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Relaciones Cuba-EE.UU
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El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su enérgico rechazo a
la calumniosa inclusión de la República de Cuba en una lista del
Departamento de Estado de los Estados Unidos referida a países que
supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses
contra el terrorismo, hecha pública el 13 de mayo de 2020, que fue
contundentemente rechazada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Se trata de un listado unilateral y arbitrario, sin fundamento,
autoridad o respaldo internacional alguno y que, como se sabe, solo
sirve a propósitos de difamación y coerción contra países que se niegan a
acatar la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en sus decisiones
soberanas.
El principal argumento utilizado por el gobierno de los Estados
Unidos fue la presencia en el territorio nacional cubano de miembros de
la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de
Colombia.
Como es ampliamente conocido, la delegación de paz del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) de Colombia está en nuestro territorio porque,
en virtud del abandono repentino de Ecuador de su condición de sede y a
solicitud del gobierno colombiano y del ELN, el proceso de paz se
trasladó a La Habana en mayo del 2018.
Este diálogo de paz había comenzado el 7 de febrero del 2017 en
Quito. Cuba, junto a Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Noruega, ha
fungido como Garante del proceso de paz, por petición de las partes.
A partir de la llegada del Sr. Iván Duque Márquez a la Presidencia de
Colombia el 7 de agosto del 2018, representantes de ese gobierno
sostuvieron, desde el 8 de agosto de ese año, hasta enero del 2019,
varios intercambios con Cuba y con la delegación de paz del ELN con el
propósito de continuar los diálogos que habían comenzado durante el
mandato del Presidente Santos, proceso en el cual nuestro país actuó con
la debida discreción y riguroso acatamiento de su papel de garante.
Tras el atentado en la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá, del
17 de enero de 2019, el Presidente de la República de Cuba y el Ministro
de Relaciones Exteriores expresaron de inmediato sus condolencias al
gobierno y pueblo colombianos, en particular a los familiares de las
víctimas del atentado, y reiteraron la firme posición de nuestro país de
rechazo y condena a todos los actos, métodos y prácticas terroristas en
todas sus formas y manifestaciones.
El gobierno colombiano tomó entonces acciones políticas y legales
contra la delegación de paz del ELN que se encontraba en territorio
cubano y rompió el diálogo de paz. Adicionalmente, decidió desconocer el
Protocolo de Ruptura, en franco abandono y quiebre de los compromisos
adquiridos por ese Estado con otras seis naciones firmantes del mismo.
El Protocolo de Ruptura se firmó en el marco de las negociaciones de
paz por el Gobierno de Colombia, el ELN y los países Garantes, el 5 de
abril de 2016. En él se establece el regreso seguro de la delegación
guerrillera a Colombia en caso de romperse el diálogo.
El gobierno cubano sostuvo y sostiene hoy que lo que corresponde,
según los documentos acordados, es la aplicación del Protocolo. Esta
postura, respaldada ampliamente por la comunidad internacional y
sectores comprometidos con la búsqueda de una solución negociada al
conflicto armado colombiano, es una práctica universal reconocida y
ratificada reiteradamente por apegarse al Derecho Internacional y a los
compromisos del País Garante y Sede de los diálogos. Debido a la no
aplicación de este Protocolo, es que aún permanecen en el país los
miembros de la delegación de paz del ELN.
El gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones
hostiles contra Cuba, que incluyen declaraciones públicas, amenazas y
emplazamientos, mediante la manipulación, ingrata y políticamente
motivada, de nuestra inobjetable contribución a la paz en Colombia.
Entre estas acciones, se registró la modificación de la postura
histórica de Colombia de apoyo a la Resolución que cada año aprueba la
Asamblea General de las Naciones Unidas en demanda del fin del bloqueo
económico, comercial y financiero de los Estados Unidos que provoca
daños y sufrimiento al pueblo cubano. Esta acción cambió ostensiblemente
la posición consistente e invariable de todos los gobiernos colombianos
desde 1992.
El mismo día que EE.UU. anunció la inclusión de Cuba en la lista de
países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos
estadounidenses contra el terrorismo, el Alto Comisionado para la Paz
del gobierno de Colombia, Sr. Miguel Ceballos Arévalo declaró
públicamente que la decisión del Departamento de Estado de incluir a la
isla era un “espaldarazo” al Gobierno de Colombia y a su “insistente
solicitud” para que Cuba le entregara a los miembros de la delegación de
paz del ELN.
