 57% de la población del país, mientras que el mandatario republicano dominó los 25 restantes, refirió The New Yor Times.
Con más de 78 millones de votos a nivel nacional, Biden también derrotó a Trump en el voto popular, con un margen de más de 5.3 millones de boletas a su favor.
A raíz del plan para favorecer a Trump en el Colegio Electoral, los legisladores estatales republicanos en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin han dicho que no intervendrán en la selección de los electores que emiten los votos definitivos que garantizan la victoria de uno de los dos candidatos.
Varios de ellos advirtieron que ello violaría la ley estatal y el voto popular.
“No lo veo salvo que encontremos algún tipo de fraude, del cual no he oído hablar nada. No nos veo abordando seriamente un cambio en los electores”, aseguró Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, de mayoría republicana, quien dijo haber recibido multitud de correos electrónicos pidiendo la intervención de la legislatura. “Están obligados por ley a elegir de acuerdo con el voto popular”.
La idea implica vagamente que las cámaras controladas por el Partido Republicano rechacen la victoria de Biden en el voto popular en sus estados y opten por seleccionar a electores que respaldan a Trump. Aunque el final del plan no estaba claro, parecía descansar en la expectativa de que una Corte Suprema de tendencia conservadora sería la encargada de zanjar cualquier disputa sobre esta medida, informó AP.
Aun así, la iniciativa ha sido promovida por aliados de Trump como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y es un ejemplo de la información engañosa y las afirmaciones falsas que alimentan el escepticismo de los partidarios del mandatario acerca de la integridad de los comicios, dijo la agencia noticiosa estadounidense.
La teoría se basa en el hecho de que la Constitución de Estados Unidos concede a los parlamentos estatales el poder de decidir cómo se elige a sus electores. Todos los estados aprobaron leyes que delegan este poder en los votantes y nombran a electores que respalden al candidato más votado en su región en la votación.
La única oportunidad para que la legislatura intervenga en este proceso es una disposición en la ley federal que lo permite si las elecciones “fracasan”.
Si el resultado de los comicios no está claro a mediados de diciembre, cuando vence el plazo para nombrar a quienes integrarán el Colegio Electoral, las cámaras controladas por los republicanos en esos estados críticos podrían declarar a Trump como ganador y elegir a miembros que los respalden.
El problema, según apuntan los expertos legales, es que el resultado de los comicios no está de ningún modo en el aire. Biden ganó en todos esos estados en cuestión. Es difícil alegar que la elección “fracasó” cuando el propio Departamento de Seguridad Nacional reportó que no hubo manipulación y que fueron los comicios “más seguros en la historia de Estados Unidos”.
Además, no ha habido hallazgos de fraude generalizado ni problemas en el conteo, que da a Biden una ventaja de más de cinco millones de votos en el total nacional.
La campaña de Trump y sus aliados han presentado demandas que buscan demorar la certificación del vencedor y proporcionar posibles pruebas de una elección fallida. Pero hasta el momento han tenido un éxito escaso: al menos 10 fueron rechazadas por los tribunales en los 10 días posteriores al 3 de noviembre.
Las más importantes que siguen en pie piden a los tribunales que eviten que Michigan y Pensilvania den oficialmente a Biden como ganador allí.
Pero los expertos legales apuntan que es imposible que los tribunales puedan evitar que esos estados nombren a sus electores antes de la fecha límite de diciembre.
“Haría falta la intervención más injustificada y extraña por parte de los tribunales que este país haya visto nunca”, señaló Danielle Lang, del Campaign Legal Center. “No he visto nada en ninguna de esas denuncias que merezca la pena, menos aún para demorar el nombramiento de electores”.
Incluso, aunque Trump gane solo una de las demandas, hay otro obstáculo importante: el Congreso tendría la última palabra para aceptar a los electores propuestos por las legislaturas republicanas.
Si la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y el Senado, en manos republicanas, no se ponen de acuerdo sobre qué electores aceptar y en quién se proclama presidente, la Casa Blanca pasaría a estar ocupada por la siguiente persona en la línea de sucesión al final del mandato de Trump y su vicepresidente, Mike Pence, el 20 de enero.
