María Julia Mayoral
ma.julia@granma.cip.cu
El Estado cubano gastará durante este año cerca de 5 200 millones de pesos en la atención a los beneficiarios del Sistema de Seguridad y Asistencia Social.
Hoy el 16,6% de la población tiene 60 o más años de edad.
Consideradas como elementales actos de justicia, ninguna de las dos esferas ha carecido de respaldo financiero durante el periodo especial, pese a las adversidades económicas agudizadas por el bloqueo. Lejos de disminuir, ambas partidas presupuestarias siguen en ascenso. En el 2007, por ejemplo, originaron erogaciones equivalentes al 10,56% del Producto Interno Bruto.
El sistema vigente ofrece protección a los trabajadores y su familia, y a la población en general, al cubrir todos los riesgos o contingencias: accidentes de trabajo, enfermedades, invalidez, maternidad, muerte del trabajador, asistencia social y vejez.
Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 1990 había 1 133 229 beneficiarios de la Seguridad Social y las pensiones recibidas por esos ciudadanos sumaron 1 126,3 millones de pesos. En estos momentos, la cifra de jubilados, cercana a 1,6 millones, requerirá un gasto anual de 3 950 millones. Similar tendencia al aumento muestran las prestaciones de la Asistencia Social.
Tales incrementos obedecen también a la decisión del Estado de mejorar los aún deprimidos ingresos de las personas jubiladas y de las familias que perciben ayuda económica. De tal forma, entre el 2004 y el 2008 las pensiones mínimas de la Seguridad y la Asistencia Social aumentaron 3,6 y 2,4 veces, respectivamente, al pasar de 55 a 200 pesos en el primero de los casos, y de 62 a 147 en el segundo.
Difícilmente haya alguien en nuestro país que discuerde sobre la necesidad de seguir mejorando las pensiones; pero ¿cómo mantener e incrementar esos millonarios gastos?
Hoy el 16,6% de la población tiene 60 o más años de edad y para el 2050 la proporción podrá superar el 30%. El envejecimiento unido al notable descenso de la natalidad, conduciría a que en apenas 16 años, en el 2025, habría en edad laboral aproximadamente 770 000 personas menos que en la actualidad si para entonces no hubiesen cambiado las normas establecidas en la Ley de Seguridad Social vigente.
La merma en la cantidad de ciudadanos en edad laboral (productores de bienes y servicios) y el incremento a la par de los pensionados por vejez, no constituyen un problema para el futuro. Cuba lo viene afrontando desde hace varias décadas: en 1980 llegaron a la edad de trabajar más de 238 000 jóvenes, y durante el 2007 la cifra bajó a aproximadamente 166 000, como resultado del descenso continuado de la tasa de natalidad. De seguir así las cosas, para el 2020 podrían jubilarse en un solo año más personas que las que se incorporarían a la actividad laboral de acuerdo con la legislación actual.
Resulta imposible mantener ese desequilibrio. Por tanto, la propuesta de incrementar la edad de jubilación y los años de servicio para merecerla, forma parte de las múltiples alternativas que el Estado deberá poner en práctica para lograr un mejor empleo de sus recursos humanos; de lo contrario sería más engorroso el desarrollo económico, que es la única vía de continuar sustentando los elevados gastos sociales, entre ellos los de Seguridad y Asistencia Social.
Nunca apelará el Estado cubano a zafarse de sus responsabilidades; no sirven para nuestro caso ni los recortes presupuestarios ni la privatización de la seguridad social, aplicados en muchísimos países a partir de las recetas neoliberales. Los millonarios gastos en ambas esferas seguirán originándose de la riqueza que seamos capaces de crear, y en ese sentido, la nueva Ley de Seguridad Social —en fase de anteproyecto y de próxima discusión masiva con los trabajadores— podría considerarse como una invitación a fortalecer el valor del trabajo en la sociedad cubana, cuando urge mejorar la organización y la disciplina laboral, extender los sistemas de pago con arreglo a los resultados, multiplicar la productividad y la exigencia administrativa.
