La
cacería de líderes populares de izquierda de América Latina responde a
un plan bien estructurado donde se vinculan los poderes judicial,
parlamentario y mediático para derribar gobiernos progresistas
Nada parece fortuito. Todo está bien
calculado y estructurado. Asesores sobran, fundamentalmente desde
Estados Unidos. Abogados corruptos prefieren «fabricar pruebas» contra
otros, antes que la verdad los condene a ellos.
La trama se expresa en todas sus formas. En los casos donde los acusados con pruebas son quienes ahora gobiernan, la llamada justicia se hace de la vista gorda y concentra sus dardos envenenados contra líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández, Rafael Correa y Dilma Rousseff, entre otros.
En escenarios diferentes, donde han probado todas las armas y han fracasado siempre, como Cuba, siguen cocinándose en su propia salsa, cumpliendo órdenes de Washington y como aliados de lo peor del escondite mercenario de Miami.
Todos los días inventan algo nuevo, repiten acusaciones manidas relacionadas con los derechos humanos, pero la fortaleza de nuestro pueblo exhibe su verdadera cara, la de la dignidad y la resistencia, esa que en estos 60 años nos han convertido en ejemplo para muchos pueblos del mundo.
Contra Venezuela no hallan qué acción emprender y amenazan con la militar. En esa campaña, el poder mediático y algunos de los más recalcitrantes defensores del neoliberalismo en la región, son usados desde Washington en un diabólico plan para echar abajo la Revolución Bolivariana.
También sucede contra Nicaragua, donde el gobierno sandinista ha logrado revertir siglos de miseria y marca pautas hoy por sus avances sociales y económicos de los últimos años.
Las noticias relacionadas con la cacería de líderes populares y de izquierda en América Latina tuvo uno de sus exponentes en el 2017 con el caso de Lula.
Un despacho noticioso de efe-afp, reflejaba el 12 de julio de 2017: El expresidente de Brasil (2003-2010), Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por corrupción. Es acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a constructoras en contratos con Petrobras.
Ninguna de estas acusaciones ha sido probada, sin embargo, y como parte del ensañamiento contra Lula, la sentencia fue aumentada a 12 años y un mes por un tribunal de apelación.
El objetivo estaba más que claro: se acercaban las elecciones presidenciales en Brasil en el 2018; Lula aventajaba ampliamente a los demás candidatos y sería el seguro presidente. Entonces había que sacarlo del juego y, para ello, congresistas y jueces, acompañados de los grandes medios de comunicación –oligárquicos además–, crearon una matriz de opinión que, aunque falsa, cumplió su objetivo. Lula fue llevado tras las rejas y junto a él, su segura victoria en los comicios.
Así fue, y el popular líder brasileño tuvo que conformarse con conocer de la patraña electoral, tras las rejas de la injusticia que lo encarceló en Curitiba.
Antes, en agosto de 2016, y con el empleo del mismo proceder mediático y judicial contra Lula, habían dado un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff, a quien el Senado halló culpable de haber incumplido la ley de responsabilidad fiscal, por haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, y porque el Gobierno tomó créditos de la banca pública.
Sin embargo, nada ha pasado con Michel Temer, el usurpador del puesto de la Presidencia de Brasil, a quien, de acuerdo con un despacho de la agencia efe del 19 de diciembre de 2018, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó una denuncia por corrupción y lavado de dinero, así como a otras cinco personas por supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.
Desde el golpe de Estado en el 2016, Temer ha sido objeto de diversas acusaciones por corrupción, que incluso en dos ocasiones llegaron a materializarse en denuncias formales presentadas por la Fiscalía General ante la Corte Suprema.
Pero, en todas las ocasiones, ni el Poder Judicial, ni el Senado, ni el poder mediático brasileño han hecho algo para que se juzgue y condene al usurpador mandatario.
Lula, sin embargo, sigue tras las rejas y ni siquiera le permiten visita por la Navidad. Cada vez que se hacen intentos por concretar su liberación, en una especie de juego político como si se tratara de un partido de póker, los mismos jueces dan marcha atrás y el líder del Partido de los Trabajadores es mantenido ilegalmente tras las rejas.
En otra nación sudamericana, Argentina, la expresidenta Cristina Fernández, a quien las encuestas dan preferencia para los comicios del año 2019, los mismos poderes que en Brasil, el Judicial, el Parlamentario y el mediático, han sentado pautas de injusticia y se le pretende encarcelar de manera que esté alejada de toda posible competencia presidencial el próximo año.
Allí, un Mauricio Macri que ha entregado a su país a los designios del Fondo Monetario Internacional, se aferra a imponer un neoliberalismo salvaje, echando abajo los avances sociales alcanzados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La última de las noticias, de BBC-Mundo, de este 20 de diciembre, refleja que un tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández, como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de obras públicas.
La Cámara Federal de Buenos Aires avaló la acusación formal que dictó en septiembre el juez federal Claudio Bonadío contra Fernández.
Por último, una noticia de Ecuador: Quito, 19 de diciembre (EFE).–El político opositor ecuatoriano Fernando Balda presentó hoy una segunda petición para instar a la Justicia de su país a que siga insistiendo ante Interpol y ejecute el arresto del expresidente Rafael Correa por presunta implicación en su secuestro en el 2012.
También a Correa, un aventajado en la tarea de llevar a su país a un estadío mayor de programas sociales y desarrollo, está siendo víctima de la más incisiva persecución.