Y esa sería la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara.
“Si se trata de una estrategia, no creo que tenga éxito”, señaló Edward Foley, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Estatal de Ohio. “Creo que estamos en el reino de la fantasía”.
Fracasos en la ofensiva legal de Trump
Los republicanos sufrieron reveses el viernes en sus impugnaciones relacionadas con los comicios presidenciales en tres estados muy disputados, mientras que un despacho de abogados que fue objeto de una lluvia de críticas por su trabajo para la campaña del presidente Donald Trump se retiró de un importante caso en Pensilvania.
Las derrotas jurídicas comenzaron cuando un tribunal federal de apelaciones rechazó un intento de bloquear aproximadamente 9 300 boletas enviadas por correo que llegaron después del día de las elecciones en Pensilvania.
En su argumentación para respaldar la extensión de tres días, los jueces hicieron énfasis en los “enormes trastornos” y “desafíos sin precedentes” que enfrenta la nación por la pandemia de COVID-19.
El juez presidente de circuito D. Brooks Smith dijo que el panel de tres jueces no perdió de vista “una idea indiscutible en nuestro proceso democrático: que el voto depositado legalmente de cada ciudadano debe contar”.
El fallo involucra una decisión de la Corte Suprema de Pensilvania de aceptar hasta el 6 de noviembre las boletas enviadas por correo debido a la pandemia y a la posibilidad de demoras en el servicio postal.
Los republicanos también le han solicitado a la Corte Suprema federal que analice el asunto. Sin embargo, no hay suficientes boletas que hayan arribado tarde como para modificar los resultados en Pensilvania, dada la ventaja que lleva el presidente electo Joe Biden.
El exvicepresidente ganó el estado por una diferencia de aproximadamente 60 000 votos de unos 6.8 millones depositados.
La campaña de Trump y allegados han incoado más de 15 impugnaciones legales en Pensilvania en un intento por reclamar para sí los 20 votos electorales que otorga el estado, pero hasta ahora no han ofrecido evidencia de ningún fraude electoral generalizado.
Un juez de Filadelfia no encontró ninguna, y se negó a rechazar el viernes por la tarde unos 8 300 votos enviados por correo allí. La campaña ha lanzado litigios similares en otros estados, con pocos resultados.
Los fiscales generales de 23 estados de Estados Unidos, encabezados por Minnesota, dirigieron este viernes una carta al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, criticando su petición a todos sus subordinados de que investiguen supuestas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales y la tacharon de "interferencia" en el proceso electoral.
En Michigan, un juez se negó el viernes a detener la certificación de los resultados electorales del área de Detroit, rechazando los alegatos de que la ciudad había cometido fraude y alterado el conteo con su manejo de los votos en ausencia.
Es la tercera vez que un juez se niega a intervenir en el conteo estatal, el cual muestra a Biden con más de 140 000 votos de ventaja.
Y, en Arizona, abogados de la campaña de Trump pidieron retirar una solicitud para una inspección manual de las boletas en el área metropolitana de Phoenix, al quedar claro que el número de papeletas en cuestión no podía modificar el desenlace de la contienda presidencial.
Mientras tanto, el enorme bufete de abogados Porter Wright Morris & Arthur, que había enfrentado críticas por su trabajo para la campaña de Trump, se retiró de una demanda que pretende impedir que las autoridades de Pensilvania certifiquen los resultados electorales.
Porter Wright presentó el jueves una moción para retirarse luego de que han estado aumentando las críticas de que los despachos de abogados que respaldan las impugnaciones republicanas a los comicios están ayudando a Trump a oponerse a la voluntad del pueblo estadounidense.
Porter Wright, que ha obtenido ingresos por más de 700 000 dólares de parte de la campaña de Trump, aparentemente canceló su cuenta en Twitter el martes después de que fue blanco de una ola de críticas.
(Con información de Reuters y The New York Times)
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