El Estado cubano gastará durante este año cerca de 5 200 millones de pesos en la atención a los beneficiarios del Sistema de Seguridad y Asistencia Social.
Hoy el 16,6% de la población tiene 60 o más años de edad.
Consideradas como elementales actos de justicia, ninguna de las dos esferas ha carecido de respaldo financiero durante el periodo especial, pese a las adversidades económicas agudizadas por el bloqueo. Lejos de disminuir, ambas partidas presupuestarias siguen en ascenso. En el 2007, por ejemplo, originaron erogaciones equivalentes al 10,56% del Producto Interno Bruto.
El sistema vigente ofrece protección a los trabajadores y su familia, y a la población en general, al cubrir todos los riesgos o contingencias: accidentes de trabajo, enfermedades, invalidez, maternidad, muerte del trabajador, asistencia social y vejez.
Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 1990 había 1 133 229 beneficiarios de la Seguridad Social y las pensiones recibidas por esos ciudadanos sumaron 1 126,3 millones de pesos. En estos momentos, la cifra de jubilados, cercana a 1,6 millones, requerirá un gasto anual de 3 950 millones. Similar tendencia al aumento muestran las prestaciones de la Asistencia Social.
Tales incrementos obedecen también a la decisión del Estado de mejorar los aún deprimidos ingresos de las personas jubiladas y de las familias que perciben ayuda económica. De tal forma, entre el 2004 y el 2008 las pensiones mínimas de la Seguridad y la Asistencia Social aumentaron 3,6 y 2,4 veces, respectivamente, al pasar de 55 a 200 pesos en el primero de los casos, y de 62 a 147 en el segundo.
Difícilmente haya alguien en nuestro país que discuerde sobre la necesidad de seguir mejorando las pensiones; pero ¿cómo mantener e incrementar esos millonarios gastos?
Hoy el 16,6% de la población tiene 60 o más años de edad y para el 2050 la proporción podrá superar el 30%. El envejecimiento unido al notable descenso de la natalidad, conduciría a que en apenas 16 años, en el 2025, habría en edad laboral aproximadamente 770 000 personas menos que en la actualidad si para entonces no hubiesen cambiado las normas establecidas en la Ley de Seguridad Social vigente.
La merma en la cantidad de ciudadanos en edad laboral (productores de bienes y servicios) y el incremento a la par de los pensionados por vejez, no constituyen un problema para el futuro. Cuba lo viene afrontando desde hace varias décadas: en 1980 llegaron a la edad de trabajar más de 238 000 jóvenes, y durante el 2007 la cifra bajó a aproximadamente 166 000, como resultado del descenso continuado de la tasa de natalidad. De seguir así las cosas, para el 2020 podrían jubilarse en un solo año más personas que las que se incorporarían a la actividad laboral de acuerdo con la legislación actual.
Resulta imposible mantener ese desequilibrio. Por tanto, la propuesta de incrementar la edad de jubilación y los años de servicio para merecerla, forma parte de las múltiples alternativas que el Estado deberá poner en práctica para lograr un mejor empleo de sus recursos humanos; de lo contrario sería más engorroso el desarrollo económico, que es la única vía de continuar sustentando los elevados gastos sociales, entre ellos los de Seguridad y Asistencia Social.
Nunca apelará el Estado cubano a zafarse de sus responsabilidades; no sirven para nuestro caso ni los recortes presupuestarios ni la privatización de la seguridad social, aplicados en muchísimos países a partir de las recetas neoliberales. Los millonarios gastos en ambas esferas seguirán originándose de la riqueza que seamos capaces de crear, y en ese sentido, la nueva Ley de Seguridad Social —en fase de anteproyecto y de próxima discusión masiva con los trabajadores— podría considerarse como una invitación a fortalecer el valor del trabajo en la sociedad cubana, cuando urge mejorar la organización y la disciplina laboral, extender los sistemas de pago con arreglo a los resultados, multiplicar la productividad y la exigencia administrativa.
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