En este contexto latinoamericano es muy importante no pecar de ingenuos, ni creer en las supuestas políticas anticorrupción, que solo consiguen alejar a los líderes de izquierda del poder y sustituir sus programas sociales por el más feroz neoliberalismo, como se ve reverdecer en las naciones antes mencionadas.
La trama se expresa en todas sus formas. En los casos donde los acusados con pruebas son quienes ahora gobiernan, la llamada justicia se hace de la vista gorda y concentra sus dardos envenenados contra líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández, Rafael Correa y Dilma Rousseff, entre otros.
En escenarios diferentes, donde han probado todas las armas y han fracasado siempre, como Cuba, siguen cocinándose en su propia salsa, cumpliendo órdenes de Washington y como aliados de lo peor del escondite mercenario de Miami.
Todos los días inventan algo nuevo, repiten acusaciones manidas relacionadas con los derechos humanos, pero la fortaleza de nuestro pueblo exhibe su verdadera cara, la de la dignidad y la resistencia, esa que en estos 60 años nos han convertido en ejemplo para muchos pueblos del mundo.
Contra Venezuela no hallan qué acción emprender y amenazan con la militar. En esa campaña, el poder mediático y algunos de los más recalcitrantes defensores del neoliberalismo en la región, son usados desde Washington en un diabólico plan para echar abajo la Revolución Bolivariana.
También sucede contra Nicaragua, donde el gobierno sandinista ha logrado revertir siglos de miseria y marca pautas hoy por sus avances sociales y económicos de los últimos años.
Las noticias relacionadas con la cacería de líderes populares y de izquierda en América Latina tuvo uno de sus exponentes en el 2017 con el caso de Lula.
Un despacho noticioso de efe-afp, reflejaba el 12 de julio de 2017: El expresidente de Brasil (2003-2010), Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por corrupción. Es acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a constructoras en contratos con Petrobras.
Ninguna de estas acusaciones ha sido probada, sin embargo, y como parte del ensañamiento contra Lula, la sentencia fue aumentada a 12 años y un mes por un tribunal de apelación.
El objetivo estaba más que claro: se acercaban las elecciones presidenciales en Brasil en el 2018; Lula aventajaba ampliamente a los demás candidatos y sería el seguro presidente. Entonces había que sacarlo del juego y, para ello, congresistas y jueces, acompañados de los grandes medios de comunicación –oligárquicos además–, crearon una matriz de opinión que, aunque falsa, cumplió su objetivo. Lula fue llevado tras las rejas y junto a él, su segura victoria en los comicios.
Así fue, y el popular líder brasileño tuvo que conformarse con conocer de la patraña electoral, tras las rejas de la injusticia que lo encarceló en Curitiba.
Antes, en agosto de 2016, y con el empleo del mismo proceder mediático y judicial contra Lula, habían dado un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff, a quien el Senado halló culpable de haber incumplido la ley de responsabilidad fiscal, por haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, y porque el Gobierno tomó créditos de la banca pública.
Sin embargo, nada ha pasado con Michel Temer, el usurpador del puesto de la Presidencia de Brasil, a quien, de acuerdo con un despacho de la agencia efe del 19 de diciembre de 2018, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó una denuncia por corrupción y lavado de dinero, así como a otras cinco personas por supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.
Desde el golpe de Estado en el 2016, Temer ha sido objeto de diversas acusaciones por corrupción, que incluso en dos ocasiones llegaron a materializarse en denuncias formales presentadas por la Fiscalía General ante la Corte Suprema.
Pero, en todas las ocasiones, ni el Poder Judicial, ni el Senado, ni el poder mediático brasileño han hecho algo para que se juzgue y condene al usurpador mandatario.
Lula, sin embargo, sigue tras las rejas y ni siquiera le permiten visita por la Navidad. Cada vez que se hacen intentos por concretar su liberación, en una especie de juego político como si se tratara de un partido de póker, los mismos jueces dan marcha atrás y el líder del Partido de los Trabajadores es mantenido ilegalmente tras las rejas.
En otra nación sudamericana, Argentina, la expresidenta Cristina Fernández, a quien las encuestas dan preferencia para los comicios del año 2019, los mismos poderes que en Brasil, el Judicial, el Parlamentario y el mediático, han sentado pautas de injusticia y se le pretende encarcelar de manera que esté alejada de toda posible competencia presidencial el próximo año.
Allí, un Mauricio Macri que ha entregado a su país a los designios del Fondo Monetario Internacional, se aferra a imponer un neoliberalismo salvaje, echando abajo los avances sociales alcanzados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La última de las noticias, de BBC-Mundo, de este 20 de diciembre, refleja que un tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández, como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de obras públicas.
La Cámara Federal de Buenos Aires avaló la acusación formal que dictó en septiembre el juez federal Claudio Bonadío contra Fernández.
Por último, una noticia de Ecuador: Quito, 19 de diciembre (EFE).–El político opositor ecuatoriano Fernando Balda presentó hoy una segunda petición para instar a la Justicia de su país a que siga insistiendo ante Interpol y ejecute el arresto del expresidente Rafael Correa por presunta implicación en su secuestro en el 2012.
También a Correa, un aventajado en la tarea de llevar a su país a un estadío mayor de programas sociales y desarrollo, está siendo víctima de la más incisiva persecución.
En este contexto latinoamericano es muy importante no pecar de ingenuos, ni creer en las supuestas políticas anticorrupción, que solo consiguen alejar a los líderes de izquierda del poder y sustituir sus programas sociales por el más feroz neoliberalismo, como se ve reverdecer en las naciones antes mencionadas.
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