Donald Trump: El giro en U de la política de Estados Unidos hacia Cuba

Por: Enrique Ojito

Ilustración: Osval.

Parecía un ángel. Vestía negro traje, corbata de un amarillo candoroso. Había olvidado sus poses extravagantes. Lo que más llamaba la atención eran sus manos juntas, índice con índice, pulgar con pulgar, sobre las piernas. Parecía que iba a confesarse ante las cámaras de Telemundo, de Miami, Florida, en junio pasado.
—¿Busca el voto latino?, indaga el periodista José Díaz-Balart, cuyo árbol genealógico destila odio hacia la Revolución cubana por los cuatro costados.

Y el ángel, disculpen, quise decir el demonio, le asegura que sí, que le fue muy bien la última vez sorprendentemente (se refería a las elecciones de 2016) y que cree le irá mejor en las del 2020.
—¿Por qué piensa eso?, lo incita el presentador.

—He sido muy severo con Cuba; nadie ha sido como yo. Vamos a resolver el problema de Cuba como se debe; no como lo hizo Obama, que fue un desastre que yo revoqué, se jacta Donald Trump.

Ciertamente, desde que el magnate tomó posesión de su cargo en enero del 2017, optó por darle una vuelta de página a los avances logrados en el proceso hacia la normalización de las relaciones entre La Habana y Washington, impulsado por los entonces mandatarios Raúl Castro y Barack Obama a partir del 17 de diciembre del 2014
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Cuando Obama sacó los pies de la Casa Blanca, Cuba y Estados Unidos habían logrado 22 instrumentos bilaterales en áreas de interés común, a lo cual deben añadírseles la reinauguración de las embajadas de las dos naciones en sus respectivas capitales, el aumento de los contactos en diversas áreas (académica, científica, cultural…) y la tendencia creciente de los visitantes del país norteño a la isla caribeña, en detrimento de las restricciones de Washington que evitan el turismo.

No tardó mucho Trump para enseñar su garrote. El 16 de junio de 2017 expuso en Miami sin eufemismos su política hacia Cuba. “Estoy cancelando todo el acuerdo bilateral del último gobierno (Barack Obama)”, anunció. A la vista de todos, rubricó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba, que disponía la eliminación de los intercambios educacionales “pueblo a pueblo” a título individual, entre otras decisiones.

Para privar de ingresos a Cuba, lanzó otra estocada: la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. Esa Lista de Entidades Cubanas Restringidas, dada a conocer en noviembre de 2017, quedó actualizada un año después.

De golpe y porrazo, ese día en Miami el gobernante republicano dinamitó la Directiva Presidencial de Política Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, emitida por Obama el 14 de octubre del 2016, que, pese a ser palo de la misma cuña de la política tradicional estadounidense hacia Cuba si de sus propósitos hablamos, reconocía la independencia y la soberanía de nuestro país.

A la par, la directiva de marras admitía que el bloqueo debía ser eliminado, concepción a mil años luz de la defendida por Trump, que ha venido de menos a más en cuanto al recrudecimiento del cerco, si repasamos el minuto que vive ahora el pueblo cubano.

Apegada a la fértil imaginación de Julio Verne —salvando distancias y pretensiones—, la administración de Trump articuló la historia, con más de un pasadizo secreto e intenciones previsibles, acerca de supuestos ataques sónicos a su personal diplomático en La Habana.

A dos años de comenzar a rodar aquella especulación, lo que sí nadie discute es que vino como anillo al dedo para los detractores del acercamiento bilateral, y que las decisiones semejaron el clásico efecto dominó: EE. UU. redujo su personal aquí, paralizó la concesión de visas allí, lanzó una advertencia de viajes a los norteamericanos, expulsó a 15 diplomáticos cubanos de Washington
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Bajo el paraguas de los susodichos ataques y con el cierre de los servicios consulares en la capital cubana, el gobierno norteamericano pretende crear una presión política adicional interna en la isla caribeña “para todas las personas que deseen viajar a Estados Unidos —comenzando por los familiares de los cubanos que viven en esa nación—, que ahora deberán tramitar su visa en un tercer país, con la consecuente elevación del costo de ese trámite, medida que, además, viola los acuerdos migratorios firmados anteriormente entre los dos países”, en opinión del estudioso de la isla y asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, José Luis Rodríguez.

