El
programa Parole formó parte del arsenal de medidas para privar al país
de médicos, enfermeros y otros profesionales del sector, en una virtual
operación internacional de robo de cerebros promovida por el Gobierno de
Estados Unidos
«Tratan de imponer un perverso
recurso para estimular el robo de cerebros. Una campaña anticubana más,
que manifiesta la impotencia imperial ante las conquistas
revolucionarias. Sus promotores son incapaces de favorecer una relación
civilizada, les ciega la soberbia». Así se expresó el Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
ante el nuevo intento de reestablecer el programa de Parole para Médicos
cubanos, mediante una resolución bipartidista, propuesta por los
senadores Marco Rubio y Bob Menéndez.
Este es un proyecto que consiste en conceder visas a médicos y otro personal sanitario cubano que trabajaba en misiones fuera de Cuba. El programa Parole formó parte del arsenal de medidas para privar al país de médicos, enfermeros y otros profesionales del sector, en una virtual operación internacional de robo de cerebro promovida por el Gobierno de Estados Unidos, y fue creado en el 2006 por George W. Bush, cuyos antecedentes anclan a inicios de la Revolución cuando dejaron a Cuba con la mitad de los médicos que había en el país en 1959. El programa, además, solo aplica a los cubanos.
Este programa se cerró el 12 de enero de 2017, ocho días antes de la asunción del presidente Donald Trump, en aquella ocasión se eliminó también la Política de Pies secos-pies mojados, en virtud de garantizar una migración regular, segura y ordenada entre los dos países. Hoy, la pretensión pasa por la desfachatez de los dos senadores de mentir descaradamente al calificar los servicios médicos cubanos, que han salvado cientos de miles de vidas en el mundo entero, de «tráfico humano», y «pidieron restaurar un programa de refugio para esos galenos de la Isla que se “escapan” de las misiones oficiales en el extranjero». Al propio tiempo solicitaron al Departamento de Estado que endurezca la clasificación de Cuba en su informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo.
El 11 de julio de 2018 se celebró en Washington una nueva ronda de conversaciones migratorias entre las delegaciones de Cuba y los Estados Unidos.
Ambas partes reconocieron los beneficios de la Declaración Conjunta del 12 de enero de 2017, en particular la eliminación de la política de «Pies secos-pies mojados» y del «Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos» en la disminución de la emigración irregular. Asimismo, coincidieron en la utilidad del intercambio entre Tropas Guardafronteras y el Servicio de Guardacostas celebrado en enero de 2018, y del encuentro técnico sobre tráfico de personas y fraude migratorio realizado en diciembre de 2017.
En esta ronda se revisó el cumplimiento de los acuerdos bilaterales, con el propósito de garantizar una migración regular, segura y ordenada; desalentar la migración irregular, así como prevenir y enfrentar los actos ilícitos asociados. Cuba evidenció que cumple con rigor sus obligaciones, y reiteró su voluntad de mantener y ampliar la cooperación bilateral en esta esfera.
La delegación cubana instó al gobierno de los Estados Unidos a cumplir a cabalidad con sus compromisos de emisión de visas para emigrantes, conforme a los Acuerdos Migratorios. También trasladó que la decisión de suspender los servicios de tramitación de visas en su Embajada en La Habana afecta directamente las relaciones migratorias, los vínculos familiares, daña los intercambios institucionales y los viajes entre los dos países. Por otra parte, manifestó su preocupación por la Ley de Ajuste Cubano que, junto a otras normativas estadounidenses, estimula la emigración irregular de cubanos y los expone a convertirse en víctimas de traficantes ilegales y bandas asociadas al crimen organizado.
Este es un proyecto que consiste en conceder visas a médicos y otro personal sanitario cubano que trabajaba en misiones fuera de Cuba. El programa Parole formó parte del arsenal de medidas para privar al país de médicos, enfermeros y otros profesionales del sector, en una virtual operación internacional de robo de cerebro promovida por el Gobierno de Estados Unidos, y fue creado en el 2006 por George W. Bush, cuyos antecedentes anclan a inicios de la Revolución cuando dejaron a Cuba con la mitad de los médicos que había en el país en 1959. El programa, además, solo aplica a los cubanos.
Este programa se cerró el 12 de enero de 2017, ocho días antes de la asunción del presidente Donald Trump, en aquella ocasión se eliminó también la Política de Pies secos-pies mojados, en virtud de garantizar una migración regular, segura y ordenada entre los dos países. Hoy, la pretensión pasa por la desfachatez de los dos senadores de mentir descaradamente al calificar los servicios médicos cubanos, que han salvado cientos de miles de vidas en el mundo entero, de «tráfico humano», y «pidieron restaurar un programa de refugio para esos galenos de la Isla que se “escapan” de las misiones oficiales en el extranjero». Al propio tiempo solicitaron al Departamento de Estado que endurezca la clasificación de Cuba en su informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo.
El 11 de julio de 2018 se celebró en Washington una nueva ronda de conversaciones migratorias entre las delegaciones de Cuba y los Estados Unidos.
Ambas partes reconocieron los beneficios de la Declaración Conjunta del 12 de enero de 2017, en particular la eliminación de la política de «Pies secos-pies mojados» y del «Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos» en la disminución de la emigración irregular. Asimismo, coincidieron en la utilidad del intercambio entre Tropas Guardafronteras y el Servicio de Guardacostas celebrado en enero de 2018, y del encuentro técnico sobre tráfico de personas y fraude migratorio realizado en diciembre de 2017.
En esta ronda se revisó el cumplimiento de los acuerdos bilaterales, con el propósito de garantizar una migración regular, segura y ordenada; desalentar la migración irregular, así como prevenir y enfrentar los actos ilícitos asociados. Cuba evidenció que cumple con rigor sus obligaciones, y reiteró su voluntad de mantener y ampliar la cooperación bilateral en esta esfera.
La delegación cubana instó al gobierno de los Estados Unidos a cumplir a cabalidad con sus compromisos de emisión de visas para emigrantes, conforme a los Acuerdos Migratorios. También trasladó que la decisión de suspender los servicios de tramitación de visas en su Embajada en La Habana afecta directamente las relaciones migratorias, los vínculos familiares, daña los intercambios institucionales y los viajes entre los dos países. Por otra parte, manifestó su preocupación por la Ley de Ajuste Cubano que, junto a otras normativas estadounidenses, estimula la emigración irregular de cubanos y los expone a convertirse en víctimas de traficantes ilegales y bandas asociadas al crimen organizado.
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