Estas declaraciones del Sr. Ceballos han sido criticadas en Colombia
por amplios sectores comprometidos con la paz y varios políticos
colombianos han demandado del gobierno una explicación sobre las mismas y
acerca del desconocimiento del Protocolo de Ruptura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza, en términos enérgicos, las declaraciones del alto funcionario colombiano.
Lo que se desprende de los comentarios del Alto Comisionado para la
Paz es que la conducta del gobierno de Colombia ha servido y facilitado
los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos
contra nuestra Nación y que ha brindado su “espaldarazo” a las infamias
estadounidenses contra una nación de América Latina y el Caribe.
La presencia de representantes del ELN en nuestro territorio, en la
que descansa la acusación estadounidense, no es más que un pretexto
endeble y deshonesto, carente de sentido y facilitado por la actitud
ingrata del gobierno de Colombia, si es que algún crédito merecen las
declaraciones del Sr. Ceballos.
En cualquier caso y aún con esa supuesta ayuda del gobierno de
Colombia, la acusación de los Estados Unidos es totalmente infundada.
Existen evidencias concretas, algunas de ellas muy recientes, de nuestra
colaboración bilateral con los Estados Unidos en el combate contra el
terrorismo y en esfuerzos conjuntos de aplicación y cumplimiento de la
ley, en acciones de particular interés para este, lo que convierte la
calificación anunciada por el Departamento de Estado en un acto
deliberado de distorsión de la verdad.
Debe recordarse que Cuba es un país que ha sido víctima de numerosos
actos terroristas organizados, financiados y ejecutados desde territorio
de los Estados Unidos, por parte de grupos e individuos que han
disfrutado allí de tolerancia y protección gubernamental, realidad que
es de dominio público. Fue víctima también, en el pasado, del terrorismo
de Estado perpetrado directamente por el gobierno de los Estados
Unidos, que actuó en ocasiones en contubernio con el crimen organizado
de ese país. Por acciones de este tipo han muerto 3478 cubanos y 2099
sufren o han sufrido algún tipo de discapacidad.
El pasado 30 de abril, nuestra Embajada en los Estados Unidos fue
objeto de una agresión terrorista. El gobierno estadounidense mantiene
desde entonces un silencio cómplice, sin condenar o siquiera rechazar el
hecho, y se abstiene de tomar acciones contra personas y grupos
terroristas radicados en territorio estadounidense que incitan a la
violencia contra Cuba y sus instituciones.
Como consecuencia, tras el atentado terrorista contra nuestra Misión
Diplomática en Washington, se han producido amenazas contra la
integridad de diplomáticos y Embajadas cubanas en los propios Estados
Unidos, así como en México, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Canadá,
Chipre, Austria y Angola, todo lo cual se ha informado a los respectivos
gobiernos.
La actitud de manifiesta complicidad del gobierno de los Estados
Unidos conlleva el peligro de ser asumida como un endoso al terrorismo.
Es consecuente con la intensificación de la política de agresión e
instigación a la violencia contra Cuba, llevada incluso a los países
donde labora personal cubano de la salud en programas bilaterales de
cooperación.
El compromiso de nuestra Nación con la actuación enérgica y la
condena del terrorismo está recogido en la Constitución. Es absoluto y
categórico contra cualquiera de sus formas y manifestaciones, en
particular el terrorismo de Estado, y está respaldado por la debida
legislación. Existen sobradas razones para dudar de que el gobierno de
los Estados Unidos pueda emitir una afirmación tan categórica sobre su
posición frente al terrorismo.
Cuba ha mantenido de manera invariable su apoyo a la paz de Colombia y
ha trabajado desde su condición de Garante en la implementación del
Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), a pesar de
que el Gobierno colombiano no ha garantizado la protección de dicho
Acuerdo y no ha asegurado su estricto cumplimiento.
Como se ha planteado por vías diplomáticas, el Ministerio de
Relaciones Exteriores solicita al gobierno de Colombia conocer cuál es
su postura sobre la condición de los Garantes en el proceso de Paz de
Colombia, en particular el de Cuba.
Igualmente, requiere conocer cuál es la posición del gobierno sobre
la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de
Colombia y la FARC-EP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores insta al Gobierno de Colombia a
que declare su posición oficial acerca de las razones que le atañen
para la inclusión de Cuba en la lista elaborada por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos y aclare cuál fue el papel y la postura de
sus funcionarios en los intercambios previos realizados con los Estados
Unidos al respecto.
Como país que ha sido víctima del terrorismo, Cuba deplora toda manifestación de manipulación y oportunismo político al tratar un asunto tan sensible.
La Habana, 1 de junio del 2020.
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