Por si no resultara suficiente, a voz en cuello, a finales de enero del 2018 el Departamento de Estado en su página web oficial anunció en un comunicado la creación de una nueva Fuerza de Tarea en internet dedicada a subvertir el orden interno en Cuba, seguidora a pie juntillas de las directrices expuestas en el memorando presidencial del 2017. Alineada también a este, en junio anterior la Cámara de Representantes aprobó más de 32 millones de dólares para subversión en Cuba en el venidero año.

Ese propio mes, Washington acusó a Cuba, en un informe anual, de tráfico de personas mediante su programa de envío de médicos a otros países, acusación promovida por quienes pretenden restablecer el programa de Parole para médicos, como método de saqueo de profesionales cubanos de la Salud. En consecuencia, en agosto EE. UU. informó que ofrece hasta 3 millones de dólares a organizaciones que investiguen las misiones médicas de la isla en el exterior.

Con oídos puestos a las demandas de lo más conservador de Miami, cuyo trono ocupan el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que se activaría desde el 2 de mayo último el Título III de la Ley Helms-Burton (1996), ideada para codificar y endurecer la política del bloqueo impuesta oficialmente en 1962. No por azar, la fecha escogida para dar a conocer la medida —jugada política en medio de las aspiraciones de Trump de consumar su reelección en el 2020— resultó el 17 de abril, inicio de la invasión por Playa Girón en 1961.

Este apartado de la ley otorga a ciudadanos o empresas norteamericanas —incluidos cubanos nacionalizados estadounidenses— la posibilidad de interponer demandas ante tribunales de EE. UU. contra personas y entidades, incluso de terceras naciones, que inviertan en Cuba en propiedades nacionalizadas luego del triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Tal como lo han reiterado las autoridades cubanas, con la activación del Título III, más que buscar la devolución de las propiedades nacionalizadas en Cuba o abandonadas por quienes se fueron de la isla, sus propósitos se tornan evidentes: por un lado, que estas demandas se conviertan en obstáculos para cualquier futuro arreglo o posible evolución hacia una mejoría en las relaciones bilaterales y, por otro, coartar la inversión extranjera en la Mayor de las Antillas.

Maniatada por el actuar del recién depuesto asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, fiel devoto de la Doctrina Monroe, la política de la Casa Blanca hacia el país caribeño se enrareció con la aplicación desde el 5 de junio de nuevas medidas que vigorizan el asedio económico impuesto por más de 60 años, cuya afectación superaba en el 2018 los 134 000 millones de dólares a precios corrientes.

El catálogo de la nueva escalada refuerza todavía más las restricciones de que son víctimas los estadounidenses para viajar a Cuba, adiciona prohibiciones absolutas para embarcaciones de todo tipo procedentes de EE. UU. e impide que buques cruceros toquen puerto cubano. Apenas un dato revelador del golpe bajo dado al turismo nacional: en 2018, la isla recibió 877 000 turistas en viajes de embarcaciones, el 38.09 por ciento de los cuales fueron estadounidenses, según cifras publicadas por Cubadebate.

En concreto, ¿qué persigue la administración norteña? Además de la asfixia económica y de fomentar la inestabilidad interna aquí, pretende arrancarle concesiones políticas a la nación cubana, que implicarían romper de cuajo los nexos solidarios y de cooperación con Venezuela. En tal sentido, el más notable argumento que esgrime para las más recientes arremetidas constituye una calumnia desde la A hasta la Z: que Cuba interviene militarmente en el país sudamericano.

Por ende, no es hija de la improvisación la medida, adoptada en abril por EE. UU. de incluir en su lista de sancionados 34 buques, propiedad de la petrolera venezolana PDVSA, y dos compañías extranjeras, que, según Washington, prestan servicio a Caracas para el envío de crudo a la isla.

El Presidente Miguel Díaz-Canel denunció esta persecución, con indiscutible extraterritorialidad, el 26 de Julio y el pasado miércoles en una comparecencia en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones que ya aplica el país ante la actual coyuntura energética.

“Están tratando de impedir que llegue el combustible a Cuba; chantajean a las empresas y los cargueros que hacen negocios con nuestro país”, indicó Díaz-Canel este 11 de septiembre.

Días antes y coherente con la hostilidad manifiesta hacia la isla, se dieron a conocer otras sanciones, dirigidas a limitar el acceso de Cuba a divisas: la aprobación de un límite de mil dólares por trimestre que un remitente puede enviar a un ciudadano cubano, la prohibición de las remesas a familiares cercanos de funcionarios y miembros del Partido Comunista de Cuba, así como la imposición de restricciones vinculadas a transacciones bancarias.

 

 (Tomado del Escambray)