Percy Francisco Alvarado Godoy
Nueve congresistas norteamericanos, entre ellos los
representantes de la extrema derecha anticubana en el Congreso USA –los
republicanos por La Florida, Ileana Ros-Lehtinen, Carlos Curbelo y Mario
Diaz-Balart; el demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires; así como el
republicano por Nueva Jersey, Leonard Lance; los republicano Frank LoBiondo y
Ron DeSantis, el demócrata Bill Pascrell y por la Florida, Ron DeSantis–;
promovieron dentro de la Cámara de Representantes un proyecto de resolución
denominado H.Res.664, mediante el cual pretenden procurar la extradición desde
Cuba hacia Estados Unidos de un grupo de ciudadanos norteamericanos cercano a
las 70 personas, entre los que sobresalen los casos de Joanne Chesimard,
William Morales y Charles Hill, entre otros. Como pretexto han invocado un
obsoleto Tratado de Extradición firmado en 1904 entre los gobiernos de Tomas
Estrada Palma y Theodore Roosevelt, y ratificado en 1905
.
De forma manipulada el documento pretende inculpar a
Cuba de que dichos fugitivos son amparados por la Isla a fin de evitar que sean
enjuiciados o recluidos por delitos que cometieron en los Estados Unidos.
Asimismo, tratan de emplear a la comunidad internacional como elemento de
presión sobre la parte cubana, a la par que exigen al Secretario de Estado y al
Fiscal General de EE.UU. para que adopten medidas en este sentido. El paso
inmediato ha sido remitir este proyecto de resolución al Comité de Asuntos
Exteriores de la cámara baja.
Lo absurdo del caso es que varios de los promotores
han convivido y apoyado reiteradamente a numerosos terroristas y prófugos de la
justicia cubana, que se encuentran viviendo con total impunidad en los propios
Estados Unidos. De la misma manera, la parte norteamericana ha desoído
sistemáticamente durante décadas las solicitudes cubanas de deportación de
terroristas, asesinos y otros criminales, incluidas las peticiones de nuestra
parte en los diálogos entre ambas naciones sobre la aplicación de la ley,
iniciados a fines del 2015.
Desde 1959 hasta la fecha Cuba ha solicitado a EEUU a
muchos prófugos de la justicia sin éxito alguno, entre los que se destacan
casos de asesinos y terroristas como Luis Posada Carriles. Larga es la lista de
esos connotados asesinos a los que EEUU ha bendecido impunemente como
“refugiados políticos”. ¿Por qué, entonces, inculpar a Cuba de otorgar asilo a
quienes considera merecedores del mismo? ¿Es que este acto de soberanía es solo
válido para el prepotente Norte?
Los crímenes cometidos contra el pueblo cubano deben
ser tenidos en cuenta por estos supuestos promotores de castigo a delincuentes
y proceder con el mismo énfasis, si se quiere lograr verdadera justicia y con
respeto al uso de la extradición como instrumento del Derecho Internacional.
Muchos han sido los terroristas reclamados por la
justicia cubana y que aún gozan de impunidad por sus horrendos crímenes. No me
refiero a los más famosos, pero aún recuerdo los casos a Guillermo Casasús
Toledo, Miguel Hernández y Jesús Areces Bolívar –todos implicados en el ataque
contra el hotel Meliá Varadero el 7 de octubre de 1992; a los terroristas que
junto al citado Casasús, como Rigoberto Acosta Díaz, José Méndez Mirabal y
Rafael Carrera Manso, atacaron el 2 de abril de 1993 al buque tanque
"MYKONOS", de bandera maltesa y tripulación cubano-chipriota frente
costas cubanas. Otro criminal, Leonel Macías González, asesino del Teniente de
Navío Roberto Aguilar Reyes, el 8 de agosto de 1994, aún goza de protección
norteamericana.
Cuba también entregó al FBI las Fichas de
los principales terroristas y documentos entregados al Buró Federal de
investigaciones de los Estados Unidos de América en 1998. Hasta el momento no hubo acción
alguna contra los mismos.
En resumen, este nuevo proyecto es solo una cuestión
de conveniencia para la extrema derecha anticubana.
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