El
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que ni la Ley
Helms-Burton de Estados Unidos ni ninguna otra devolverá a Cuba a la
dominación extranjera.
‘Cuba es soberana hace 60 años y no habrá ley ni fuerza injerencista que la devuelvan a la esclavitud’, subrayó en su cuenta en Twitter.
Díaz-Canel calificó a la Ley Helms-Burton de una completa aberración jurídica y advirtió que con la misma, Washington pretende ‘robar por ley lo que no ha podido conquistar a la fuerza’.
Vigente desde 1996, la iniciativa puesta en vigor por el entonces presidente norteamericano, William Clinton, tras su aprobación en el Congreso, busca abiertamente el cambio de régimen en la isla e incluye la asfixia económica como punta de lanza para lograrlo.
La ley tiene cuatro títulos, pero el tercero de ellos, que permite demandas en cortes estadounidenses contra propiedades ‘confiscadas’ (así le llaman a las nacionalizaciones tras la Revolución), había sido suspendido por los presidentes en la Casa Blanca por seis meses, hasta que Donald Trump -después de hacer lo mismo en 2017 y 2018, decidió en enero hacerlo por solo 45 días.
A principios de este mes, el Departamento de Estado anunció la suspensión por otros 30 días, sin embargo, permitió que a partir del 19 de marzo se presenten demandas judiciales contra más de 200 empresas cubanas incluidas en una lista unilateral de sanciones económicas
.
El gobierno cubano ha rechazo la escalada en la hostilidad de Washington, el recrudecimiento del bloqueo por la actual administración y el intento de apelar a una conducta extraterritorial para impedir el acceso de la isla a inversiones importantes para su desarrollo socioeconómico.
Esta semana, el director general para Estados Unidos de la cancillería, Carlos Fernández de Cossío, reiteró que la Ley Helms-Burton es inaplicable en Cuba y que La Habana está dispuesta a entrar en un proceso de negociación para que puedan ser compensados los reclamantes de las nacionalizaciones apegadas al Derecho Internacional.
En el propio 1996, la Asamblea Nacional del Poder Popular del país caribeño aprobó la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, que en su artículo 1 declara ilícita la Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno.
‘Consecuentemente se considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad’, precisa.
‘En su segundo artículo, reafirma la disposición del gobierno de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización promulgadas hace más de medio siglo, en lo relativo a una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad estadounidense.
(Con información de Prensa Latina)
‘Cuba es soberana hace 60 años y no habrá ley ni fuerza injerencista que la devuelvan a la esclavitud’, subrayó en su cuenta en Twitter.
Díaz-Canel calificó a la Ley Helms-Burton de una completa aberración jurídica y advirtió que con la misma, Washington pretende ‘robar por ley lo que no ha podido conquistar a la fuerza’.
Vigente desde 1996, la iniciativa puesta en vigor por el entonces presidente norteamericano, William Clinton, tras su aprobación en el Congreso, busca abiertamente el cambio de régimen en la isla e incluye la asfixia económica como punta de lanza para lograrlo.
La ley tiene cuatro títulos, pero el tercero de ellos, que permite demandas en cortes estadounidenses contra propiedades ‘confiscadas’ (así le llaman a las nacionalizaciones tras la Revolución), había sido suspendido por los presidentes en la Casa Blanca por seis meses, hasta que Donald Trump -después de hacer lo mismo en 2017 y 2018, decidió en enero hacerlo por solo 45 días.
A principios de este mes, el Departamento de Estado anunció la suspensión por otros 30 días, sin embargo, permitió que a partir del 19 de marzo se presenten demandas judiciales contra más de 200 empresas cubanas incluidas en una lista unilateral de sanciones económicas
.
El gobierno cubano ha rechazo la escalada en la hostilidad de Washington, el recrudecimiento del bloqueo por la actual administración y el intento de apelar a una conducta extraterritorial para impedir el acceso de la isla a inversiones importantes para su desarrollo socioeconómico.
Esta semana, el director general para Estados Unidos de la cancillería, Carlos Fernández de Cossío, reiteró que la Ley Helms-Burton es inaplicable en Cuba y que La Habana está dispuesta a entrar en un proceso de negociación para que puedan ser compensados los reclamantes de las nacionalizaciones apegadas al Derecho Internacional.
En el propio 1996, la Asamblea Nacional del Poder Popular del país caribeño aprobó la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, que en su artículo 1 declara ilícita la Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno.
‘Consecuentemente se considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad’, precisa.
‘En su segundo artículo, reafirma la disposición del gobierno de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización promulgadas hace más de medio siglo, en lo relativo a una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad estadounidense.
(Con información de Prensa Latina)
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