Por:
Reunión
de trabajo, en la que participa Nubia Villacís, Presidenta del Consejo
Nacional Electoral del Ecuador. Foto: @cnegobec/ Twitter.
Ecuador vive días intensos de cara a una consulta popular y referendo, previstos en febrero próximo,
que podrían ser considerados como uno de los ejercicios electorales más
polémicos de los últimos tiempos en este país sudamericano.
Impulsado por el presidente de la república, Lenín Moreno, para reformar la Constitución en aspectos de interés general y alta relevancia para el futuro de la nación,
el proceso, que actualmente se encuentra en la fase de campaña por las
dos opciones (Sí y No), resulta necesario para unos y contradictorio
para otro
s.
Las actividades proselitistas tienen como
protagonistas a dos partes: el ejecutivo nacional, que cuenta con el
apoyo de varias organizaciones políticas y sociales por la aprobación de
la consulta y referendo, y los exafiliados al oficialista Movimiento Alianza PAÍS, quienes liderados por el exmandatario Rafael Correa, y junto a algunas instancias, consideran parte de su contenido inconstitucional.
El gobierno nacional sustenta la tesis de
que no hay mayor ejercicio de democracia que consultar a la población
sobre temas como eliminar la reelección indefinida (para permitir la
alternabilidad), derogar la llamada Ley de Plusvalía (pues afecta un
importante sector como el de la construcción), sustituir al Consejo de
Participación Ciudadana (bajo cuyo control están las principales
instituciones del estado).
Asimismo, defiende la necesidad de evitar
que prescriban delitos sexuales contra menores, reducir o eliminar la
minería metálica y la explotación petrolera en áreas especiales, así
como reforzar sanciones contra funcionarios políticos responsables de
corrupción.
Sin embargo, para quienes respaldan el No, las interrogantes esconden otros propósitos que pasan por impedir la postulación de Correa a la máxima dignidad de la nación para las presidenciales del 2021, poner en manos del jefe de estado el dominio absoluto de las instancias de control y afectar a la población al permitir nuevamente la especulación del suelo.
Para quienes rechazan la consulta, esas
interrogantes resultan inconstitucionales, una regresión en los derechos
y hasta una forma de golpe de estado (en el caso del reemplazo del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social).
Tanto el Sí como el No se empeñan en atraer seguidores y para eso utilizan las redes sociales, los medios de comunicación -a través de entrevistas y spots publicitarios-, así como concentraciones y caravanas por todo el territorio nacional.
Para una parte de la población, el tema
de la consulta se ha convertido en un campo de batalla entre llamados
“Morenistas” y “Correístas”, como denominaron a las dos facciones en las
cuales se dividió la formación gubernamental, que hasta hace poco
contaba incluso con dos direcciones.
Ahora, tras la decisión del Tribunal
Contencioso Electoral de avalar a la junta propuesta por Lenín Moreno,
los bandos están más claros, pues Correa y varios asambleístas de PAÍS
se desafiliaron y promueven el Movimiento Revolución Ciudadana,
aún pendiente de obtener la clave informática que le permitirá reunir
las firmas necesarias para su registro en el Consejo Nacional Electoral.
Con ese panorama como fondo, en las
calles de Ecuador abunda la incertidumbre, a partir de la crisis en el
seno de la agrupación de gobierno, resquicio aprovechado por la derecha
para intentar sembrar desprestigio sobre la llamada Década Ganada,
liderada por el expresidente Correa, y generar dudas sobre la validez
del proceso que dirige actualmente Moreno.
Por otra parte, también hay opiniones divididas entre analistas políticos y entendidos en materia electoral.
Recientemente un reconocido grupo de
políticos, intelectuales y dirigentes sociales de América Latina
suscribieron un manifiesto en el que expresan su “preocupación respecto a
los efectos nocivos que sobre el régimen político poseen” algunas de
las preguntas incluidas en la consulta popular, convocada para el
próximo 4 de febrero en Ecuador.
En un Manifiesto difundido en medios de
comunicación y redes sociales, estimaron que la cuestión sobre la
constitucionalidad del referendo y consulta presenta nudos
problemáticos, los cuales, a pesar de ser locales, revisten implicancias
que trascienden las fronteras nacionales.
“Consideramos que la omisión del filtro
de control previo de constitucionalidad ha dado paso a la formulación de
preguntas que podrían lesionar el modelo de Estado constitucional y
democrático vigente”, afirma el texto, denominado Manifiesto en Defensa
de la Democracia en Ecuador.
El uso de estos mecanismos con el objetivo de bloquear un proyecto político que fue mayoritario durante la última década en el Ecuador, significa una grave vulneración del principio de pluralismo sobre el que se asientan nuestros regímenes democráticos contemporáneos.
En concreto, la preocupación gira en
torno a dos de las preguntas rechazadas por los defensores del No: el
cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, que a su
juicio representa concentrar el poder en manos del ejecutivo y una
violación grave al Estado de Derecho, y la de dejar sin efecto la
postulación indefinida, por afectar derechos de participación.
Al respecto, instaron a impulsar y
respaldar la apertura social y mediática con vistas a un debate profundo
y con igualdad de espacios para todas las voces, sobre la
constitucionalidad del procedimiento de convocatoria y objetivos del
referendo y consulta popular.
Igualmente sugirieron generar espacios de
reflexión sobre las cuestiones consultadas, teniendo en cuenta su gran
trascendencia democrática para el país y la región.
Al mismo tiempo, tanto el presidente
Moreno como los secretarios de estado insisten en que el ejercicio de
consulta es válido y tributará a una mejor administración, por lo que
llaman a una consulta del Sí por la alegría, por el futuro y la
democracia.
Cuando ya la jornada electoral está en conteo regresivo, unas encuestas colocan al Sí a la cabeza, mientras otros sondeos reflejan que el No gana terreno,
mientras su oponente va en picada, y en medio de todo ese escenario,
una parte de la población ya tiene su opción definida, mientras otra
sigue sin conocer las reales consecuencias de su voto.
A la consulta y referendo, que se
realizarán en todo el territorio nacional y las circunscripciones de
ecuatorianos residentes en el exterior, están convocados 13 millones 26 mil 598 personas, en cuya decisión estará el futuro de Ecuador.
Por su importancia, los ojos de América
Latina y otras regiones del mundo están puestos en la campaña y se
mantendrán bien abiertos en espera de los resultados del proceso y
primeros pasos del gobierno, a partir del 4 de febrero.
Consulta Popular en Ecuador. Foto: Telesur.
(Tomado de Prensa Latina)
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